La Justicia absuelve al Gobierno del Estado y al capitán de la catástrofe del Prestige
No hay culpables. Justo once años después, la mayor catástrofe medioambiental del Estado y una de las mayores de Europa queda sin responsables. El naufragio del Prestige, que tiñó de negro todo el litoral gallego, se salda con una única condena: la de nueve meses de cadena por un delito de desobediencia grave para el capitán del buque, Apostolos Mangouras, de 78 años y que no irá a prisión. La Audiencia Provincial de A Coruña cree, no obstante, que no hubo imprudencia ninguna, ni actuación dolosa ni, por lo tanto, responsabilidad penal ni por parte del capitán ni del ex director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, el único cargo político del Gobierno acusado. Los dos han sido declarados inocentes de un delito contra el medio ambiente y daños a espacios naturales protegidos. También queda sin condena el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos.
La sentencia absuelve de responsabilidad penal al Gobierno español y avala la decisión de alejar el barco de la costa. Afirma que “las autoridades españolas contaban con el asesoramiento correcto” y señala que “la posibilidad de acercar el barco a la costa tendría también muchos riesgos para la zona”. “El alejamiento fue aceptable. No fue de ninguna forma imprudente ni una decisión errónea”. El dictamen también rechaza que el barco hubiera seguido un rumbo “errático” o “suicida”, tal y como aseguró el presidente del tribunal, Juan Luis Pía, que resumió la sentencia y defendió la gestión llevada a cabo por el Gobierno y que fue tan duramente criticada, provocando las manifestaciones más grandes que se recuerdan en Galicia. Ni una sola responsabilidad política.
En cuanto a esta gestión, el presidente de la sala llegó a calificarla de “profesional y correcta”, a pesar de los defectos y las reconocidas “infracciones y descuidos” que sí encontró en el conjunto de las decisiones tomadas para evitar que un grave accidente se convirtiera en una catástrofe, algo que la Administración no consiguió. Para el tribunal, el alejamiento del buque fue una decisión “aceptable y no imprudente”, además de una decisión “no errónea”. Para la Justicia, el Estado “gestionó con profesionalidad” el naufragio, por lo que la conducta de López-Sors, tal y como insistió, “no se puede calificar como imprudente”. “Para nada se marcó un rumbo suicida”, añadió, tras aclarar que la decisión de llevar el barco a alta mar cumplió incluso alguno de sus objetivos, como el de provocar un daño “extenso pero no intenso” en el litoral gallego, que recibió más de 60.000 toneladas de fuel.
La Audiencia Provincial asegura en la sentencia, leída íntegramente en gallego, que el barco no pudo soportar el temporal “por su estado de consevación”, pero aclara que tenía los permisos necesarios. Además, añade que el control de la inspección de la empresa norteamericana ABS fue “como mínimo no idóneo”.
“Esta sentencia es una vergüenza”, se escuchaba de fondo por parte de la poco más de una docena de personas que se manifestaron convocados por Nunca Máis, que califica el dictamen de “absolutamente decepcionante” y que “pretende salvar la cara del Gobierno de España”. “Es el peor dictamen que podíamos esperar, el peor escenario en el que nos podíamos situar”, aseguró su portavoz, Xaquín Rubido. El abogado de la plataforma, Pedro Trepat, también se mostró sorprendido por un dictamen que tan solo contenta al Estado, tal y como aclaró una de sus letradas.
Además, nadie pagará la elevada factura de los daños que causó la enorme marea negra, cifrados por la Fiscalía en 4.328 millones de euros. Tan solo quedarán para las indemnizaciones los 22 millones de euros de fianza que habían sido depositados por la aseguradora londinense del Prestige en el juzgado de Corcubión, en 2002.
La sensación fue de decepción entre buena parte de los asistentes a la lectura de la sentencia en una sala en la que se juntó un gran número de invitados, además de medios de comunicación de todo el Estado, de Portugal, ingleses o corresponsales de Al Jazeera. La sentencia, que muchos expertos esperaban que cuando menos fuera exemplarizante, no lo será. El propio presidente del tribunal insistió en su lectura del resumen de la sentencia que, aun hoy en día, sería difícil determinar cuál sería la decisión más adecuada para evitar una catástrofe como la que aconteció. Once años después, la costa gallega parece condenada a soportar los riesgos que suponen su situación geográfica y el peligroso e importante tráfico marítimo que sufre ante su litoral. Las decisiones que se tomaron en el caso del Prestige, y que provocaron la mayor catástrofe medioambiental de su historia, no son condenables judicialmente, según ha dejado claro la Audiencia Provincial de A Coruña en la mañana de este miércoles 13 de noviembre.
