El hito sanitario valenciano (próximamente en toda España)

Eclipsada por el eco de los porrazos del 25S, el humo del puro neoyorquino de Rajoy y los fantasiosos y duros presupuestos del estado propuestos para 2013, la noticia del cambio de modelo sanitario anunciado el pasado viernes por el gobierno valenciano ha sido peligrosamente pasado por alto por los medios de comunicación estatales. Y es injusto, porque el anuncio significó además un hito en la política española al que un servidor no ha podido encontrar precedente: que un gobernante reconociera públicamente su incapacidad para ejercer su función.

Porque eso y no otra cosa es lo que anunció en resumen el conseller Luis Rosado el viernes: que él y los suyos, pese a estar muy bien remunerados por ello, no son capaces de gestionar la sanidad valenciana. Sí, no lo dijo así, explícitamente. Al contrario, empezó dando rodeos y adornando su exposición de bellas palabras, antes de que, ante su falta de concreción, la rueda de prensa se alargara durante más de una hora. Entiéndanlo, reconocer que uno no sirve para su puesto no es un trago agradable, aunque Rosado lo llevó con aparente tranquilidad. Casi se podría decir que con demasiada, porque el anuncio de su incapacidad no venía acompañado de su lógica dimisión y la de sus subordinados, sino del anuncio de que, como ellos no saben administrar la sanidad, la Generalitat pagará a empresas externas para que le ayuden a hacer su trabajo.

A partir de entonces, y en un discurso enmarañado —¿por qué?, con lo sencillo que es decirlo clarito— Rosado trató de camuflar el reconocimiento de su negligencia anunciando que este nuevo modelo sanitario, al que bautizó de “de gestión compartida”, servirá —según él— para demostrar que se puede poner en práctica el milagro de los panes y los peces. Aquí lo peligroso; les resumo: ahorrando 1.745 millones de euros en diez años desde marzo de 2013, no solo no se reducirá en lo más mínimo la asistencia sanitaria pública —justita— que ahora se ofrece, sino que además de seguir cobrando todo el personal ineficaz colocado por la Generalitat para administrar la sanidad valenciana, también obtendrán beneficios los gestores privados que vengan a hacer el trabajo que no saben desempeñar los anteriores.

¿Ustedes se lo creen? Reflexionando tan solo un minuto, la relación “mucho menos dinero, más administradores cobrando, e igual servicio” no cuadra. Es más, ni siquiera parece la intención, porque si al gasto reducido se añade el también anunciado reparto de incentivos entre los médicos que más hayan recortado el gasto entre sus pacientes, me dirán usted si alguien puede creer que “los ciudadanos no lo notaran”. Afortunadamente, seguro que la mayoría de facultativos son honrados, pero ¿alguien duda de que, de imponerse el modelo, cada vez se hagan más frecuentes las situaciones de ahorro forzado? “¿Que le hagamos una placa porque le ha atropellado un camión?” o “¿por qué no se ha traído las vendas de casa?” serán, no lo duden, frases habituales en el ambulatorio más cercano.

Lo dicho, un hito. Primero, por el reconocimiento de la incapacidad para desempeñar su gestión. Después, por la desvergüenza posterior de anunciar como positivo que los ciudadanos la tendremos que pagar triple: a ellos, a los que vengan a ayudarles, y con una sanidad más precaria. Lo lógico, como estarán pensando, es que el presidente Alberto Fabra, ante la propuesta sanitaria de su subordinado, le hubiera destituido y hubiera puesto a otro político capaz de ejercer su función sin generar más gasto, pero por lo visto el apaño le parece bien. A su vez, Mariano Rajoy, ante la evidencia de que en el País Valenciano gobiernan en representación de su partido una panda de irresponsables, también debería haber metido mano para limpiar el PP de gente incapaz de desempeñar las funciones que le encarga la ciudadanía. Pero tampoco ha pasado, de lo que cabe deducir que este “experimento” valenciano, si está en su mano, próximamente lo disfrutarán todos los españoles en sus casas. Como para pasarlo por alto.