La Defensora del Pueblo acusa a la Xunta de poner en “riesgo” la salud de personas sin recursos económicos

La Xunta pone en “riesgo” la salud e integridad de las personas sin recursos y en particular de las enfermas de cáncer. Con esta dureza reprocha la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al Ejecutivo gallego su nula respuesta a las demandas que, en nombre de muchos afectados, hace Beatriz Figueroa, que acumula más de dos años y medio de lucha por una mayor protección de los enfermos de esta enfermedad.

Lo ha hecho en un escrito remitido a la propia Beatriz Figueroa, y a cuyo contenido tuvo acceso este diario, en el que le aclara la respuesta de la Xunta a la solicitud de información que la Defensora había llevado a cabo tras las demandas de esta abogada y periodista gallega. Ella había advertido a la institución de las graves consecuencias del copago farmacéutico y de la obligatoriedad para los enfermos de cáncer de abonar el 40% del importe de sus medicamentos incluso cuando perciben únicamente 426 euros como subsidio por desempleo y tras agotar el paro. Así, reclamó que se promoviese “una modificación normativa que introduzca cambios que tenga en cuenta a efectos de valorar la exención, porcentajes o límites, tanto el nivel de renta como la duración del tratamiento”.

A la espera de un cambio legislativo que no llega, la Defensora hizo una serie de recomendaciones al Ejecutivo central para que los perceptores de esa ayuda -parados y enfermos- estuvieran exentos de ese copago e incluso advirtió a la Xunta de que, a pesar de ser una normativa estatal la que lo regula, la Administración gallega tiene competencias para evitar ese recargo excesivo. En su respuesta, la Consellería de Sanidade “señala, básicamente, que la competencia para determinar el tipo del copago farmacéutico es exclusivo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)”. Así, muestra su “preocupación” por la situación pero insiste en que “la normativa básica estatal a que obliga a los servicios de salud autonómicos”.

La respuesta de la Defensora ha sido contundente. Le recuerda a la Xunta que el Sergas es “responsable de poner a disposición de los usuarios del Sistema Nacional de Salud en Galicia el conjunto de prestaciones de las carteras de servicios, lo que incluye naturalmente la prestación farmacéutica”. Además, le ha advertido de que es cierto que el copago instaurado “no ofrece cobertura para el reconocimiento de exención a varias situaciones de vulnerabilidad”, pero le aclara también que de la respuesta dada por Sanidad “se desprende que no existen ni están previstas en Galicia medidas adicionales de garantía de tratamiento integral para aquellos pacientes cuyas circunstancias socioeconómicas les dificulte gravemente comprar los medicamentos prescritos por los profesionales médicos que los atienden”.

“Esto implica un riesgo para la salud de estos pacientes ante una eventual interrupción no deseada del tratamiento farmacológico que precisan, situación agravada en el supuesto de enfermedades más graves, como las de naturaleza oncológica”, ha asegurado el alto comisionado, que advierte de la “diferencia de criterio puesta de manifiesto” entre la postura de esta institución y de la Xunta, lo que lleva a la “finalización de la presente actuación”, sin significar esto que el tema no sea incluido en el informe anual que se presenta ante las Cortes, una iniciativa que ya ha confirmado a la propia Figueroa.

Por tanto, la Defensora ha reprochado a la Xunta que no lleve a cabo medidas adicionales que garanticen el tratamiento integral necesario para aquellas personas en peor situación económica, con el “riesgo para la salud” que implica en casos graves como los de enfermos con cáncer.

“Es lógico pensar que con esos 426 euros no se cubren las necesidades básicas y es muy duro tener que elegir entre medicarse o comer”, advierte Beatriz Figueroa, consciente de las dificultades de muchos enfermos de cáncer -o de otras dolencias- que prescinden de su medicación por su elevado precio. “Si accedes a una renta de inserción, sí estás exento de ese 40%, pero cobrando la misma cantidad a través de un subsidio, no”, recuerda.

Sabe bien de lo que habla. Ella insistió en el juzgado número 3 de  lo social de Vigo en su causa contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que no le reconocía la invalidez. Una reclamación que le había sido negada en tres ocasiones, aunque la justicia acabó dándole la razón. Vio aumentados sus ingresos en unos 120 euros al conseguir una pensión del 55% de su base regulativa de los últimos años en los que trabajó. Antes cobraba 426 euros a través de un subsidios y después de agotar su prestación por desempleo, una cantidad con el que también hace frente al 40% de los gastos en medicamentos.

Una lucha que no se detiene

Esta abogada y periodista gallega inició el 21 de mayo de 2013 una huelga de hambre y pasó luego a recoger firmas y presentar medio millón en el Congreso de los Diputados, donde tan sólo el PP votó en contra de la toma en consideración de su propuesta. En ella, presentada por el BNG, solicitaba la incapacidad permanente, no definitiva, para los enfermos de cáncer sometidos a un tratamiento y mientras no se produzca su curación a través de una modificación legislativa. Requería de un cambio que ni tan siquiera se empezó a tratar por la negativa de los populares.

Ante esta situación, acudió al Defensor, que dio traslado de las dos quejas presentadas por Figueroa a la Valedora do Pobo, instituciones donde se abrieron dos expedientes. En uno de ellos, solicita la calificación de incapacidad permanente en personas diagnosticadas de cáncer. En el otro, reclama que el copago farmacéutico no se aplique en los casos graves de enfermos graves que, además de su desempleo, tienen que ver como no pueden acceder a los medicamentos que les recetan.

Beatriz Figueroa continuará con su lucha y, como recuerda, no por ella “sino por miles de afectados”. Este lunes 14 se reunirá con la Valedora do Pobo, Milagros Otero, en la que será su segunda visita a esta institución y en la que estará acompañada por la ex diputada en el Congreso por el BNG, Olaia Fernández Davila. Es éste de los escasos apoyos que dice tener porque, recuerda, “no hubo casi interés de ningún partido por este tema”.