La Xunta anuncia medidas contra los incendios ridiculizadas por el PP desde la oposición en 2006
La necesidad de nuevas medidas políticas, administrativas y legales para hacer frente al fuego es casi una constante que se repite después de cada ola de incendios forestales y así sucedió también tras la última, que calcinó casi 50.000 hectáreas en los montes gallegos en apenas dos días. Más allá del debate sobre la respuesta a la emergencia del 15 y 16 de octubre, la primera reflexión parlamentaria más o menos amplia al respecto llegó con la comparecencia del presidente de la Xunta del 7 de noviembre, en la que Alberto Núñez Feijóo anunció una propuesta de “acuerdo de país” contra los incendios con una treintena de medidas de las que más de la mitad son parte de normas ya vigentes, pero en su gran mayoría pendientes de desarrollar.
Varias de esas leyes y reglamentos que ya existen pero que el Gobierno gallego no fue quien de aplicar proceden de propuestas que el Parlamento aprobó hace más de una década. Lo hizo, concretamente, en el documento de conclusiones de la comisión de estudio sobre la ola de incendios de 2006, el órgano parlamentario que el PP había boicoteado por considerarlo una “farsa” de “ocultación” y una “ópera bufa” que suponía “traicionar a las víctimas” mortales del fuego. Aquel dictamen había salido adelante con los votos de PSdeG y BNG, entonces socios de Gobierno. Los populares no habían participado en la votación -habían extendido sus manos ante los escaños en señal de protesta-, si bien en este 2017 admiten por boca de su portavoz, Pedro Puy, que aquel documento servirá de “base” para futuras medidas contra los incendios.
Así, por ejemplo, aquella comisión había aprobado desarrollar vías legales para que Xunta y ayuntamientos pudieran actuar en fincas y montes abandonados o de propietario desconocido, camino que ya ha sido emprendido en leyes como la de incendios de 2007, la de movilidad de tierras de 2011 o la de mejora de la estructura territorial agraria, aprobada en 2015. En esta línea profundiza también la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2018, que se tramita actualmente en el Parlamento. Este era solo uno de los planes emanados de aquella comisión de estudio, que instó a emprender un camino divididos en 8 áreas que, según las últimas declaraciones de la Xunta, volverá a ser transitado desde el inicio en otro órgano de idénticas características, pero diez años después.
1. El dispositivo de extinción
Las conclusiones de aquella comisión de estudio ponían al Gobierno tareas que, atendiendo a la propia estructura del dispositivo y a las recurrentes reclamaciones del personal, siguen pendientes. Apostaba por una “reformulación” que tendiera “hacia una mayor profesionalización y estabilidad laboral”. Entre las primeras medidas figuraba la “integración de las brigadas municipales dentro del dispositivo autonómico”, un camino que emprendió en aquel momento la Consellería de Medio Rural pero en el que el Ejecutivo del PP comenzó a retroceder desde el año 2013 entre protestas del personal, por contribuir a la “precariedad” y a la “fragmentación”. Al tiempo, se proponía que la Xunta acordara con la Federación Galega de Municipios e Provincias “instrumentos de colaboración para la realización de labores de prevención y vigilancia”, medida que casi literalmente anunció Feijóo tras los incendios de octubre.
2. Formación y sensibilización
Tras la ola de incendios de 2006, la mayor en veinte años en cuanto a superficie quemada, la comisión de estudio apostó por estabilizar la “red de participación en defensa del monte gallego” a partir de la “experiencia” del voluntariado que había colaborado en la recuperación de los terrenos quemados aquel verano. En este apartado el documento proponía medidas que en gran parte ya están incluidas en los planes contra los incendios forestales de cada año y que Feijóo también ha vuelto a anunciar ahora, tales como programas de formación dirigidos al conjunto de la sociedad“ en áreas como la prevención y protección frente al fuego. ”Se apostará -añadía el dictamen- por la educación para la sostenibilidad en el sistema educativo formal“ para promover ”cambios de valores y pautas de comportamiento“.
3. Persecución de la “delincuencia incendiaria”
Después de nuevas especulaciones sobre supuestas “tramas” y “terroristas” incendiarios durante los meses posteriores a los incendios, finalmente la comisión porpuso una batería de medidas para mejorar la “actuación contra la delincuencia incendiaria”. Gran parte de ellas pasaban por la aprobación de una ley que recibió luz verde definitiva pocos meses después, la de creación de la Policía de Galicia, pero que cuando ya ha pasado una década está incumplida de manera prácticamente íntegra. Así, el dictamen señalaba que esa futura policía gallega debería poder “asumir en exclusiva las competencias en materia de investigación, prevención y lucha contra los incendios forestales” sin perjuicio de establecer nuevos “mecanismos de coordinación e intercambio de datos” con otras fuerzas de seguridad locales y del Estado, así como con la Justicia.
En este ámbito la comisión también esbozó medidas que Feijóo ha vuelto a anunciar en las últimas semanas; concretamente, el refuerzo de las brigadas de extinción de incendios. Adicionalmente, abogaba por “mecanismos que garanticen el anonimato de los testigos” que conocieran la identidad de los incendiarios -la Xunta también apuesta por esto en la actualidad- y por modificaciones legales que permitieran “exigir la responsabilidad civil a los delincuentes que resulten condenados por delitos de incendios forestales”.
4. Desarrollo rural
Diez años después algunas de las propuestas en este campo también se repiten en los anuncios del Gobierno actual. Es el caso del “diseño de nuevos instrumentos legales que permitan la permuta, agrupación o explotación conjunta de parcelas rurales para hacer frente a la dispersión y al minifundio”, normativa en gran parte ya existente pero no desarrollada. Las conclusiones de la comisión veían necesarias también “modificaciones fiscales que faciliten la movilidad y concentración de la propiedad rural y forestal” y, sobre todo, “establecer, con carácter de urgencia, mecanismos administrativos que permitan a la Xunta conocer, definir y tutelar la superficie abandonada o de desconocidos”. La base de estas propuestas se puso con el Banco de Terras -banco público de terrenos- y, posteriormente, con las mencionadas leyes de movilidad de tierras y de mejora de la estructura territorial agraria. No obstante, la posibilidad de actuar en parcelas abandonadas o sin propietario conocido es presentada en este 2017 cómo una de las principales novedades tras la última ola de incendios.
5. Acción política
Vídeo divulgativo sobre el Banco de Terras editado por la Xunta en 2007
Las medidas políticas emanadas de aquella comisión de estudio se apoyaban fundamentalmente en el Banco de Terras, el instrumento para alquilar tierras abandonadas con la mediación de la Xunta creado entre duras críticas del PP, que lo enmarcaba en una política propia “de la Unión Soviética” aunque lo adoptó como propio cuando retornó al poder en 2009 e incluso lo ha dotado de instrumentos legales que en este 2017 asegura estar dispuesto a desplegar. Junto al Bantegal la comisión propuso la elaboración de dos leyes: la de incendios, aprobada en 2007, y la de montes, que vería la luz en 2012. Además, resaltó la importancia de “ordenar los cultivos agrarios y forestales, asignando la cada especie las localizaciones más idóneas” y “diversificar los usos del monte”, con la “creación de un mosaico de vegetación” con “mayor capacidad de defensa contra el fuego”.
6. Planificación
La comisión de estudio de los incendios de 2006 consideró imprescindible “regular las medidas de protección y de prevención de incendios forestales en las urbanizaciones y construcciones aisladas”, así como el “establecimiento claro y diferenciado de perímetros de seguridad alrededor de los núcleos rurales que limiten el combustible”. Sugería además “medidas para que la red de carreteras reciba una actuación de limpieza y desbroces de zanjas” que convirtiese estos propios viales en “cortafuegos” que frenaran las llamas en caso de incendio. Planes como estos, advertían, deberían venir acompañados de “instrumentos reforzados de vigilancia y control en el cumplimiento de la normativa”. En el año 2012 el Gobierno del PP redujo las franjas de protección de núcleos habitados que había establecido la ley de incendios de 2007, si bien ahora el propio Feijóo ha apostado por volver a ampliarlas.
7. Protección Civil
A comisión había concluido que Galicia se estaba enfrentando la una “nueva tipología de incendios”, más acercados a entornos habitadas, grandes núcleos de población y vías de comunicación. Por eso vio oportuno reforzar la coordinación en materia de emergencias, con órganos en los que participaran todos los diferentes niveles de gobierno. En la actualidad la Xunta dice estar dispuesta a dar pasos en ese sentido, si bien en la última ola de incendios volvieron a resurgir las críticas por, por ejemplo, descoordinación entre efectivos autonómicos y municipales. La comisión pidió también “mejorar y dotar de más medios” a Meteogalicia, el servicio meteorológico gallego, pero en los últimos años la Xunta ha hecho justo lo contrario, con una notable reducción del personal.
8. Medio Ambiente
Las recomendaciones de la comisión de estudio terminaban señalando la necesidad de “incrementar” los espacios naturales protegidos y de adoptar “medidas específicas dirigidas a la prevención” de estos frente a los incendios. Estos planes, resaltaba, deberían venir acompañados con la elaboración de un “mapa de riesgos” de los espacios protegidos, de una guía de actuación para prevenir la erosión en áreas afectadas por los incendios y de protocolos claros para la retirada de la madera quemada. Tras los incendios de este octubre el Parlamento aprobó por unanimidad instar la Xunta a elaborar un plan urgente de regeneración de entornos protegidos afectadas por el fuego.
