Cinco preguntas y respuestas para no perderse en la operación Patos
Una decisión judicial sacude por enésima vez la política gallega. El auto en el que la jueza María del Carmen García Campos dispone la imputación de 46 personas -todas las solicitadas por la fiscalía, menos tres- en el caso Patos ha traído consigo la confusión que suelen implicar este tipo de macrooperaciones, más todavía cuando, como en este caso, afectan a empresarios, técnicos y, sobre todo, políticos de distinto signo. Posiblemente la imputación más mediática de todas la decididas es la del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, por llegar justo cuando acaba de ser elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). No obstante, la magistrada investiga también a gran parte de la cúpula del PP de Pontevedra y a la delegada de la Xunta en Vigo, entre otros cargos. Estas son algunas de claves que pueden servir como guía en el caso.
1-¿Cuándo comienza?
Las peticiones de la Fiscalía y el auto de este viernes no han sido, ni de lejos, los primeros episodios de una operación que estallaba en febrero de 2014, cuando varias comitivas judiciales y policiales irrumpían en diferentes instalaciones públicas y privadas en Vigo, Pontevedra, Santiago, Ourense, Nigrán y Ponteareas. Fueron, en total, 17 registros, entre ellos los de dependencias municipales de Vigo y Pontevedra, la delegación viguesa de la Xunta y la autoridad portuaria de la misma ciudad, y la sede de la Diputación de Pontevedra. Además, se registraron las sedes de empresas como la compañía de servicios de jardinería Cespa, Enalvi, Intermediación Medioambiental y, sobre todo, la constructora Eiriña. En aquel primer movimiento fueron detenidas cuatro personas ligadas a Cespa y el entonces concejal de obras de Nigrán, José Álvarez (PP).
2-¿Qué investiga?
Como en otras de las operaciones judiciales desarrolladas en los últimos años en Galicia y otros puntos del Estado, la investigación se centra en presuntas irregularidades centradas en concesiones públicas y en supuestos delitos de prevaricación, soborno y tráficos de influencias de políticos y responsables públicos para beneficiar a las empresas supuestamente implicadas. Concretamente, según ha trascendio en las últimas semanas, se investiga la legalidad de una cuarentena de adjudicaciones de la Xunta, la Diputación de Pontevedra y los ayuntamientos de Vigo, Nigrán, Santiago, Pontevedra y Ponteareas, que durante casi una década han sumado alrededor de 40 millones de euros
3-¿Cómo actuaban?
Según los informes de la Policía, la intermediación del responsable de Eiriña, Enrique Alonso Pais, estaría el centro de toda una red de adjudicaciones “irregulares” conseguidas gracias a la intermediación con responsables políticos. Siempre según la investigación, la empresa constructora maniobraba para que en los diferentes procedimientos de contratación participasen las compañías que consideraba oportunas, amañando así los procesos y determinando su resultado. La legalidad de los procesos, dice la Policía, era solo aparente, ya que las adjudicaciones eran “arbitrarias e injustas”.
4-¿A quiénes afecta?
Tras los primeros cinco imputados de 2014, el auto de este viernes eleva la cifra de personas presuntamente implicadas al medio centenar. Al alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero (PSOE), la UDEF le atribuye la recepción de reloj Montblanc en 2010 y de una pluma estilográfica en 2009. También se atribuye la recepción de un reloj al líder del PP en Pontevedra, Rafael Louzán, a quien la investigación relaciona además con supuestos amaños de contratos de obras en tres campos de fútbol y pequeñas obras en varios ayuntamientos durante su etapa como presidente en la Diputación de Pontevedra, que encabezó hasta el pasado junio. La investigación atribuye igualmente regalos de las empresas e influencias al exlíder del PP vigués, José Manuel Figueroa.
Además de las imputaciones en el ámbito de la Administración local, como las de los concejales socialistas de Vigo Ángel Rivas, David Regades e Isaura Abelairas, esta investigación salpica también al gobierno gallego en la persona de su delegada en Vigo, María José Bravo. Según ha publicado Faro de Vigo, los investigadores le atribuyen a Bravo Bosch “predilección” por adjudicarle obras a Eiriña en su calidad de persidenta del Consorcio Casco Vello de Vigo. Además, la Policía interceptó mensajes de la delegada dirigidos al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en los que la delegada le exponía al líder del PP problemas de diversos empresarios con contratos, créditos y pagos pendientes, o le consultaba la idoneidad de acudir a una comida con el responsable de Eiriña.
5-¿Cómo han respondido los políticos?
Tras conocerse que la Fiscalía pedía su imputación el regidor vigués ha asegurado que nunca llegó a recibir y el reloj y que la pluma fue devuelta tras serle entregada. “Pongo la mano en el fuego por mí”, advirtió al ser preguntado por las posibles responsabiidades de sus concejales. Louzán, que ahora ostenta la presidencia de la Federación Gallega de Fútbol, niega igualmente haber recibido regalos de empresas “más allá del detalle de cortesía” -la jueza fija ese límite de la cortesía en 600 euros-. La delegada de la Xunta, por su parte, se ha declarado “sorprendida” pero “tranquila”, ya que, asegura, no ha adjudicado contratos a Eiriña. Mientras, el presidente de la Xunta ha negado que participase en “chanchullo” alguno y, además de anunciar un informe sobre los contratos con las empresas investigadas, ha justificado los mensajes con Bravo Bosch señalando que “si es delegada del Gobierno, tendré que tener contacto con ella”.
