El ocaso corrupto de Benposta, un oasis de libertad durante el franquismo

Una “república democrática e independiente” en plena España franquista, formada por niños huérfanos, hijos de la posguerra y del exilio gallego. El sueño de un cura, Jesús César Silva Méndez, conocido como el Padre Silva, vio la luz en 1966. Compró unos terrenos a escasos kilómetros de Ourense, más de 14 hectáreas de bosque huraño, la finca Benposta, donde levantó una ciudad que contaba con sus propias leyes, una televisión, acuñaba las coronas (su moneda) y celebraba elecciones libres.

Su proyecto vital, una entelequia educativa de redención cristiana, pero de marcado carácter revolucionario, acogió a más de 50.000 “muchachos”, como los bautizó. Años después alcanzaría la fama como uno de los mejores circos de Europa y el sueño de Silva, convertido ya en una suerte de mesías que apadrinaba a niños desfavorecidos de todo el mundo, se reprodujo en más de 12 países.

Pero todo cambió en 2004. Una guerra de guerrillas en la Asociación Nación de los Muchachos, el órgano de gobierno, hizo saltar por los aires los cimientos de Benposta. Desde entonces, Silva vivió sus últimos años, hasta su muerte en 2011, obsesionado con salvaguardar su legado, que agoniza hoy entre deudas, sospechas de especulación y denuncias.

El principio del fin

El Padre Silva atajó por la fuerza el conflicto. Expulsó a los insumisos y decretó el cierre del centro escolar, sin contar con la preceptiva aprobación de la Xunta. Cuando la Inspección Educativa descubrió que los menores vivían en una situación de abandono, ordenó su traslado inmediato.

El ambiente se había tornado hostil. Niños desharrapados, mal alimentados y viviendo en instalaciones destartaladas; insultos, amenazas de deportación, coacciones y chantajes. “No muerdas la mano que te da de comer”, solía repetirles Silva, que había impuesto su particular sistema de vasallaje.

Al menos una docena de testigos, desde el anonimato, relatan casos de abuso y maltrato de menores. Hechos que fueron investigados en 2009 por el Vaticano, que envió a la Congregación para la Doctrina -sucesora de la Inquisición- para entrevistar a veinte implicados. Nunca se conoció el desenlace de las pesquisas.

Traspaso de poder

La expulsión de los disidentes escondía sin embargo un traspaso de poderes. Quienes habían manejado la operación con Silva copaban la directiva de una Fundación sin ánimo de lucro, que se hizo con el control de Benposta. Entre otros, Antonio Martínez ‘Toni’, su hijo pródigo; Juan Antonio Villar, al que había expulsado; y Luis Fernández, su abogado. Los tres se convirtieron primero en sus lugartenientes y, tras su muerte, en sus herederos. El objetivo de esta “sucesión de empresas”, según el Juzgado de lo Social de Ourense, era esquivar más de tres millones y medio de deudas, entre ellos la Seguridad Social, a la que adeudan cerca de dos millones por impagos desde 1975.

Amenaza de embargo

La amenaza de embargo, que rondaba durante años Benposta, era inminente. La única salida, según Silva, era vender la finca, que se convirtió en el pecado original de este cura que predicaba contra la propiedad privada. Para ello donó los terrenos a la nueva Fundación, cuando ya habían sido cedidos a la Asociación en 1988, aunque en el registro de la propiedad (que no es obligatorio actualizar) seguían a su nombre. Tras dos intentos frustados por el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura, Silva y sus acólitos firmaron un contrato de compraventa de la finca con la empresa Promociones Nova Benposta. La operación se realizó a espaldas del organismo público y las irregularidades del acuerdo paralizaron el proyecto urbanístico. Pero el comprador, Roberto Rodríguez López, había adelantado dos millones de euros por unos terrenos hipotecados que, a día de hoy, no son suyos. Ingresos suficientes para que la Fundación levantara sus deudas.

El destino del dinero

“Lo destinamos a seguir viviendo, pagar créditos con bancos y para las Benpostas de Colombia, Venezuela y Haití”, aseguraba Toni ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense. Los representantes legales de Colombia y Venezuela niegan esas transferencias, mientras que el proyecto de Haití ni siquiera existe. El destino del dinero de la venta se pierde en un mar de cuentas bancarias, cheques al portador y movimientos entre los directivos, que por ley ocupaban sus cargos sin remuneración. Un día después de los últimos ingresos, el Padre Silva y Toni, únicos autorizados en las cuentas, trocearon en varios cheques de 20.000 y 50.000 euros el traspaso. En menos de seis meses, la Fundación Benposta pasó de tener cientos de miles de euros a apenas 400 en su cuenta principal.

Sus finanzas personales también levantaron sospechas. Silva movió en esas fechas grandes sumas, aunque sus únicos ingresos oficiales eran 500 euros de pensión. En 2007, transfirió más de 100.000 euros a una cuenta de Toni, que gestionó en ella hasta 315.000 euros entre 2005 y 2008. Un patrimonio muy elevado para alguien que vivía desde la infancia en Benposta, sin trabajo conocido y sin sueldo en su cargo. En tres años, el dinero se esfumó en compras en conocidas tiendas, viajes o un apartamento en Madrid. Y tampoco se reinvirtió en una Benposta casi deshabitada o en el pago de deudas. En esos años, la Cruz Roja les facilitaba alimentos y, desde 2009, pasaron casi dos sin electricidad por impago hasta que el Padre Silva enfermó. Sus últimos días estuvo postrado en una cama, sin poder hablar, dejando su testamento vacío.

Benposta, al borde de la intervención

Las disputas nunca han abandonado la ‘Nación de los Muchachos’, un terreno abonado para los rencores. Los tres herederos de Silva son tachados de “mafiosos” por antiguos benposteños. Su intención ahora, aseguran, es explotar la finca para eventos, despúes de alquilarla con éxito para dos festivales. Sin embargo, la Fundación Benposta tiene pendiente una sentencia judicial de 2011, sólo 20 días después de la muerte del cura, donde se declararon nulas las decisiones de 2004. Los patronos deberán aclarar además al Protectorado, al que deben rendir cuentas anualmente, dónde se fue el dinero de la venta fallida, las irregularidades en todos sus balances económicos y por qué no se pagó hasta la actualidad la deuda de dos millones con la Seguridad Social. Si son incapaces de justificar estos hechos, advierten fuentes del organismo, Benposta será intervenida.