Puertas giratorias en ENCE. ¿Quién es quién?
Los colectivos contrarios a la continuidad de ENCE en Pontevedra suelen incidir en las “relaciones próximas” existentes entre los dirigentes de la empresa y los poderes públicos, en referencia sobre todo a las administraciones comandadas por el Partido Popular, tanto en Galicia como en Madrid. En este sentido, llama la atención que un buen número de los y las actuales integrantes de su Consejo de Administración han pasado con anterioridad por posiciones destacadas en el Gobierno gallego o en la Administración Central, en un nuevo fenómeno de puertas giratorias entre el poder político y las jerarquías empresariales.
Dos nombres destacan por encima de los demás, por su significación pública y por los cargos que ocuparon: el de Isabel Tocino (ministra de Medio Ambiente entre 1996 y 2000) y Carlos del Álamo (consejero de Medio Ambiente de la Xunta entre 1997 y 2003). Tanto uno como otro tuvieron que adoptar durante sus mandatos decisiones que afectaron a la actividad de ENCE y a sus regulaciones y controles ambientales. Antes de ocupar la Consejería, Del Álamo fue director general de Montes y Medio Ambiente Natural de la Xunta (1990-1996) y en junio de 1996 fue nombrado director general de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. Otro consejero con un importante pasado político es Pascual Fernández Martínez (nombrado por Alcor Holding), que fue Secretario de Estado de Aguas y Costas del Gobierno de Aznar, con Jaume Matas como ministro de Medio Ambiente.
Hace falta destacar, igualmente, que María José Echevarría, subdirectora general de Coordinación Ambiental de la Xunta es en la actualidad esposa del director de la fábrica de Ence-Pontevedra, Antonio Casal. Una relación familiar que fue denunciada por la APDR (Asociación pola Defensa da Ría), que pidió su inhabilitación. La Xunta respondió a las criticas señalando que las competencias de tramitación de la Autorización Ambiental Integrada (que acaba de ser concedida a ENCE) corresponden a la Subdirección General de Evaluación Ambiental, sobre la que Echevarría no tiene mando alguno.
En el Consejo de Administración encontramos otros nombres con relaciones más o menos estrechas con el poder político. Figuran, por ejemplo, Fernando Abril Martorell, hijo del que fue vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía con UCD. También Pedro Barato Triguero, ex secretario de la organización empresarial agraria Asaja, próxima al PP.
Decisiones políticas
Desde la privatización de ENCE en 2001, el Gobierno central y la Xunta han adoptado en varios momentos decisiones importantes que beneficiaron a la empresa, que ha ido pasando por encima de todas sus posibles fechas de cierre, consiguiendo -gracias a modificaciones legislativas y medidas políticas- mantener una actividad que llegará, si no se impide, hasta el año 2073.
Ya en 2002 la Xunta concedió a ENCE la Autorización Ambiental Integrada que la compañía había solicitado para poder seguir produciendo. La empresa consiguió, además, que el Gobierno de Fraga se saltara la autonomía municipal en materia urbanística, creando un Proyecto sectorial de incidencia supramunicipal exclusivo para ENCE, con el que la planta evitó someterse a la normativa municipal, dándole legalidad urbanística a todo el complejo. El Ayuntamiento de Pontevedra inició en ese momento una larga batalla legal que no se resolvió hasta el año 2012, en el que el Tribunal Supremo anuló el proyecto de supramunicipalidad. Sin embargo, de momento la Xunta ha conseguido mantenerlo, entendiendo que la sentencia se cumplía, simplemente, publicando el proyecto en el Diario Oficial de Galicia, cosa que hizo en diciembre de 2012. Esta supramunicipalidad, que ha vuelto a ser recurrida, le sirve a la Xunta para legalizar urbanísticamente unas instalaciones que deberían estar sometidas a la normativa urbanística municipal.
Durante la década pasada ENCE intentó otras vías para incrementar su beneficio y reducir la capacidad de control de los poderes públicos sobre su actividades. Por ejemplo, buscó sin éxito que el Ministerio de Medio Ambiente reconociera la innecesariedad de los terrenos en los que se asienta por pérdida de las condiciones naturales y la supuesta imposibilidad de devolverlos a su estado originario y recuperarlos para el disfrute de la ciudadanía, por lo que el lugar sería para siempre terreno industrial. Y también intentó que los terrenos de Lourizán quedaran adscritos a la Autoridad Portuaria de Marín (se supone que para evitar los controles municipales), de nuevo sin lograrlo.
Sin embargo, una modificación legislativa de 2013 sí le permitió a la empresa no tener que renovar su Autorización Ambiental Integrada, que caducaba el 31 de diciembre de 2015. La autorización, igualmente, está recurrida ante los tribunales.
Otra decisión polémica tiene que ver con la caducidad de la concesión. El 19 de mayo de 2011 la Audiencia Nacional le ordenó al Ministerio de Medio Ambiente la apertura del procedimiento de caducidad de la concesión de Ence, en sentencia firme. En julio de 2014 una sentencia del Tribunal Supremo instó de nuevo a la Administración General del Estado a incoar el expediente de caducidad de la concesión que disfruta Ence, demandándole que adoptase todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones. Por ahora, Medio Ambiente sigue sin cumplir con el requerimiento judicial, lo que ha llevado a los colectivos contrarios a ENCE a denunciar que la prórroga otorgada este lunes podría suponer un delito de “prevaricación”, al realizarse sobre una concesión ilegal.
En cualquiera caso, la gran maniobra política que ha jugado en beneficio de la empresa es la aprobación en 2013 de la nueva Ley de Costas. La presencia de ENCE en Lourizán tenía como fecha límite el 29 de julio de 2018. La razón es que la Ley de Costas de 1988 había fijado un plazo máximo de 30 años para quien fuera titular de una concesión otorgada con anterioridad a ella, como este caso. Sin embargo, la modificación de la norma en 2013 abrió la posibilidad de prorrogar las concesiones de dominio público marítimo terrestre otorgadas al amparo de la ley anterior.
