Industria se gasta en un solo día 220.000 euros en comprar noticias en la prensa
Menos que el pasado año, pero una cantidad sustancial. El pasado 12 de junio, la Consellería de Economía e Industria firmó cinco acuerdos con otras tantas empresas editoras de diarios impresos de Galicia. Se trataba de sendos convenios por los que estas compañías se comprometían a publicar en sus periódicos información oficial de este departamento del Gobierno gallego durante un período determinado de tiempo. A cambio de esta publicación, el departamento que dirige Francisco Conde les aporta un montante económico inferior al de una operación semejante conocida hace justo un año, que ascendía a 600.000 euros, pero que, con todo, está por encima de los 200.000.
Fueron, específicamente, 229.623,25 los euros los aportados por Industria a estas empresas para información pagada presentada con un formato semejante o incluso idéntico al de las piezas periodísticas habituales. En los cinco casos, las editoras asumen formalmente el compromiso de “difusión de contenidos de interés para la sociedad gallega sobre actuaciones relacionadas con el ámbito competencial de la Consellería”.
En este reparto, la cabecera más beneficiada por la aportación pública es La Voz de Galicia, con 110.774 euros. A continuación, con prácticamente la mitad, se sitúa Faro de Vigo, al que le correspondieron en esta asignación 59.436,75 euros. Justo después está El Progreso, que recibe en esta ocasión 26.117,25 euros. Cierran la lista La Región de Ourense, con un convenio de 17.848 euros, y La Capital, empresa editora de El Ideal Gallego, con 15.447,25 euros.
Esta manera de repartir fondos entre la prensa es una constante en el Gobierno gallego desde los años 80, cuando los primeros gobiernos autonómicos importaron una práctica que ya era realizada en Euskadi por los Ejecutivos del PNV. Este modelo de financiación se expandió y se asentó durante los gobiernos de Manuel Fraga y continuó sin variaciones durante los siguientes gabinetes, el del bipartito PSdeG-BNG y el de Alberto Núñez Feijóo. Estos dos últimos gobiernos coinciden, además, en que prometieron la aprobación de una ley de publicidad institucional que regulara este tipo de prácticas sin que, por el momento, haya visto la luz.
Esa ley, precisamente, fue prometida por el propio Feijóo por última vez en el debate de política general de 2013, si bien aún no se ha aprobado oficialmente ningún trámite a ese respecto. La normativa de publicidad institucional es una reivindicación histórica de colectivos profesionales como el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia, que viene reclamando además que los subsidios a la prensa estén ligados a factores como el empleo de calidad o el uso de la lengua gallega y no a los contenidos de la información. Al mismo tiempo, el Consejo de Cuentas ha censurado en numerosas ocasiones esta manera de financiar a la prensa.
