El PP recorta la ley gallega LGTB pero asume el matrimonio igualitario diez años después
El 30 de junio de 2005 las Cortes Generales aprobaban definitivamente la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo hacían con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso a las tesis defendidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y entre la airada oposición del PP de Mariano Rajoy, entonces con Ángel Acebes como mano derecha. En octubre del mismo año los conservadores llevaban la reforma ante el Tribunal Constitucional por “desnaturalizar” la institución matrimonial. Casi diez años y un varapalo del TC después los populares asumieron este martes en el Parlamento de Galicia algunos de los derechos contra los que se manifestaron junto a la Conferencia Episcopal y al Foro Español de la Familia.
El legislativo gallego acaba de darle luz verde a la proposición de ley por la visibilidad y no discriminación de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), una norma promovida por el PSdeG que tras el trámite de enmiendas incorpora también la palabra “intersexuales” en su denominación pero que se deja por el camino múltiples preceptos, algunos tan relevantes como el régimen sancionador o la inversión de la carga de la prueba, lo que implicaba que las personas o entidades demandadas por lesionar los derechos del colectivo tuvieran que “demostrar que no se vulneró el principio de igualdad de trato”. Estos recortes, y otros como la eliminación de un protocolo para responder a las agresiones homófobas, suponen para colectivos como Nós Mesmas que la ley queda, en buena medida, “vacía de contenido”.
Sin discriminación en las adopciones
Estas limitaciones fueron lamentadas por el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien critica que el PP “empeore y rebaje las pretensiones” de una ley que, no obstante, asegura, supone un hito “histórico” para la “normalidad” de la vida del colectivo LGTBI en la sociedad gallega. En la misma línea la portavoz socialista en el debate, Carmen Gallego, lamenta que los conservadores introdujeran cambios en el texto original para, por ejemplo, eliminar las menciones a la “visibilización” o el deber de crear “un espacio en el Museo do Pobo Galego para la memoria de las personas represaliadas por el franquismo” por mor de su identidad sexual. Pero “a pesar de a lo que se quedó por el camino claro está el avance”, mantiene, porque la norma “mejora la vida de 300.000 gallegos y gallegas”.
Con estos condicionantes, ¿qué implica la ley? En esencia, que los organismos públicos y privados deben tratar en términos de igualdad a todas las personas con independencia de su sexualidad. Esto trae consigo, por ejemplo, que de ahora en adelante la Xunta “entiende por familia la derivada del matrimonio, de la unión entre dos personas del mismo o distinto sexo”. En concordancia con esto “se garantizará que en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción” de niñas y niños “no exista ninguna discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género”. Justo lo que el PP rechazaba en las calles hace apenas una década. Lejos, al menos dialécticamente, de aquellas posiciones extremas ahora su diputada Marta Rodríguez Vispo aboga por “evitar todo tipo de discriminación” con una ley que también ve “histórica”.
Sí “crítico” del BNG y abstención de AGE
Además del PSdeG y del PP la ley sale adelante también con el sí del BNG, un “voto afirmativo claramente crítico” para una norma que, dice Carme Adán, “abre caminos” e incluye en el ordenamiento jurídico del país “conceptos que no existían”, hasta el punto de que “cada artículo amplía un derecho”, a pesar de a las enmiendas del PP. Luciendo sobre los hombros la bandera multicolor que representa la defensa de los derechos de las personas homosexuales, transexuales y bisexuales -la presidenta de la Cámara le impidió colocarla en la tribuna- Adán advirtió de que la ley “marca deberes muy claros” cuyo cumplimento el Bloque “va a vigilar”. Hace falta, dice, un verdadero compromiso con las políticas de igualdad porque “las leyes no cambian las conductas ni los pensamientos”.
Por parte de AGE su portavoz, Eva Solla, explicó que su grupo ha optado por la abstención al considerar la nueva norma como “una oportunidad perdida”, toda vez que “en virtud de la ilógica lógica parlamentaria” la propuesta del PSdeG, “bastante completa”, pasó “a las manos del PP”, que la “desvirtuó”. Esa misma abstención fue también la opción de la diputada del Grupo Mixto, Carmen Iglesias, que en su intervención censuró la “patologización” de la identidad sexual y la manera en que se aborda la visibilización, “como si las personas tuvieran que visibilizar alto tan personal, natural y íntimo como es nuestra sexualidad.
