Nuestra única agenda común: desarrollo y derechos humanos

2015 supuso un año de cambios profundos en la política de desarrollo. La comunidad internacional selló tres acuerdos que revolucionarán el paradigma de nuestras políticas públicas: en Addis Abeba sobre la financiación para el desarrollo, en París sobre el cambio climático y en Nueva York sobre la Agenda 2030. Este último comprende 17 objetivos que, de cumplirse, transformarán profundamente nuestra sociedad. En mi opinión, el cambio radical reside en la desaparición del concepto país donante–país receptor: esta Agenda se aplicará por igual a los 193 países firmantes.

Si profundizamos más, vemos que, por un lado, la política de desarrollo deja de ser secundaria y pasa a ser transversal. Todas nuestras acciones deben tener una única finalidad: el cumplimiento de las 169 metas que nos hemos marcado. En otras palabras, nuestras políticas tienen que guardar una coherencia entre sí. A pesar de que en la Unión Europea la idea de la coherencia política ya está recogida desde 1992 en el artículo 208 del TFUE, la realidad es que aún existen demasiadas deficiencias.

Por otro lado, el tener la obligación de incorporar estos objetivos a todas nuestras políticas implica que todos somos responsables de su ejecución. Es decir: todos (instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, ciudadanos y empresas) somos al mismo tiempo sujeto y objeto de su cumplimiento, y debemos trabajar conjuntamente para combatir la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

Para lograr la implantación de esta Agenda necesitamos, además de una mayor coherencia política, abundantes recursos. Y en este campo son las empresas las que por el momento no han sido involucradas de la manera más eficaz posible. En el ámbito de la cooperación al desarrollo la Comisión ha lanzado varias iniciativas dirigidas a llenar este espacio, pero querría destacar el nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores. Su objetivo es atenuar los riesgos que las empresas tienen al invertir en países con menor seguridad jurídica y económica. Según los datos que maneja la Comisión, se podrían conseguir un mínimo de 44.000 millones de euros con una inversión de 4.000. Cifras nada desdeñables para hacer frente a los desafíos más inmediatos.

Estas asociaciones público-privadas no son una novedad en el escenario europeo. Existen numerosos ejemplos de éxito que han seguido esta fórmula, como la Facilidad de Inversión de América Latina. Un programa que operó desde 2010 hasta 2015 en los sectores de agua y saneamiento, energía e infraestructuras, y que ha conseguido movilizar 300 millones de euros para cerca de 30 proyectos. La incitativa nos ha dejado un buen número de buenas prácticas, como el programa desarrollado en Nicaragua, que pretende mejorar el acceso al agua y al saneamiento en 19 ciudades y hasta la fecha ha provisto de agua limpia a 600.000 personas y de servicios de saneamiento a 400.000...en un pequeño país de 6 millones de habitantes.

Pero no todo son buenas prácticas: el paraguas de las asociaciones público-privadas ha propiciado también algunos abominables casos de corrupción e incluso cobertura de crímenes, como el asesinato en Honduras de la líder indígena Berta Cáceres, defensora incansable de los derechos del movimiento campesino hondureño.

Los actuales instrumentos para proteger a la población más vulnerable se han mostrado ineficaces, y el Derecho Internacional demasiado frágil para proteger adecuadamente los derechos humanos. La mera aplicación voluntaria de políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por parte de las empresas no es suficiente. Por ello, no puedo defender las asociaciones público-privadas sin la garantía previa de que las empresas asuman obligaciones vinculantes, es decir: un compromiso legal firme de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

Cada año son más las voces que reclamamos esta exigencia. Con motivo de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha pedido a los líderes empresariales que tomen medidas para prevenir y mitigar estos abusos, y que éstas sean conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Principios, que llevo defendiendo desde que comenzó la legislatura.

El Parlamento Europeo, como órgano colegislador, desempeña un papel crucial en la definición del Plan de Inversiones citado. Como miembro de la Comisión de Desarrollo, estaré en el equipo negociador que dará forma a la nueva ley que lo vertebre. Mi trabajo será tratar de incorporar una disposición que incorpore esas medidas vinculantes, garantes del respeto a los derechos humanos.

Si 2015 fue el año cero para un nuevo orden globalizado en el que los países asumieron el mandato de aunar fuerzas para superar los grandes retos que nos aguardan en los próximos 15 años, 2017 será el que marque el tiempo de dejar a un lado prejuicios y sectarismos y trabajar juntos por el desarrollo de nuestras naciones. El desarrollo global que sólo es posible con la involucración efectiva de todos los actores de la sociedad, con un compromiso inequívoco con los derechos humanos.

Beatriz Becerra Basterrechea es Vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y eurodiputada en el grupo ALDE.