El Estado confirma que discrimina a un trabajador de Navantia por ser militante de IU
Xaquín García Sinde es trabajador de Navantia Ferrol, dirigente sindical y militante de Izquierda Unida. El pasado año el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le denegó (a él y la otros cuatro empleados del astillero) la habilitación personal de seguridad imprescindible para realizar su trabajo en la parte militar de las instalaciones. La denegación se había realizado “sin fundamentarse el motivo”, como denunciaba Ignacio Naveiras (CC.OO.), portavoz del comité de empresa, siendo la primera vez que esto sucedía.
En las notificaciones oficiales solo se hacía referencia a que el trabajador “no reúne los criterios de idoneidad” señalados en la norma NS/02 de la Autoridad Nacional de Seguridad Delegada, es decir, que el empleado en cuestión había demostrado “de obra o palabra, falta de honradez, deslealtad, falta de fiabilidad, no ser de confianza, o indiscreción”. Sin embargo, tanto García Sinde como los restantes excluidos llevaban décadas trabajando en Navantia con información sensible y nunca habían sido sancionados. Xaquín García Sinde decidió denunciar al CNI, ganando la demanda ante la Audiencia Nacional, que en una sentencia firme anuló la decisión y obligó a redactar una nueva respuesta fundamentando esta negativa.
En el momento en que se produjo el primero veto, García Sinde señalaba que “yo, como toda la gente en Ferrol, tengo claro que esto es una represalia por mis ideas y por mi militancia y mi activismo político”. Pues bien, hace sólo unos días ha recibido una nueva respuesta por parte del Ministerio de Presidencia en la que, esta vez sí, se justifica la denegación del acceso por un motivo concreto. Y, efectivamente, tenía que ver con sus ideas y militancia política.
“El señor García Sinde ha demostrado una continuada participación en organizaciones y grupos cuyos ideales defienden una estrategia revolucionaria: de clase, anticapitalista e internacionalista”. La comunicación añade que “si bien esta participación es lícita, se considera discordante con la protección de la información clasificada que el Ministerio de Defensa español le cede a la industria para sus desarrollos armamentísticos”.
Para el afectado, “están reconociendo abiertamente que es un veto político e ideológico. Ellos reconocen que no hago nada ilegal, que mis actividades políticas son lícitas, pero no les gusta mi ideología”. Señala que lo sucedido “es un síntoma más de la deriva y la mentalidad autoritaria del Partido Popular”, recordándole “los tiempos de la Guerra fría o de Franco en los que aquellas personas que habían tenido ideas comunistas eran sospechosos y considerados un peligro para la seguridad nacional”. “Es una actuación propia de la policía política de una dictadura. Que alguien me explique cuál es la diferencia con esa etiqueta que te colocaba el Franquismo de 'desafecto al régimen'”, añade.
“La ley mordaza, la persecución a sindicalistas, las multas a manifestantes, los preferentistas..., todo para intentar crear un clima de miedo, para evitar las protestas. Es una muestra de que el PP no ha asumido la democracia, porque la democracia no es 'yo te dejo pensar lo que quieras, pero después atente a las consecuencias', la democracia es poder pensar lo que quieras y que después eso no tenga consecuencias”, señala.
García Sinde afirma que volverá a denunciar su situación ante la justicia. Ha explicado también su caso en el Parlamento gallego, acompañado por Yolanda Díaz, viceportavoz de AGE. Díaz ha informado de la presentación por parte de su grupo parlamentario de diversas iniciativas en las que se pregunta a la Xunta qué medidas va a tomar para amparar los derechos políticos y constitucionales de este trabajador y qué medidas va a poner en marcha para evitar que una situación semejante pueda suceder nuevamente.
