La 'onda expansiva' de Conde Roa sume a Santiago en el descontrol
“Hoy hay en Compostela un ciclo político que se acaba, unos gobernantes cuyo horizonte es la resistencia, y una pareja mal avenida que se limita a soportarse”. “Todo eso es de sobra para una ciudad que se conforma, no para una sociedad que sigue caminando, por eso en Santiago hay que pasar página y darle entrada a un aire nuevo”. Estas reflexiones, que bien podrían salir en la actualidad de un miembro de la oposición municipal en Compostela, se escucharon el 11 de mayo de 2011 en un hotel capitalino de Galicia. Quien las pronunciaba era Alberto Núñez Feijóo que, en un acto electoral, pedía el voto para Gerardo Conde Roa, un candidato con “experiencia, ideas y, sobre todo” un aspirante para quien “ser alcalde” no es “un oficio estable, sino un reto apasionante”. Menos de dos años después aquellas palabras podrían ser consideradas premonitorias, pero con unos protagonistas bien diferentes.
Las críticas que el líder conservador les lanzaba entonces a PSdeG y BNG son las mismas que, con matices, recibe ahora el PP local, que ostenta el gobierno en el Ayuntamiento con mayoría absoluta, ganada por algo menos de veinte votos. Tras aquellas elecciones Conde Roa logró el bastón de mando y, efectivamente, la Alcaldía no fue para él un “oficio estable”. No en vano, nueve meses después abandonaba el poder por la puerta de atrás, empujado por sus deudas con Hacienda, que había contraído por financiar su empresa con dinero que había cobrado en concepto de IVA. Podría “resistir” pero Santiago “no merece un alcalde que esté en la situación en la que estoy”, declaraba ante la prensa al anunciar la dimisión, el 16 de abril de 2012.
Con el alcalde fuera de juego todos las miradas se dirigieron a quien era considerada su sustituta natural, la edil y también diputada Paula Prado, que había sido número dos en la candidatura municipal y que además parecía lanzada hacia la Alcaldía en caso de que la controversia política, económica y personal de su jefe de filas terminara en dimisión. Pero Conde Roa jugó sus cartas en la sucesión ante Alberto Núñez Feijóo. Él se marchaba, pero lo hacía dejando en el puesto no a Prado, sino al edil de Educación y ex gerente de la Ciudad de la Cultura, Ángel Currás. Ese fue el pacto y, a pesar de la precariedad de sus apoyos en el seno del grupo municipal del PP, Currás tomó posesión como nuevo regidor el 17 de abril.
Sin levantar entusiasmo alguno entre los propios y mucho menos entre los ajenos, el bajo perfil político de Currás le permitió ir navegando desde el poder local hasta el 3 de enero de este año, cuando la jueza Pilar de Lara lo llamó a declarar en su juzgado de Lugo en calidad de imputado en la operación Pokémon. La magistrada cree que Currás podría haber beneficiado la empresa Vendex, centro de la investigación, en la adjudicación de una escuela infantil gestionada por una de sus filiales. Después de conocerse la imputación el regidor descartó dejar el puesto. Lo hizo en una rueda de prensa en la que sólo estuvo apoyado por cuatro de los doce ediles que, además de él mismo, forman el grupo municipal popular.
Informe amañado, pérdida de apoyos y declaración
Con la posición política de Currás aun más debilitada llegó el día de la declaración, fijada para este jueves, 17 de enero. Antes de partir a Lugo el regidor compostelano se desayunó con la noticia de que La Voz de Galicia daba cuenta de la existencia de un informe amañado sobre pagos a la filial de Vendex por parte del Ayuntamiento. Según esa misma información, Currás intentó forzar que Rebeca Domínguez, la concejal que lo sustituyó como responsable municipal de Educación, firmara ese documento, pero ella se negó al enterarse de que era falso, en un episodio de gran tensión que evidencia la crispación en el seno del gobierno local.
A pesar de todo esto, tras prestar declaración Currás les explicó a los periodistas que esperaban por él que “ya manifesté en su día que considero que no hice ninguna irregularidad, ni nada que sea delictivo”. “Tengo la conciencia tranquila” y por eso “no me planteo dimitir”, explicó. Poco antes, desde Compostela, Feijóo se mostraba “convencido” de que el alcalde iba “a poder explicar las cosas” ante la jueza y le recomendaba declarar “con intensidad, con tranquilidad y diciendo la verdad de todo lo que le pregunte”. “El partido -subrayaba- actuará en consecuencia una vez que tengamos conocimiento del alcance y contenido de esa declaración” o, lo que es lo mismo, una vez que se supiera si la jueza imponía o no medidas cautelares, algo que finalmente no sucedió.
En cualquiera caso, Feijóo defiende que “el gobierno de Santiago está funcionando” y sus responsables “están gobernando”. Así y todo, en el entorno del presidente no se oculta la preocupación por el bloqueo institucional del Ayuntamiento capitalino, logrado por primera vez por el PP tras más de dos décadas de intentos fallidos. La continuidad de Currás, cuya debilidad política está acentuada con la imputación, puede derivar en un enfrentamiento aún mayor en el PP local. Su marcha implicaría el inédito episodio de que la ciudad tenga tres alcaldes del mismo partido en menos de dos años.
“Precintado por corrupción”
Mientras Ángel Currás declaraba en los juzgados de Lugo un colectivo ciudadano convocaba a la prensa frente al Ayuntamiento de Compostela para “precintarlo” simbólicamente “por corrupción”. Aseguran que el hecho de que la ciudad vaya “camino del tercer alcalde” en un sólo mandato exige la “disolución de la corporación municipal” por “una Compostela transparente y participativa”. Esa reclamación la llevarán a las calles de la ciudad el próximo domingo, con una manifestación.
