La Xunta creó puestos en oficinas de empleo para cargos del PP y los tuvo vacíos dos años
Hace cuatro años, en plena ola de austeridad, la Xunta suprimió las 34 fundaciones comarcales que había creado Manuel Fraga en los años noventa. Sus trabajadores temporales fueron despedidos y los indefinidos fueron trasladados a otros chiringuitos de la Xunta, incluidos la mayoría de los ex gerentes comarcales. Pero estos últimos, entre los que hay por lo menos media docena de cargos del PP, no se quedaron en la administración paralela sino que acaban de ser integrados como personal laboral fijo en la propia administración general, en puestos creados para ellos en oficinas de empleo de toda Galicia. Unos puestos que la Xunta creó en abril de 2014 pero que, en plena crisis y con las cifras del paro disparadas, mantuvo vacíos hasta ahora, vetando incluso que otros trabajadores pudieran ocuparlos de manera temporal a pesar de reconocer que era necesario cubrirlos.
El proceso para que los ex gerentes comarcales pasaran de los chiringuitos a la administración general de la Xunta se inició en abril de 2014, cuando el Consello de la Xunta autorizó la creación de una treintena de nuevas plazas en oficinas de empleo de toda Galicia, coincidentes en su gran parte con las mismas comarcas en las que trabajaban. Sin embargo, no fue hasta finales de ese año que se inició el proceso para que los ex gerentes pasaran de los chiringuitos en los que habían sido reubicados cuando se suprimieron las fundaciones a la administración general. Se hizo al amparo de la Lei 16/2010 de Organización y Funcionamiento de la Administración General Gallega (Lofaxga) y con el voto favorable de CSIF, CCOO y UGT, a través de una Orden de la Consellería de Facenda que les reservaba a los ex gerentes esas plazas creadas ocho meses antes y que aún tardarían otro año en ocupar efectivamente.
Durante ese tiempo, con los peores datos de paro de la crisis y críticas sobre el mal funcionamiento de los servicios públicos de colocación, esas plazas creadas para ellos en oficinas de empleo estuvieron vacías. Y eso a pesar de que la propia Xunta consideraba necesario cubrir esas plazas. Así lo admitía la Consellería de Facenda en enero del año pasado, cuando se inició el proceso para entregárselas a los ex gerentes: “La Administración tiene el deber de ubicar efectivos públicos donde son más necesarios, y hoy por hoy existe una demanda de personal en estas oficinas”.
La Xunta incluso impidió, según relatan fuentes de dos sindicatos distintos, que otros trabajadores pudieran cubrir de manera temporal esas plazas que consideraba necesarias y que tardaron dos años en ser ocupadas por los ex gerentes comarcales. Uno de esos casos es el de Enrique Negueruela, que fue asesor de la Consellería de Traballo con el bipartito y personal laboral de la Xunta, destinado en una oficina de empleo en Ordes desde hace veinte años. En julio de 2014, con las nuevas plazas en oficinas de empleo creadas tres meses antes pero sin que la Xunta hubiese iniciado el proceso que se las entregaría a los ex gerentes comarcales, Negueruela pidió formalmente su traslado temporal a una de ellas, en A Coruña. La Xunta no le contestó. Negueruela reiteró su petición de manera periódica, en enero, abril, julio, octubre y noviembre de 2015. Sólo esa última tuvo respuesta, negativa, el 26 de enero de 2016, con la integración de los ex gerentes ya resuelta.
Los argumentos de la Xunta
El único motivo que argumenta la Xunta para denegarle la petición es que esas plazas creadas en oficinas de empleo y vacías fueron reservadas para los ex gerentes mediante la Orden de diciembre de 2014, medio año después de su primera petición nunca respondida. Esto es, el Gobierno gallego tardó año y medio en contestarle que no amparándose en una Orden que no existía cuando realizó su primera petición. Negueruela acaba de presentar una queja ante el Valedor do Pobo y argumenta además que aquella Orden de Facenda que reservó esas nuevas plazas para los ex gerentes no puede situarse por encima del convenio colectivo del personal laboral de la Xunta en el que él se amparó para formular su petición.
Preguntada por la cuestión, la Xunta argumenta que el proceso de integración de los ex gerentes “es de gran complejidad” y que el Gobierno gallego “nunca entra a valorar la afiliación política de sus empleados”. Segundo dice, “las plazas afectas a un proceso de integración quedan reservadas para ese fin hasta que este proceso finaliza y se incorporan los profesionales integrados”. No indica la Xunta con amparo en qué normativa ni nada dice sobre las peticiones de otros trabajadores para ocupar temporalmente esas plazas que consideraba y sigue considerando necesarias mientras no fueran entregadas a los ex gerentes dos años después de su creación.
Así las cosas, el Diario Oficial de Galicia publicaba el pasado 30 de octubre los nombres de los 29 ex gerentes comarcales que ahora sí, dos años después, acaban de ocupar las plazas que les creó la Xunta como personal laboral fijo. En ese listado figuran cargos del PP como Salvador González Solla, ex alcalde de Ponteareas; Manuel Valín, portavoz popular en Ribadeo; Azucena González Loredo, edil también en Ribadeo; o Inés Monteagudo, portavoz del PP en Muros. El caso de González Solla fue llevado en enero del año pasado por Compromiso por Galicia ante la Fiscalía, pero esta rechazó investigarlo argumentando que sólo podía hacerlo se se lo pedía alguien perjudicado de manera directa. Si CxG quería denunciarlo tendría que hacerlo directamente ante un juzgado, lo que le supondría un coste económico.
Una selección dudosa en tiempos de Fraga
La integración como personal laboral fijo de la propia Xunta de los ex gerentes comarcales se produce a pesar de las dudas que existen sobre los procesos de selección que tuvieron que pasar para ser contratados inicialmente por cada fundación comarcal. En la primera convocatoria, de enero de 1998, del total de 22 puntos que podía recibir cada candidato, siete puntos se destinaban a la “valoración del curriculum” y otros cinco al resultado de una “entrevista personal”, mientras que sólo los restantes siete puntos se decidían por una “prueba tipo test de conocimientos específicos”. En cuanto al trabajo realizado después y su relación con la Xunta, en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hay sentencias que otorgan a algunos de los ex gerentes la condición de personal laboral fijo mientras que otras sentencias se la deniegan a otros.
En sus nuevos puestos en las oficinas de empleo, los ex gerentes que vean ahora rebajado su sueldo con respecto a lo que percibían antes seguirán recibiendo durante seis años un complemento hasta su equiparación definitiva. En 2008 sus sueldos al frente de las fundaciones comarcales oscilaban entre los 32.400 y los 51.700 euros brutos anuales.
