La censura de la Xunta a un informe sobre los recortes sanitarios multiplica su difusión
El Efecto Streisand es un mecanismo comunicativo por el cual el intento de censura o de ocultamiento de una información por parte de una persona o institución se vuelve en su contra, provocando el efecto contrario y haciendo que la noticia, a veces de difusión muy limitada en un principio, multiplique sus receptores debido a la denuncia de esa censura. El efecto lleva el nombre de Barbra Streisand desde que la artista denunció en 2003 a un fotógrafo por tomar una imagen aérea de su casa: la fotografía, en un comienzo intrascendente, dio la vuelta al mundo a consecuencia de la demanda judicial iniciada.
Cuando la pasada semana se hizo público que la Consellaría de Sanidad se había negado a difundir un informe sobre desigualdad en el acceso a la sanidad elaborado por la Comisión Gallega de Bioética, no eran muchas las personas fuera del ámbito sanitario que conocían la existencia de este órgano, y desde luego la audiencia de sus informes y recomendaciones no era masiva. Parece que la censura aplicada por el departamento dirigido por Rocío Mosquera, preocupado por el alcance de un documento crítico, consiguió exactamente lo contrario de lo que pretendía. Obligados finalmente a hacer público el informe, sus recomendaciones llenaron este jueves titulares y portadas en los medios de comunicación. Y, además, después de varios días de críticas y de desgaste, la conselleira ha tenido que aceptar una reforma en el funcionamiento de esta Comisión de Bioética, que ganará en independencia, al dejar de estar presidida por un cargo político.
La polémica torna más frágil la ya difícil situación de Mosquera, muy criticada por otros asuntos, como las situaciones de colapso en los centros hospitalarios o las promesas incumplidas para la dotación de servicios al Hospital de Lugo. En los últimos días el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha intentado distanciarse del problema creado, descargando la responsabilidad en su conselleira o negando que el informe se refiriera a Galicia, señalando que “ese informe no se refiere ni a la asistencia en el SERGAS, ni a su calidad. Es una opinión, muy respetable, del personal sanitario sobre determinadas normas estatales”.
El informe
¿Y qué dice el documento que tanta preocupación (y después tantos dolores de cabeza) generó en la Consellería de Sanidad? El informe “Desigualdad en la asistencia” se limita a concluir –al igual que en los últimos años lo han hecho muchas entidades sociales y colectivos médicos– que el RD 16/2012, que restringe el acceso a la atención sanitaria a varios colectivos, comenzando por las personas migrantes no regularizadas, incrementó la desigualdad sanitaria en España y en Galicia. El documento, aprobado el pasado 17 de septiembre, consta de un total de 16 páginas, pero su texto, muy sintético, ocupa tan solo cinco, en las que se analiza la situación de partida, se presentan los supuestos éticos de la cuestión y se ofrecen unas recomendaciones.
El informe concluye que el decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS “ha puesto en tela de juicio los principios de universalidad, equidad y gratuidad del modelo ético del Sistema Nacional de Salud, al garantizar la asistencia sanitaria completa únicamente de aquellas personas que tuvieran la condición de aseguradas o beneficiarias”. Y denuncia que se cuestiona “el valor superior de la igualdad, recogido en el artículo 1.1 de la Constitución española, y el derecho fundamental a la salud”.
El texto señala que una vez transcurridos algo más de dos años desde su publicación, sus efectos “se perciben como parcialmente paliados gracias al compromiso y al esfuerzo de los diferentes agentes y colectivos”, pero eso “no deroga esta norma con fuerza de ley, ni cambia su mandato”. “Más bien al contrario” –dice–, “la precariedad que genera esta situación y la denuncia permanente que acompaña al empeño de mitigar sus efectos en el ámbito sanitario, jurídico y social, no hacen sino reforzar la valoración negativa que la Comisión Gallega de Bioética comparte sobre dicha norma”.
La Comisión recuerda “el deber ético de mantener un sistema sanitario que no solo disminuya las desigualdades en salud, sino que trate de eliminar las desigualdades injustas. En definitiva, que las políticas sanitarias dictadas por la Administración sanitaria gallega se orienten hacia el objetivo de lograr la equidad”. En este sentido, detecta varias “fuentes favorecedoras de situaciones de desigualdad en la asistencia sanitaria”, algunas “instaladas en el sistema con anterioridad y con independencia de la publicación del Real decreto ley 16/2012”, y otras “directamente relacionadas con él”.
En consecuencia, pide “seguir profundizando en la detección y en el análisis de estas para atenuarlas y para procurar su eliminación”. Y concluye recomendando “que, en el marco de las competencias de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, se adopten y se apliquen las medidas que permitan el objetivo propuesto”. El texto se cierra diciendo: “Por esto, además del deber ético de dejar constancia de estas consideraciones ante la Administración sanitaria, se ve en el deber de proponerle que haga la adecuada difusión de este documento”. Una difusión que hasta ahora habían tenido, sin conflictos, todos los documentos aprobados por esa comisión.
El informe íntegro, inicialmente censurado por la Xunta
