El conflicto sanitario de Vigo se le enquista a Feijóo en la calle
Sucedió en septiembre de 2015 y ha vuelto a suceder este jueves. La multitudinaria protesta que a finales del pasado verano rechazó en la calle el caótico estreno del nuevo hospital de Vigo puso en primer plano un conflicto que, casi un año después, parece seguir igual de vivo. El modelo público-privado con el que se construyó y puso en marcha el Álvaro Cunqueiro, las deficiencias en su gestión, el futuro de las instalaciones del Meixoeiro o los problemas en la atención primaria han sido sólo algunos de los motivos que han llevado a decenas de miles de personas de Vigo y de su entorno a responder al llamamiento de la Junta de Personal del área sanitaria y de la plataforma SOS Sanidade Pública.
“Sanidad pública y de calidad” o “queremos hospital, no centro comercial” han sido algunas de las consignas más reiteradas en una protesta en la que no se ha obviado, ni de lejos, la cercanía de las nuevas elecciones generales y, sobre todo, de los comicios gallegos de octubre. “Vigo es la tumba del PP”, se escuchó durante una protesta encabezada por profesionales del sector sanitario y representantes del personal del CHUVI, pero en la que también ha estado presente el alcalde de la ciudad, Abel Caballero (PSOE), así como representantes de las fuerzas políticas de la izquierda, como el portavoz de AGE y líder de Anova, Xosé Manuel Beiras, la portavoz nacional y candidata del BNG a la Xunta, Ana Pontón, o la 'número tres' de Podemos, Carolina Bescansa.
Si en la marcha del pasado año gran parte de las exigencias podían resumirse en la reclamación de que la entonces conselleira de SanidadE, Rocío Mosquera, dejara su puesto -fue destituida apenas un mes después-, el nombre propio más reiterado en la manifestación de este jueves ha sido el de uno de sus hombres de confianza, Félix Rubial. Al gerente del área viguesa se le acumulan los frentes abiertos, toda vez que más allá de los asuntos de la gestión del Cunqueiro y de los centros dependientes de él se le reprocha también lo sucedido con los tratamientos de la Hepatitis C que dependieron de él cuando ejerció como responsable de Asistencia Sanitaria del Sergas, los mismos que lo mantienen inmerso en una investigación judicial.
El cese de Rubial fue reclamado durante el desarrollo de la masiva marcha y también en el acto final, en la Puerta del Sol, donde el periodista Eduardo Rolland le puso voz al manifiesto. Los recortes introducidos en el proyecto inicial del nuevo hospital, dicen las organizaciones convocantes, “han acentuado los déficits sanitarios que llevamos padeciendo desde hace ya demasiados años”. De las “más de 2.000 camas” previstas “habrá finalmente 1.260” mientras la entrada del sector privado, afirman, “han convertido el nuevo hospital en una gran superficie comercial incapaz de satisfacer las necesidades de atención especializada en la ciudadanía”.
La protestas afectan a la hospitalización y a la medicina especializada, pero también a la atención primaria por la que consideran “mala planificación de la asignación territorial de los centros de salud” y por la paralización del plan del Sergas destinado a mejorar este campo sanitario. “Esta situación -dice el manifiesto- genera una importante saturación asistencial, dado que más del 50% de los centros de salud” tienen asignadas más de 35.000 tarjetas sanitarias, “mientras que la escasez en la equipación de recursos diagnósticos y terapéuticos reduce la capacidad resolutiva”.“El cierre de centros, las limitaciones del nuevo hospital y la necesidad de completar la oferta asistencial precisan de nuevos espacios en el área”, y estos no son otros que “los que han quedado vacíos tras el traslado”, dicen.
En este escenario hay, no obstante, una “buena noticia”. “Es posible -mantienen- rescatar nuestra sanidad pública si todas y todos decidimos hacerlo”. Así, mantienen que, como viene proponiendo la oposición parlamentaria, “se podría reintegrar el nuevo hospital al sistema sanitario público” partiendo de las “irregularidades” cometidas, dicen, contra la ley de contratos del Estado en la contratación público-privada. Es necesario, dicen, que “una comisión integrada por todos los sectores implicados” aborde ya el trabajo.
