Las facturas de la marea negra del Prestige siguen sin pagarse 15 años después
Este lunes 13 de noviembre se cumplen 15 años de la catástrofe del Prestige. Aquel día de fuerte temporal de 2002, el petrolero pedía auxilio tras abrírsele un importante boquete en el casco y comenzar a perder fuel que se dirigía a Galicia. Después de seis días de un errático rumbo marcado por el Gobierno central -Álvarez Cascos ordenó enviarlo “al quinto pino”-, el barco cargado con 77.000 toneladas de fuel se parte a 250 kilómetros del litoral. Más de 60.000 de aquellas toneladas se desparramaron por toda la costa gallega, afectando a las rías y cubriendo de chapapote desde la desembocadura del Miño hasta el sudoeste de Francia. Se prohibió la pesca durante meses, se amarraron los barcos y millares de voluntarios ayudaron en la limpieza y sufrieron unos efectos contaminantes que mataron más de 100.000 aves y acabaron con muchos recursos marinos. Justo en el día en el que se cumplían once años de aquel episodio, la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió ea Estado y ea capitán de delito medioambiental, un delito que sí reconocería el Supremo dos años después pero sólo para Mangouras. Exculpados los responsables políticos, la sentencia del alto tribunal corrigió el dictamen anterior y abrió la puerta al cobro de las indemnizaciones, pero las facturas siguen sin pagarse.
Todo sigue a la espera de la resolución de la Audiencia Provincial que, por orden del Supremo, tiene que fijar las indemnizaciones. Será, de cumplirse las previsiones, esta misma semana cuando certifique la cantidad que cada uno de los reclamantes pudo acreditar como daño y unas compensaciones que irán destinadas, fundamentalmente, a las administraciones que adelantaron los pagos. Y será, con todo, una parte más de un largo proceso que tendrá más batallas judiciales.
La sentencia del Supremo, además de la condena a Mangouras, había declarado la responsabilidad civil de la propietaria del buque (la liberiana Mare Shipping) y de la aseguradora (The London P&I Club), lo que abría la puerta a que esta última asumiese el pago de las compensaciones por daños materiales y al medio ambiente. Pero el límite de cobertura en la póliza es de 1.000 millones de dólares (943 millones de euros), frente a los 4.328 millones que reclama la Fiscalía fruto del peritaje realizado por una experta de la USC que analizó los daños económicos y sociales, aunque “a la baja” al no poder alargarse en el tiempo más allá de 2006. Como recuerda el fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, la asegurada es la única entidad “solvente” sobre la que se puede reclamar.
La próxima resolución de la Audiencia es esperada, sobre todo, por el Gobierno central. El Estado, entre los decretos de indemnización para pagar a empresas, municipios, sectores afectados y miles de marineros, además de todos los gastos derivados de la limpieza y la gestión de la catástrofe, desembolsó más de 1.000 millones de euros, según los cálculos. Por eso, en caso de que definitivamente la aseguradora pague la factura, la mayoría de la cantidad irá destinada a la Administración central y, en menor medida, al resto de las administraciones perjudicadas -Xunta, Ejecutivo y ayuntamientos franceses-, aunque también hay algún particular que reclama importantes cantidades.
Los alegatos sobre la cuantía de las indemnizaciones y alguna contradicción en los cálculos fueron los únicos avances en el último año a la espera de que el tribunal de instancia resuelva. El magistrado ultima un cálculo en el que se incluyen aquellas personas físicas o jurídicas que no quisieron subrogarse a la reclamación del Estado, alrededor de 2.000.
A cerca de 20.000 afectados el Gobierno central ya les había adelantado las indemnizaciones y ahora tendrá que ser compensado por estos pagos y por los gastos derivados de la catástrofe. El FIDAC (Fondo Internacional para la Indemnización de Daños Causados por los Hidrocarburos) aportó más de 170 milones -el máximo posible- con lo que se pagó a muchos de los perjudicados. Además, están los 22 millones de euros consignados por la aseguradora en el juzgado de Corcubión al comienzo de todo el proceso.
En el momento en el que se emita la factura, el Estado tendrá que comenzar otra batalla judicial en el Reino Unido, donde tiene la sede la aseguradora. El proceso no será fácil. Una sentencia de 2013 de un tribunal británico, atendiendo a la solicitud de esta aseguradora, dictaminó que esta sólo estaría obligada a pagar directamente al armador y después de que este aportase las compensaciones requeridas. “Es una discusión jurídica”, aclara el fiscal, que pone un ejemplo común para entenderlo. “En España, si tienes un accidente de tráfico no reclamas directamente a la persona que te da el golpe, sino a la compañía de seguros; en Inglaterra no es así y entienden que tampoco lo tiene que ser en este caso”, explica.
Será una pelea para determinar si prevalece el dictamen penal del Supremo o el civil de los tribunales británicos. Las alternativas son una comisión rogatoria que pida a la justicia del Reino Unido la ejecución de la sentencia y/o una demanda a la aseguradora en su propia jurisdicción. La victoria del Brexit hace año y medio añade más incertidumbre al cobro del dinero. ¿Por qué? Tal y como explica García Ortiz, aun siendo “una hipótesis sobre otra hipótesis”, la jurisprudencia que marca el Tribunal de Justicia de la UE siempre es muy favorable a la aplicación del derecho europeo en todos los Estados por igual, también en lo que se refiere a la ejecución de sentencias. En caso de que se consumase la salida de la UE de los británicos, ese paraguas desaparece. Sea como fuere, será un capítulo más en un proceso que busca un final que, con todo, nunca podrá resarcir completamente el mal causado por aquella marea negra.
