La Xunta oculta contratos que suman 800 millones en un año tras hacerlos públicos durante una semana
En el año 2015, en plena ola de casos de presunta corrupción ligados al PP y en vísperas de unas elecciones municipales que se preveían especialmente complejas para los populares, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció un “plan de impulso democrático” contra las prácticas corruptas que incluyó la aprobación de una nueva ley de transparencia para sustituir a la del año 2006, aprobada en tiempos del Gobierno de coalición de PSdeG y BNG. La nueva normativa trajo consigo novedades como la publicación de los salarios de los altos directivos de la Administración y también la difusión en internet de los contratos menores, las contrataciones de materiales o servicios que, por tener un importe reducido, la Xunta puede adjudicar directamente, sin organizar un concurso ni pedir más de una oferta. No obstante, este avance en la transparencia contractual traía aparejado un truco, dura solo una semana por contrato, y una consecuencia: es imposible recuperar el destino de más de 800 millones de euros públicos en un año.
Como informó Praza.gal, el Gobierno gallego da acceso a sus contratos menores a través de su portal de transparencia, que redirige a su web de contrataciones públicas. Esta plataforma permite realizar búsquedas detalladas y recuperar contratos de la Administración gallega a lo largo de los años con una única excepción, esos contratos menores, que son borrados una semana después de su publicación. Se pierde así el rastro de los contratos celebrados por un procedimiento que, según datos suministrados por el propio Gobierno gallego, es el que mayor volumen de fondos públicos sumó en el primer año en que esta información fue pública, el 2016.
Fue en ese año 2016 cuando los preceptos de la nueva ley de transparencia gallega tuvieron que combinarse con los del texto estatal, que obliga a las Administraciones a publicar anualmente datos estadísticos sobre el volumen presupuestario que absorbe cada tipo de contrato. En ese primer ejercicio la Xunta firmó 123.903 contratos menores a los que destinó 868,96 millones de euros. O, lo que es lo mismo, resulta imposible repasar qué empresas suministraron materiales y servicios a la Administración en operaciones que supusieron el 47% de los 1.845,9 millones de euros que sumaron todos los contratos de la Xunta en ese ejercicio económico.
Los contratos menores superaron en importe a los procedimientos abiertos -los concursos públicos más comunes, a los que puede concurrir cualquier empresa-, que en ese año rondaron los 808 millones y estuvieron muy por delante de los contratos por la vía del procedimiento negociado -a los que se invita a unas empresas determinadas-, con algo menos de 150 millones. El resto de procedimientos sumaron importes mucho menores.
La explicación que ofrece la Xunta para no mantener accesibles al público sus contratos menores es técnica. Desde el Gobierno gallego se argumenta que el número de contratos menores es muy elevado y genera un volumen de información muy amplio que no es posible mantener en el sitio web de contratos de la Xunta, donde los datos básicos de cada contrato son mostrados durante una semana para después ser borrados. El Ejecutivo transita así por la ambigua línea de la propia ley de transparencia, que indica que la información de los contratos menores debe ser publicada “por lo menos trimestralmente, en el portal web de transparencia”.
Sin ambargo, otras Administraciones públicas sobre las que pesa el mismo deber de informar a la ciudadanía sobre sus contratos menores optan por otras fórmulas de presentación de la información que les permiten mantenerla accesible a lo largo del tiempo. Es el caso de algunos ayuntamientos, que con periodicidad dispar publican en sus sitios web listados de contratos menores con la información básica de cada procedimiento y, una vez publicados, quedan disponibles para su consulta general. Así lo hacen, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santiago -con información desde 2014-, el Ayuntamiento de Lugo -con contratos menores publicados desde 2012- o el Ayuntamiento de Pontevedra -con información desde 2015-.
Información dispar para todo tipo de productos y servicios
Un vistazo a los contratos menores de la Administración gallega antes de ser borrados permite comprobar la multitud de áreas en las que actúa la Xunta en su actividad cotidiana. Pero también son muestra de la recurrente presencia de algunas empresas en estas contrataciones, de la elección de compañías de áreas geográficas de algunos altos cargos para suministrar productos a los departamentos que dirigen o del deficiente nivel de la información que es publicada durante esa semana en que los contratos son accesibles.
Entre estos contratos menores abundan los suministros habituales a todo tipo de centros administrativos -material sanitario o consumibles para fotocopiadoras, por ejemplo-, reposiciones de mobiliario de toda clase de importes o pagos por reparaciones, aunque también otros contratos más llamativos. Algunos ejemplos de los segundos en estos últimos meses pueden ser los 2.000 euros destinados por la Agencia Turismo de Galicia a sufragar el viaje de una banda de gaitas a la canonización en el Vaticano de Faustino Míguez, un sacerdote originario de Ourense, los 7.000 euros que pagó el Instituto Galego de Promoción Económica a la publicación Galicia en el mundo para la “cobertura informativa” de la visita de una “delegación de la Xunta a México” o los 5.900 euros que pagó la Consellería de Política Social por una conferencia de Josef Ajram, mediático broker de bolsa.
En el extremo contrario a estos contratos están otros de los que, durante su fugaz aparición en la plataforma pública, es imposible conocer en qué consisten exactamente. No en vano, entre los cientos de contratos menores que la Xunta publica cada semana para después borrarlos son muchos los que tienen como referencia conceptos difusos como “otro material”, “otros” o “productos alimenticios”, los que indican como objeto del contratos un simple número sin más datos o los que señalan como objeto de la contratratación el nombre del centro de la Administración al que va destinado el producto o servicio.
