Ferrol valora demandar a una empresa de Florentino Pérez por “fraude” en la gestión de la depuradora
La pasada semana el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, visitó por “sorpresa” la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Cabo Prioriño acompañado por dos técnicos municipales. Al llegar, el regidor comprobó lo que resume afirmando que “todo era un fraude”. Según el Gobierno local, que sustentan Ferrol en Común y PSdeG, el “anuncio público” de que la infraestructura ya “había depurado un millón y medio de metros cúbicos” de agua, lanzado por el PP poco antes de las elecciones municipales, cuando gobernaba el municipio con mayoría absoluta, no se correspondía con la realidad. “Todas las aguas residuales fueron vertidas sin tratar directamente al mar”, asegura el nuevo gabinete, dispuesto a exigir “responsabilidades políticas” de los anteriores gestores municipales y también a elevar el asunto a los tribunales para hacer lo propio con Urbaser, la filial de ACS, grupo presidido ppor Florentino Pérez, que controla el 49% de la empresa municipal de aguas, EMAFESA.
El alcalde ferrolano explica que los servicios jurídicos municipales le han recomendado esperar a la celebración del Consejo de Administración de EMAFESA “antes de acudir a los juzgados”. En esa reunión, prevista para el próximo miércoles, indica, el Ayuntamiento escuchará “las explicaciones del socio privado” a la que le expondrá los resultados definitivos de los “análisis de la muestra de agua” recogido en la depuradora durante la visita de la pasada semana. El dictamen “preliminar” de ese análisis ya “indica que el nivel de bacterias coliformes, indicativas de contaminación, es muy superior a los parámetros permitidos”.
Esta situación, según el Gobierno local, es resultado directo de que “hasta enero de 2015 toda el agua que llegó a la EDAR para su tratamiento, por el que el socio privado de EMAFESA cobraba una tasa al vecindario, salió directamente por bypass a mar abierto”. Desde enero y “hasta hoy” sólo ha existido “un pretratamiento para apartar sólidos en momentos puntuales y de forma discontinua, en horario de 8 a 15 horas”, cuando la estación recibía suministro eléctrico. “Bombear -evidencia Suárez- no es depurar y las responsabilidades no se pueden eludir”, dice, en un contexto en el que, recuerda, existen varios espacios naturales en la zona que son zonas protegidas. “Nos encontramos ante una situación que roza no solo la negligencia, sino también el posible delito ecológico”, resalta.
“Responsabilidad” del anterior gobierno
Después de que, como informa Ferrol 360, la Xunta derivara al Ayuntamiento cualquier responsabilidad en este asunto, Jorge Suárez advierte de que la actitud del Gobierno gallego no hace más que apuntar “a la antigua Corporación, porque esta situación se vino dando durante un año en el que no se depuró ni un solo metro cúbico de agua”. “Los indicios son de que durante un año se estuvo engañando a la ciudadanía, porque si no eran capaces de depurar el agua” el Gobierno local tendría que tener “conocimiento” de lo que estaba sucediendo. Por eso, enfatiza, “todas las responsabilidades van a ser demandadas judicialmente”.
Así las cosas, y a la espera de determinar el inicio de la vía judicial el Ayuntamiento de Ferrol “le exigirá” a la filial de ACS “que, en primer lugar, reintegre a los vecinos la tasa de saneamiento que ya fue cobrada” y que “se anule el próximo cobro, previsto para julio y retrasado por petición del Gobierno local”. Además, afirma, “se reclamarán las destituciones que procedan en Urbaser por una gestión nefasta y la reformulación de las relaciones con EMAFESA”, que “no informó al Ayuntamiento de que no se estaba depurando el agua”.
Un mes después de la crisis del agua
A revelación de que la EDAR ferrolana estuvo un año sin depurar agua se produjo apenas un mes después de la crisis que dejó sin agua potable más de 100.000 personas en la comarca de Ferrolterra durante tres días. En aquella ocasión el campo meramente técnico se mezcló con la falta de comunicación de la Xunta hacia el Ayuntamiento y también de las disfunciones en la labor de EMAFESA que, según el Gobierno local, “no comunicó absolutamente nada” de la detección de los niveles de contaminación a pesar de ser la Administración municipal quien posee el 51% de la empresa.
Una vez superada esa crisis el propio alcalde de Ferrol mantuvo en una entrevista con este diario que lo sucedido permitía “abrir una nueva vía” para una posible “remunicipalización”, la del “incumplimiento del contrato”. “Darle toda la parte técnica a una empresa privada hace que estemos a merced de ellos. Con una gestión pública el control de la salubridad, al menos, quedaría garantizado”, aseguraba.
