La Xunta admite irregularidades en el pazo de Mario Conde y obliga a devolver la ayuda con la que fue rehabilitado
Mario Conde puede salir de la cárcel bajo fianza de 300.000 euros. El exbanquero y excandidato al Parlamento de Galicia por el partido Sociedad Civil y Democracia estaba en prisión desde abril por, presuntamente, haber blanqueado hasta 13 millones de euros procedentes del saqueo de Banesto. En la jornada de su detención uno de los escenarios de los registros policiales ordenados por el juez Santiago Pedraz fue la Casa Grande de A Cerca, el pazo en el ayuntamiento ourensano de A Mezquita que Conde había convertido en su retiro rural y que, como informó eldiario.es, ha ligado a la antigua estrella de las finanzas con la familia Baltar. Hasta hace dos años esa vivienda fue promocionada como casa de turismo rural desde la Xunta, que acaba de admitir irregularidades en la gestión del complejo y la exigencia de devolución de la subvención con la que fue rehabilitado a principios de siglo.
Tras la detención de Conde el PSdeG presentó en el Parlamento una pregunta en la que instaba a la Xunta a aclarar las irregularidades en el uso del pazo tras su rehabilitación, financiada parcialmente con una ayuda autonómica procedente, a su vez, de fondos europeos. El subsidio le había sido concedida al propietario de la casa, Gabriel Caldelas, antiguo hombre fuerte del PP en ese Ayuntamiento y, desde 2007, suegro de José Manuel Baltar tras la boda del barón popular con su hija, celebrada, precisamente, en la Casa Grande de A Cerca. No obstante, indicaban los socialistas, en 2009 “el señor Mario Conde incorporó el pazo a su patrimonio” y el recinto, de 400 metros cuadrados dejó de acoger reservas de turismo rural a pesar de existir, en virtud de la subvención, el deber de mantener el establecimiento abierto al público hasta el año 2015.
La respuesta a la pregunta formulada a la Agencia Turismo de Galicia entró en el registro del Parlamento este 13 de junio. En ella la Xunta ratifica que, efectivamente, la antigua Consellería de Innovación e Industria concedió al amparo de una orden de 1998, en tiempos de Fraga, una subvención “por importe de 20 millones de pesetas”, 120.000 euros, para la rehabilitación del pazo y la apertura en él de Casa Grande, para destinarla a turismo rural.
En 2013 Conde llevaba cuatro años disponiendo del pazo y en el sector del turismo rural crecían los recelos hacia la casa que nunca estaba disponible. La explicación oficial de Caldelas fue, en declaraciones a Faro de Vigo, que se la había alquilado a Barnacla S.L., una empresa de Conde que, decía Caldelas, arrendaba habitaciones a sus propios empleados. Según la información publicada entonces por eldiario vigués, la operación consistía en un alquiler con opción a compra que convertiría a Conde en propietario de la casa en 2015. Precisamente cuando expiraba el deber de tenerla abierta al público.
En el auto de prisión dictado del pasado abril el juez Pedraz cita Barnacla como una empresa “pantalla” empleada por Conde para “traer de vuelta a España dinero de origen ilícito” y, al mismo tiempo, para “el pago de gastos y nóminas estrictamente personales”. Entre ellos el magistrado detecta diversos pagos entre 2009 y 2013 “por importe total de 422.600 euros” a Casa Grande A Cerca S.L. y al propio Gabriel Caldelas en concepto de “alquiler y otros gastos”. Indica además la existencia de pagos de casi 300.000 euros entre 2010 y 2014 a otra empresa, Construcciones del Bal, con sede en la misma parroquia de A Mezquita y que, según Pedraz, “podrían estar relacionados con alguna reforma” en la casa.
Inspección y sanción
Fue en 2013 cuando una inspección de Turismo “comprobó” la “inactividad” de la Casa Grande A Cerca. En marzo, indica Turismo, fue cancelada su inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas, si bien siguió siendo anunciada por Turgalicia hasta finales de 2014-. En junio “se sancionó al titular del establecimiento” por “infracción administrativa grave en materia de turismo”, sanción que fue ratificada por los juzgados de lo contencioso-administrativo de Ourense.
Siempre según el documento de la Xunta, en el propio junio de 2013 “notificó el deber de proceder al reintegro de la subvención”, pero “el interesado formuló alegaciones” y en ellas comunicó que había iniciado un proceso contencioso-administrativo para intentar revocar la cancelación de su inscripción en el registro de empresas turísticas y, por lo tanto, reclamó no tener que devolver el dinero hasta que “resultara firme la vía contenciosa”. Los procesos judiciales finalizaron en la primavera de 2014 y Turismo emprendió “un expediente de reintegro de la subvención que es firme en estos momentos”. La devolución “debe ser realizada entre 2015 y 2019”, concluye el escrito del Gobierno gallego, en el que no especifica la persona o empresa a la que se refiere al hablar de “el interesado”.
