Los sistemas de pensiones varían tanto de un país a otro que no resulta fácil compararlos. La mayoría son modelos mixtos, público y privado. El caso español resulta excepcional por la escasa implantación de las pensiones privadas de empleo, salvo en el País Vasco, donde las promueven instituciones y sindicatos. Es una modalidad que requiere capacidad de ahorro para poder dedicar parte del salario a financiar una pensión privada. El objetivo fundamental es que los trabajadores asuman íntegro el coste de su pensión, liberando al estado y a los empresarios de ese elevado gasto. De paso la banca de inversión hace un gran negocio.
En España no prosperan las pensiones privadas de empleo porque el nivel salarial es inferior al de otros países europeos y las condiciones laborales más precarias. Salvo en Euskadi, donde prevalece el empleo cualificado y el funcionariado goza de notables ventajas sobre el resto. En este caso la función del complemento de pensiones de empleo (EPSV) es alcanzar una tasa de sustitución lo más elevada posible, acercando la pensión resultante a la retribución en activo.
Sin embargo, las circunstancias que dificultan transformar el modelo de pensiones español en método dual, lo convierten en su principal fortaleza. Nuestro sistema público de pensiones, basado en el reparto intergeneracional e interterritorial, resultaría modélico si fuese más equitativo. Es el modelo que corresponde a un país que antepone los intereses colectivos a los individuales, aunque los economistas neoliberales y el Banco de España intenten debilitarlo con mensajes apocalípticos que anuncian su quiebra. Si la tasa de actividad laboral, la presión fiscal y el gasto social alcanzasen el nivel medio europeo, las pensiones públicas serían satisfactorias y estarían plenamente garantizadas. Bastaría alcanzar los estándares europeos para que los planes privatizadores del ministro Escrivá se trocasen en un sinsentido.
Vivimos en un mundo globalizado por la economía de mercado y las epidemias. No ocurre lo mismo con los salarios o las pensiones, ni hay sanidad universal. Ciñéndonos a las pensiones, las diferencias son abismales incluso entre países desarrollados, sin que quepa equiparar países ricos con pensiones altas. El ejemplo es EEUU, se puede comprobar en la obra de Jessica Bruder 'País nómada', que llega al cine como 'Nomadland' y será candidata a seis Oscar. No es un trabajo de ficción, se trata de periodismo de investigación. Jessica Bruder recorrió 25.000 km durante tres años, conviviendo con las víctimas de la crisis del 2008, que se perpetúa a través de la pandemia de COVID-19.
Les encantan los trabajadores jubilados porque somos fiables. No faltamos al trabajo, nos esforzamos y somos básicamente mano de obra esclava.
'País nómada' narra las amargas experiencias de quienes, careciendo hasta de alojamiento, se lanzan a la carretera en desvencijadas furgonetas y autocaravanas, yendo en busca de trabajo por distantes territorios de EEUU, a fin de poder sobrevivir y pagar el seguro médico. De ese colectivo trashumante forman parte mujeres y hombres, incluso mayores de 70 años, que trabajan para complementar su mísera pensión. Realizan la ruda tarea de temporeros en la recogida de la remolacha o limpian las instalaciones sanitarias de un bucólico parque nacional. Destaca su presencia en los centros logísticos de las multinacionales Walmart y Amazon.
La investigación de Jessica Bruder es un testimonio sobre el declive del estado del bienestar en la mayor potencia económica mundial, donde la clase media empobrecida ocupa cada vez más espacio en la pirámide social, reemplazando el despectivo “loosers” (perdedores), al sueño americano. Europa seguirá el mismo rumbo si no se consigue frenar intentonas neoliberales como la que representa la ofensiva de la derecha en las elecciones del 4 de mayo en Madrid. La sanidad y la enseñanza pública se sustentan sobre una fiscalidad equitativa y expansiva. La problemática de las pensiones deriva del paro estructural, del trabajo precario y temporal. Mientras haya en España 42 modelos de contrato laboral, no estará garantizado el empleo, persistirá la brecha de género salarial y el futuro de las pensiones seguirá amenazado.
En lo referente a la película 'Nomadland', esta vez el cine americano trata a las personas de mayor edad con rigor, sin caer en el edadismo. También resulta eficaz utilizar la clave de comedia. En 'Un golpe con estilo' tres septuagenarios asaltan el banco que se ha beneficiado de la quiebra de su seguro de pensiones. Para conseguir en nuestro país resultados satisfactorios frente a la rapiña de la banca, bastaría declarar el boicot a las entidades que cierran sucursales, reducen personal, cobran comisiones abusivas a las pensiones y obligan a realizar gestiones por internet. El primer paso ya está dado con las mociones presentadas por colectivos de pensionistas en numerosos ayuntamientos.
El ministro de Seguridad Social tiene una visión tan particular de las recomendaciones del Pacto de Toledo que ha sido llamado a capítulo por dicha comisión. Hecho que no cuadra con la cruzada de las plataformas de pensionistas frente al Pacto de Toledo. Tampoco comparten los planteamientos de Escrivá dirigentes de UGT y CCOO que participan en unas negociaciones tan opacas como la elección de un nuevo papa. Hasta el Presidente de la CEOE se impacienta, advirtiendo Garamendi que la concertación es un “monólogo social”.
El ministro Escrivá no está dispuesto a revalorizar las pensiones como en 2021, con la previsión del IPC del año siguiente y variación negativa a favor de las pensiones. Su intención es aplicar el IPC al vencer el año, y en caso de resultar negativo se descuenta de las subidas de los tres años posteriores. Habla de mejorar las pensiones mínimas, pero ni se plantea equipararlas con el salario mínimo. El objetivo de Escrivá es mantener inalterable el valor de las pensiones, sin que mejore su poder adquisitivo. Lo justifica alegando que con el índice del 0,25%, que se va a derogar, las pensiones llegarían a perder un 30% de su valor. Garamendi, en su papel de presidente de la patronal, advierte que este año las pensiones han tenido un beneficio del 1,8%, al descender la inflación en la misma cuantía (0,9%) que la mejora de la revalorización.
Escrivá se empeña en hacer coincidir la edad de jubilación real con la legal, que ya está en 66 años y seguirá creciendo hasta los 67. Pretende conseguirlo con el palo de penalizar a quienes se jubilen antes y la zanahoria de premiar (con cargo a la Seguridad Social) el retraso de la jubilación más allá de los 67 años. Esa operación proyecta rematarla suprimiendo las cláusulas de jubilación anticipada de los convenios colectivos. Los sindicatos CCOO y UGT poco pueden objetar, aceptaron la jubilación a los 67 años en la reforma del 2011 del Gobierno de Zapatero, aunque rechazan la del 2013 de Rajoy, que no pudieron negociar. La voz que plantea dudas sobre la mesa de concertación es la del Presidente de la CEOE que declara: “Si vamos a jubilar a la gente a los 68 años que lo digan, que no lo maquillen”.
Otro plan esencial del ministro Escrivá es potenciar las pensiones privadas de empleo. Para encubrir su alcance real lo denomina previsión social complementaria. Como es sabido, se trata de productos financieros de empresa, que no pasan por la caja común de las pensiones y gozan de desgravaciones fiscales pagadas a escote por todos los contribuyentes. Sindicatos y empresarios están a la expectativa de las ventajas que les pueda aportar esa operación.
La reforma Escrivá acaba de comenzar y ya presenta más aspectos negativos que positivos. Está por ver si el Estado se hace cargo de los gastos impropios que provocan el déficit de la Seguridad Social. No se sabe en qué consistirá la cotización por ingresos reales de autónomos. Pese a ser motivo de fricción dentro del gobierno de coalición, sigue sin derogarse el factor de sostenibilidad de la reforma de Rajoy. Es más, su anunciada transformación en un mecanismo de equidad intergeneracional hace sospechar que solo cambiará el nombre. El titular de Europa Press del 12 de abril muestra la reacción a nivel político: “Unidas Podemos carga contra la fórmula de Escrivá para subir pensiones y urge derogar la reforma del PP”.
Los cambios que persigue Escrivá no respetan las escasas cláusulas favorables que contiene el Pacto de Toledo. Un ejemplo: en declaraciones publicadas el 18 de abril en la prensa del grupo Vocento indicaba: “No nos planteamos más aportaciones a la hucha de las pensiones”. Así que el ministro responsable de garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas está siendo noticia porque las empeora. Quiere aplicar una reforma que no favorece a los pensionistas actuales, perjudicando de forma notable a los del futuro.
El 7 de abril la prensa anunciaba que el Tribunal Supremo libera al Gobierno vasco de abonar unos 200 millones de euros a su personal en el plan de pensiones Itzarri EPSV. La demanda había sido planteada por ELA y ERNE (uno de los sindicatos de la Ertzaintza). También la podían haber presentado LAB, CCOO y UGT. Dicha sentencia no priva a los funcionarios del Gobierno vasco de ningún derecho, lo que hace es aceptar la suspensión temporal de un privilegio. La EPSV Itzarri se financia con aportaciones del Gobierno vasco. Ni la contribución voluntaria de los trabajadores ni la del Gobierno van a la caja común de la Seguridad Social. Además el personal beneficiario disfruta desgravaciones fiscales en la declaración de la renta.
Para defender la sostenibilidad de las pensiones públicas, amenazadas por los fondos privados, no bastan las movilizaciones testimoniales de pensionistas, es preciso que se incorporen a esa lucha los pensionistas de mañana que todavía están trabajando
Esos 200 millones de euros se quedan en la hacienda pública, que podría destinarlos a mejorar las ayudas sociales a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). El objetivo de Itzarri, igual que las EPSV de las diputaciones y ayuntamientos vascos, es complementar las pensiones de jubilación oficiales, a fin de acercarlas todo lo posible a las satisfactorias rentas salariales de los empleados públicos de la CAPV. Son por tanto productos financieros de empleo que se aprovechan de los impuestos ajenos y contribuyen a intensificar las desigualdades sociales.
No es casual que los sindicatos alcancen su mayor implantación en los sectores laborales mejor retribuidos y con empleo garantizado. Representan sobre todo al estamento funcionarial. Los sindicatos asumen ese papel en la negociación colectiva, y como en el citado caso de Euskadi, otorgan a los privilegios categoría de derechos adquiridos.
En una entrevista publicada en 'La Marea' el 20 de agosto de 2018, Arcadi Oliveres, economista, filósofo, activista social, recientemente fallecido, respondía a la pregunta “¿Quiénes son, a su juicio, los responsables de la crisis?”: “Los máximos responsables son los fondos de inversión. Y esto debe ponernos en alerta porque una buena parte de los fondos de inversión son alimentados por los fondos de pensiones. Y a menudo nosotros alimentamos los fondos de pensiones al hacernos un plan de pensiones privado cuando no confiamos en la función de la Seguridad Social. Por tanto, y esto es un principio ético a tener en cuenta, nosotros tenemos una parte de la responsabilidad en todo esto”.
Para defender la sostenibilidad de las pensiones públicas, amenazadas por los fondos privados, no bastan las movilizaciones testimoniales de pensionistas, es preciso que se incorporen a esa lucha los pensionistas de mañana que todavía están trabajando. Sobre todo es necesario que la juventud crea en su futuro, respondiendo al llamamiento de Stéphane Hessel: “¡Indignaos!”. La edición en castellano de ese combativo texto está prologada por José Luis Sampedro, que no duda en hacerse eco de las palabras del autor: Como dice Hessel, “el poder del dinero nunca había sido tan grande, insolente, egoísta con todos, desde sus propios siervos hasta las más altas esferas del Estado. Los bancos, privatizados, se preocupan en primer lugar de sus dividendos, y de los altísimos sueldos de sus dirigentes, pero no del interés general”. “¡INDIGNAOS!, repite Hessel a los jóvenes. Les recuerda los logros de la segunda mitad del siglo XX en el terreno de los derechos humanos, la implantación de la Seguridad Social, los avances del estado de bienestar, al tiempo que les señala los actuales retrocesos”.
Entre las iniciativas planteadas para denunciar y reclamar soluciones al edadismo practicado por instituciones públicas y entidades bancarias desde que comenzó la actual crisis sanitaria, destaca el “Manifiesto de las personas mayores y vulnerables frente a la brecha y exclusión digital”, enviado a los organismos políticos del País Vasco para demandar una auditoría sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Ararteko (defensor del pueblo), referidas al acceso de las personas de edad avanzada a los servicios públicos.
En el manifiesto, firmado por las asociaciones de pensionistas Nagusiak, Nagusilan, SECOT, Hartu Emanak, Jubilados y Pensionistas Democracia y Coordinadora Pensionistas de Bizkaia, con el apoyo de diversas agrupaciones locales, se declara: “La crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19 ha puesto en cuestión el modelo de relación de la ciudadanía con los servicios públicos, sean estos de titularidad privada o pública, con consecuencias especialmente virulentas en el caso de las personas mayores y vulnerables”.
La petición de auditoría sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Ararteko se apoya en una amplia relación de reclamaciones, referentes a la banca y a los diferentes niveles de la administración: “En los servicios privados destaca el caso de la banca que lleva años derivando costes a sus usuarios/as cerrando oficinas y cajeros, aminorando el personal de atención, restringiendo horarios y servicios, y abocándonos a relacionarnos mediante transacciones telemáticas que además nos cobran”.
“Pero otro tanto puede decirse de los servicios de titularidad pública que pagamos todas/os. Tras años de avance social en el terreno de la accesibilidad de las personas con movilidad limitada, descubrimos ahora que hay otras limitaciones, las derivadas de la supresión o restricción de la atención presencial y la llamada brecha o exclusión digital, que en el caso de las personas mayores y vulnerables son especialmente discriminatorias”.
La desatención y el maltrato a personas de edad avanzada en las administraciones públicas, servicios sociosanitarios, residencias geriátricas, atención a la dependencia, y sobre todo en la banca, pueden desencadenar acciones ciudadanas equivalentes a las que el 15 de enero de 2018 impulsaron el movimiento de pensionistas. Sería otro gesto de justa indignación.
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