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Cuentas desmiente a Feijóo y constata los recortes sanitarios en Galicia

Feijóo, con la ministra de Sanidad

David Lombao

Existen varias líneas argumentales recurrentes en las declaraciones públicas del Gobierno gallego y de su presidente para explicar su política social. En ellas suele destacar la palabra “blindar”. También son frecuentes las comparaciones con otras autonomías, incluso las gobernadas por el PP, a las que Alberto Núñez Feijóo acusa más o menos implícitamente de recortar más que él. “Al final de esta legislatura habrá más sanidad pública, un Servizo Galego de Sáude (Sergas) más modernizado y eficiente”, decía antes de las elecciones de 2012. “Hay más sanidad pública desde el punto de vista de la equidad y de la calidad que en el 2009”, reiteró un año después de su segunda victoria electoral. En un tiempo en el que las cuentas autonómicas están férreamente vigiladas desde fuera de las propias autonomías no es la primera vez que una institución estatal desmiente los manifiestos que llegan desde la Xunta. En esta ocasión ha sido el Tribunal de Cuentas.

Después de que, el pasado diciembre, el Ministerio de Hacienda ya constatase que la inversión social pierde peso en las cuentas públicas gallegas y que hay once autonomías en las que estas partidas tienen más importancia que en Galicia, el organismo fiscalizador echa la vista un poco más atrás para confirmar que este no ha sido un fenómeno aislado en 2014. Específicamente, Cuentas muestra a las claras que en sus primeros años de mandato el Ejecutivo del PP frenó en seco el incremento de la inversión en el Sergas y, además, muestra una foto fija en la que Galicia está en los últimos puestos en gasto sanitario por habitante y lejos, por lo tanto, del liderato frecuentemente aludido en los argumentarios oficiales del Ejecutivo gallego.

Con la vista puesta en el año 2010, esto es, en el primero con un presupuesto elaborado por el gabinete de Feijóo, el Tribunal explica que “la reducción del gasto respecto al ejercicio anterior, tanto en términos de deberes reconocidos como de gasto real, alcanzó el 3,7% y el 2,4%, respectivamente, rompiendo tendencias históricas de crecimiento”. El informe destaca además que el reparto del recorte es dispar, toda vez que se produce, por ejemplo, una bajada del 1,2% de los fondos para conciertos con la sanidad privada pero del 1,8% para personal o del 30,3% para inversiones. “A pesar de la insuficiencia de la financiación para la cobertura de los gastos” se mantiene “la reducción de recursos como consecuencia de ajustes en los presupuestos de las comunidades autónomas, que en el ejercicio son el resultado de medidas para el cumplimiento del objetivo de estabilidad o de la aplicación de la reducción de retribuciones en el sector público”.

La tercera con menor inversión sanitaria por habitante

En este escenario, Cuentas avanza hasta el año 2011 para elaborar una panorámica del esfuerzo presupuestario en materia sanitaria, fijándose en tres variables: el gasto total, el gasto por habitante y el peso de estas inversiones sobre el PIB, siendo los dos últimos los más ilustrativos, ya que el primero está íntimamente ligado a la dimensión de la propia autonomía. Así, en lo que respecta al gasto por habitante, el Tribunal señala que “las autonomías con mayor gasto sanitario público son Euskadi, Asturias y Navarra” y “las comunidades con menor gasto sanitario público son Andalucía, las Islas Baleares y Galicia”. Los 1.272 euros por persona colocan a Galicia en el antepenúltimo puesto, con 362 euros menos que la líder, Euskadi, y también 50 euros por debajo del promedio estatal, situado en 1.322 euros.

La Xunta sale algo mejor parada al consultar el peso del gasto sanitario sobre el PIB del país. Partiendo de la base de que “hace falta tener en cuenta que los datos que se obtienen no solo se explican por diferencias entre niveles de renta, sino también por solidaridad entre territorios, ya que la asignación de recursos entre las comunidades autónomas contempla mecanismos de nivelación que intentan garantizar la equidad del sistema”, Galicia es la octava autonomía en este registro, con un 6,3%. Este resultado la coloca por encima de la media estatal, situada en el 5,9%, pero también lejos del puesto de cabeza, ocupado en este caso por Extremadura con un 9,9%.

Inversión sanitaria por comunidades autónomas

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