Así funcionaba la “caza de dinero público” en la trama Zeta de falsos cursos de formación

“Un sistema organizado y coordinado para conseguir fondos públicos, falseando requisitos, condiciones y documentos con tal fin, y una vez obtenidos estos fondos, malversándolos con pactos ilícitos para su reparto y posterior uso privativo”. Así resume la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía la base de la Operación Zeta, la presunta trama de “fraude premeditado” de subvenciones y contratos públicos que, supuestamente, tenía como núcleo las empresas y asociaciones del empresario coruñés Gerardo Crespo. Esta “operativa ilícita” giró “permanentemente en torno a un fraude premeditado” basada en “falsedades” que, para los investigadores, estuvo facilitada en buena medida por la “inacción en el control” por parte de las Administraciones públicas, tanto de las estatales como, especialmente, de la Xunta.

La investigación del caso tiene conocimiento de esta “comisión de conductas fraudulentas de naturaleza penal”, que da por “plenamente confirmadas”, tras la denuncia de dos ex empleadas de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (CAYPE). Tal como consta en el sumario del caso, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, el caso explota no por la actuación del Gobierno gallego ante la Fiscalía, como está sugiriendo el presidente de la Xunta en los últimos días, sino por la exposición “de un conjunto de irregularidades” observadas por estas personas “en la obtención y justificación de subvenciones públicas” que llevó a los agentes hasta el grupo Azetanet, encabezado por Gerardo Crespo.

Con estas primeras piezas sobre la mesa, los siguientes pasos le sirvieron a la UDEF para considerar que Crespo “gestionaba un conjunto de fundaciones o asociaciones de defensa de autónomos discapacitados”, supuestamente sin ánimo de lucro, que realmente tenían como “única actividad ser solicitantes y beneficiarias directas de subvenciones”. El dinero público era solicitado por entes como la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad (FUNDEFO), la Asociación de Empresarios Discapacitados de Galicia (AED Galicia) o la Asociación de Trabajadores Autónomos Discapacitados de España (ATRADE), entre otras. Los pinchazos telefónicos, dicen los agentes, muestran cómo Crespo “daba órdenes a sus empleados para crear nuevas entidades asociativas ficticias” que estaban, en última instancia, bajo su “permanente supervisión”.

El 'modus operandi'

En este contexto, las siglas de unas y otras entidades eran, prácticamente, lo de menos. Siempre según los informes contenidos en el sumario, las organizaciones sin ánimo de lucro que presidía Crespo obtenían subsidios para la formación y, acto seguido, sus propias empresas “ejecutaban de manera subcontratada la formación subvencionada”, lo que para la Policía es una “clara contravención” de la ley de subvenciones. Esta manera de proceder era “un medio de alimentar la actividad del grupo empresarial” de Crespo “y por lo tanto, su patrimonio final”, toda vez que “todos los ingresos de unas y otras iban a la misma caja”. Como CAYPE, resaltan, “estas entidades no tenían ninguna actividad asociativa”. Su “verdadero propósito” era “la caza de dinero público”.

Junto a este circuito entre empresas y asociaciones de Crespo, figuran otras piezas de la supuesta trama: los “clientes externos”. Se trata de entidades receptoras de subvenciones para la formación, que la contrataban con las empresas de Crespo. Estas, por su parte, les devolvían una parte de lo que inicialmente les cobraban, toda vez que no les habían prestado “ningún servicio”. Lo que iba y venía era, en todo caso, dinero público, si bien las “devoluciones” tenían formas diversas: “en metálico”, con la “emisión de facturas falsas” o en “dádivas de distinta especie” que llegaban hasta el 50% del total de la subvención, lo que “le permitiría a Gerardo captar clientes receptores de sustanciosas subvenciones periódicas y a estos, la obtención de importantes cantidades económicas procedentes inicialmente del erario”.

Y, ¿quiénes eran estos clientes? Asociaciones de autónomos como CAYPE, donde comenzó todo, la Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA), la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia, la Asociación de Hostelería de la Provincia de A Coruña, la Federación de Clínicas Privadas o “sindicatos como USO Galicia”. La trama pudo crecer, dicen los agentes, porque “todos los clientes que ejecutaban subvenciones con Azetanet recibían devoluciones ilícitas”. De todo esto se derivaba el “enriquecimiento” de Crespo y el aumento del dinero guardado en su “caja *B”, apodada por el empresario como “la KGB”.

Una “farsa” asociativa sin control

La Policía llega a estas conclusiones, entre otras vías, a través de las conversaciones telefónicas intervenidas a los presuntos líderes de la trama, “en muchas ocasiones tan explícitas que no dejaban margen para la interpretación”. Así, por ejemplo, Crespo y sus colaboradores, como el presidente de CAYPE, Eliseo Calviño, y el presidente de FEAGA, Francisco Pérez Bello, “reconocen abiertamente que las asociaciones de autónomos” que recibían “decenas de millones de euros” eran “un montaje o una farsa” y que “mentían como un cosaco”. En las conversaciones se llega a mencionar “la falta de auténticos autónomos asociados” a estas entidades, una carencia que se cubría con la “compra de bases de datos de autónomos a empresas de Internet” o el “uso de sedes ficticias”.

Para poder cometer estos “múltiples ilícitos penales”, la Policía ve fundamental el recurrente contacto entre Gerardo Crespo y “relevantes cargos políticos”. En las escuchas, dice la UDEF, Crespo “reconocía que la Administración autonómica nunca le había controlado la ejecución de sus cursos” hasta marzo de 2012 cuando, con la investigación ya en marcha a raíz de la denuncia de las dos empleadas, Trabajo le “revocó cinco planes integrales de empleo”. Las relaciones de Crespo con los políticos tenían la “finalidad de facilitar la concesión de cursos y subvenciones o el levantamiento de trabas a las mismas”, así como el “presunto amaño de procedimientos de adjudicación negociados”. Para llegar con fluidez a las autoridades, dice la investigación, Crespo se apoyaba en buena medida en Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, empresario madrileño imputado en el caso y que supuestamente recibía “dinero por la práctica de gestiones” y que, según detalló El País, es amigo personal del presidente de la Xunta.