El PP y su asalto a derechos y libertades

La reciente publicación del informe El impacto de la crisis en los derechos fundamentales de los Estados Miembro de la UE por parte de  la Comisión de Libertades Civiles, Justica e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, ha dado la razón a aquellas que veníamos advirtiendo que el Gobierno de Mariano Rajoy es una apisonadora de derechos y libertades. El documento, que repasa la situación en toda la UE desde 2009, pone de manifiesto cómo la crisis, además de empobrecer de forma generalizada a los pueblos de Europa, ha supuesto una merma total de libertades sin precedentes en la democracia. 

El informe no se anda por las ramas y señala de forma nítida que el origen de la situación de emergencia que vive el Estado español está en un modelo productivo basado en el ladrillo y la especulación, fruto de los sucesivos Gobiernos del bipartidismo y sus decisiones. 

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria se sucedieron algunas decisiones y acontecimientos que no han hecho sino dinamitar lo poco de favorable que para la clase trabajadora tenía el anterior status quo. Llegó la reforma del Artículo 135 de la Constitución, llegaron centenares de ERE, desahucios, el aumento del déficit, la pesadilla de la prima de riesgo, que disparó la deuda pública y, finalmente, el desfalco de las cajas y el escándalo de Bankia. La consecuencia más inmediata fue un rescate encubierto que, aunque el PP siga queriendo disfrazarlo de “línea de crédito en condiciones ventajosas”, supuso la aplicación de una serie de medidas políticas marcadas por los recortes y el autoritarismo. 

El informe pone toda su atención en los mismos derechos que ahora el pueblo se ve obligado a defender constantemente en las calles de todo el Estado: acceso a la educación, a la sanidad, al empleo, a la vivienda, a una pensión digna y a manifestarse. Ya en el primer capítulo, los autores llegan a una conclusión contundente: “Las políticas de austeridad han llevado a una desigualdad creciente en España”, además de a un aumento de la pobreza causada por los recortes sociales, en sanidad y en educación.

Si a modo de ejemplo centramos la atención en la educación, el documento nos advierte de que los recortes en educación llevan a “un declive en la igualdad dentro del sistema educativo, así como en su calidad”. Las medidas tomadas por el Gobierno del PP, como la modificación de los estudios universitarios con la aplicación del decreto “ 3+2”, se han encontrado con un rechazo masivo de la comunidad educativa ya que supone una restricción del acceso universal a la educación, siguiendo una política de elitización del conocimiento. Así, una de las conclusiones es que esto puede afectar al desarrollo económico y social del Estado en el largo plazo por la voluntad del Gobierno de perpetuar la actual situación de poco empleo cualificado, en lugar de sentar las bases de un modelo educativo y económico en el que las personas puedan desarrollar todo su potencial.

El informe también hace una llamada de atención a las autoridades españolas sobre el empleo de baja calidad. Las sucesivas reformas laborales del PSOE y del PP habrían tenido “un impacto doloroso sobre los trabajadores y sus familias”. Señala el documento que la principal consecuencia de esto sería la generación de más pobreza e incluso que un número creciente de personas (hasta el 20% de las trabajadoras) quedará bajo el umbral de la pobreza a pesar de tener empleo. 

Otro de los sectores más golpeados por la pobreza serían las y los pensionistas, cuya capacidad adquisitiva se ha visto mermada progresivamente. A este respecto, los autores explican que, de acuerdo a las estimaciones del Gobierno, una persona que se jubile dentro de 11 años recibirá un 3% menos de pensión que alguien que se jubile hoy con la misma cotización.  

El informe critica duramente el apartheid sanitario que se ha instaurado en el Estado español y señala lo peligroso que es mantener a determinados grupos de población, particularmente los que tienen menores ingresos o están en riesgo de exclusión social, fuera de los sistemas nacionales de salud. Las medidas del PP no sólo generan desigualdad social, sino que están poniendo en peligro la salud pública con un incremento exponencial de enfermedades hasta ahora controladas como la tuberculosis. 

Entre las recomendaciones que el informe hace al Estado, destacan las relativas al derecho a la vivienda, ya que se tacha de insuficiente la ley que presentó el Gobierno porque refleja la falta de voluntad de acabar con unos contratos hipotecarios que contienen, literalmente, “condiciones injustas”. Habla, además, de una serie de medidas de urgencia, como unos gastos presupuestarios que no “impidan la igualdad de oportunidades”, un plan para luchar contra la pobreza infantil, la aprobación de la dación en pago efectiva, o el aumento de los salarios de acuerdo a las tasas de productividad. Y advierte asimismo de que, en el caso de no tomar estas medidas, la desigualdad social en el Estado seguirá en aumento.

El impacto de la crisis en los derechos fundamentales de los estados miembro de la UE comparte la valoración de diferentes instituciones y organizaciones no gubernamentales e insta al Gobierno a que las atienda. De este modo, hace suya la recomendación de la Defensora del Pueblo de derogar las tasas judiciales o las denuncias de Amnistía Internacional sobre la criminalización de la protesta que, con la aprobación de la Ley Mordaza, descrita como una “respuesta fuertemente represiva del Gobierno y las fuerzas de seguridad a las protestas por sus medidas de austeridad”, limitaría derechos tan fundamentales como la libertad de protesta, de expresión o de reunión. 

Resulta complicado encontrar un informe en el Parlamento Europeo en el que quede tan patente que existe una ofensiva en toda regla de la derecha y la socialdemocracia para limitar nuestra reacción frente a la política antisocial que viene practicando el bipartidismo desde hace ya demasiados años, una política que vamos a seguir combatiendo desde las instituciones y codo con codo con la gente en las calles.