La Xunta le da un millón más a la orden religiosa que dice “salvar” a personas con discapacidad
La “apuesta de la Xunta de Galicia por la atención a la discapacidad” y por “mejorar la calidad de vida de este colectivo” es la justificación oficial del Gobierno gallego para realizar una nueva aportación económica a la Casa Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey Esclavas de la Virgen Dolorosa, centro que ya ha venido subvencionando en los últimos años a pesar de incumplir hasta cuatro normativas oficiales distintas para desarrollar este servicio. Si bien es cierto que ya el Gobierno bipartito (PSdeG-BNG) le dio fondos a esta orden -20.000 euros para unas reformas en su centro de Mos a través de una convocatoria abierta de subvenciones, por ejemplo-, no lo es menos que el actual Gobierno lo viene haciendo con profusión a través de aportaciones directas, con convenios que entre 2011 y 2013 superaron los 2 millones de euros, a los que ahora se añaden 1,08 millones pero por la vía del contrato. Según la propia orden, su labor no solo es atender, sino también “salvar” a las personas a las que asisten.
En su reunión del pasado jueves, el Consello da Xunta autorizó a la Consellería de Bienestar para destinar esta cantidad a un “procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad” con las mencionadas Esclavas de la Virgen Dolorosa. Esto, según las normas que rigen la contratación pública, quiere decir que el Gobierno gallego decide contratar plazas de “atención residencial terapéutica para personas con discapacidad intelectual” porque no hay ninguna entidad o empresa más que realice este mismo servicio, algo que parece difícil de aplicar en este caso, dadas las múltiples entidades con y sin ánimo de lucro que trabajan en dicho ámbito.
Bajo esta fórmula a dedo la Xunta contrata, concretamente, 60 plazas que Bienestar denomina como “públicas” y que le salen al erario por unos 18.000 euros cada una. Todo parece indicar, además, que el Ejecutivo prevé que el contrato sea prorrogado en años siguientes, toda vez que ya estima que aportará a las religiosas alrededor de 8,4 millones de euros en ejercicios futuros. La operación, según el Gobierno, no hace más que “dar continuidad a la colaboración que se lleva manteniendo con este centro desde hace muchos años”.
“Salvar” a personas discapacitadas y “rehabilitar” a madres solteras
A pesar del carácter puramente técnico con el que la Xunta presenta a esta organización, lo cierto es que un vistazo a sus principios inspiradores permite concluir que su ideario va mucho más allá de dar servicio a quien lo necesita. Así, según la información publicada sobre su centro, que la orden sitúa en Creciente -en referencia al ayuntamiento de Crecente-, las monjas y demás personal realizan una “acogida, ayuda y atención directa a cada niña según sus propias necesidades” y “para salvarlas no se escatima medio ninguno”. El objetivo, dicen, es ofrecerles una vida “digna dentro de sus marcadas limitaciones”.
Si bien el centro de Crecente está especializado en personas con discapacidad, esta congregación explica que su “carisma fundacional” está encaminado a la “atención y rehabilitación de las madres solteras”, ofreciéndoles “la capacitación para una vida de trabajo honrado”. En el caso de las jóvenes “incapacitadas intelectualmente”, la idea es “preservarlas de posibles peligros y salvaguardar su dignidad humana y cristiana en el ambiente del hogar de nuestras casas”. Las Esclavas, explican, siguen el “modelo supremo de apóstol verdadero” y todo lo que hacen, incluyendo la labor pagada con fondos de la Xunta, se encuadra en el lema “Todo por Jesús y por las almas”.
