La Xunta despeja el camino para mantener una fábrica de papel a orillas de la ría de Pontevedra
El pasado viernes la Consellaría de Medio Ambiente le remitió a la Dirección General de Costas el informe sobre la planta de la pastera ENCE en Lourizán, a orillas de la ría de Pontevedra. El documento que, como se esperaba, defiende que la factoría cumple con todos “los preceptos y parámetros ambientales” y despeja un poco más el camino para que la instalación reciba una prórroga para su continuidad más allá de 2018. Costas, es decir, el Gobierno central, puede ahora tomar la decisión, y es probable que la autorización para que ENCE siga en la ría de Pontevedra llegue antes de final de año, antes de las elecciones del 20 de diciembre. Eso es, al menos, lo que temen los grupos contrarios a la permanencia de la planta y lo que, por el contrario, se pide desde la empresa.
El informe favorable de la Xunta era preceptivo (obligatorio) y “determinante”, aunque no vinculante. Incluso con un informe negativo, el Estado podría decidir a favor de la prórroga para la fábrica aludiendo a razones de “interés general”. El documento, además, se limita a confirmar que la planta cuenta con una Autorización Ambiental Integrada (AAI) en vigor y a fijar efectos y condiciones compatibles con esta AAI. En diciembre de 2013 el Gobierno gallego otorgó la actualización de la AAI por un período de cuatro años. Por lo tanto, fue ya en ese momento cuando la Xunta abrió las puertas a la continuidad de ENCE en Lourizán durante varias décadas más allá de 2018 (un máximo de 75 años, aunque es probable que la prórroga se conceda por 50 o 60 años).
Este nuevo paso hacia la prórroga en la presencia de ENCE en la ría de Pontevedra ha sido recibido con críticas pero sin sorpresa por los colectivos contrarios a la medida. Antón Masa, portavoz de la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), afirma en conversación con este diario que el informe favorable de la Xunta era “esperable”, y destaca que “una vez más el Gobierno actúa al dictado de ENCE”. “Es una muestra más de la connivencia entre el Ejecutivo gallego y ENCE, una connivencia que viene dada por los lazos políticos existentes, pero incluso por lazos familiares. No hay que olvidar que el director de ENCE Pontevedra está casado con la subdirectora general de Coordinación Ambiental de la Xunta, que entre sus funciones tiene la de tramitar los expedientes a las empresas contaminadoras”, señala.
Masa dice que “no sería extraño” que el Gobierno central conceda la prórroga antes del 20D y añade que “no descartamos que el Ejecutivo pueda hacerlo incluso después de las elecciones, con el Gobierno en funciones”. “Si concede la prórroga -concluye- sería una decisión poco ética. Pero probablemente, además, estarían prevaricando, porque hay razones suficientes para determinar la caducidad de la concesión. No se puede renovar una concesión que ha caducado”. Los colectivos contrarios a la continuidad de ENCE valoran ya la convocatoria de nuevas acciones públicas de información y protesta.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), señala que se trata “de un paso más en la estrategia diseñada por ENCE y el PP para consolidar la presencia de la fábrica en la ría, para condenar a los vecinos de Pontevedra a soportar por otros 60 años ese adefesio contaminante” y garantiza que “la lucha continúa” y, de hecho, las entidades sociales e instituciones integradas en la campaña 'ENCE fóra para sempre' [ENCE fuera para siempre] mantienen su actividad de actos públicos para informar sobre los efectos de la planta y de una posible prórroga. El propio Lores ha destacado que, ya que hay plazo hasta 2018 para adoptar la decisión, “lo razonable sería que no la tomara este Gobierno”, sin embargo incide en el interés del Ejecutivo en acelerar el proceso ante la posibilidad de que un cambio en el color político en La Moncloa pudiera dificultar la concesión de la prórroga e incluso llevar a una modificación de la Ley de Costas.
De igual modo Alternativa Galega de Esquerda ha denunciado que “el gobierno del señor Feijoo vuelve a dejar claro de qué lado está, vueve a evidenciar que no tiene palabra y que no tiene un proyecto alternativo para el futuro de este país” -Feijóo defendió durante años el traslado de la fábrica- y ha alertado de que “el Partido Popular tratará de apurar los plazos para dejar atado en favor de ENCE, todo lo posible ante un eventual cambio de gobierno del Estado”. AGE señala que la modificación de la Ley de Costas y “la recentralización de las competencias sobre quién tiene la última palabra sobre la concesión de la prórroga, que pasa a ser el Estado” han sido “decisiones conscientes” para “lograr el objetivo pretendido por la empresa”.
Finalmente, desde ENCE se celebra el paso dado por la Xunta y también la sentencia del Tribunal Constitucional que la pasada semana estimó parcialmente el recurso del PSOE contra la nueva Ley de Costas. El dictamen declara “inconstitucional”, entre otras disposiciones, la reducción de protección para la isla de Formentera y sus salinas, pero mantiene intacto el grueso de la norma, también los elementos que le han permitido a la empresa solicitar su continuidad en esta zona de protección del dominio público marítimo-terrestre.
