Así es la operación urbanística que pretende expulsar a Aurelia
El intento (frustrado) de desahucio de Aurelia Rey -la mujer de 85 años sobre la que pesa una orden de desalojo por el retraso en el pago de dos meses de alquiler- situó A Coruña en la triste lista de polémicas sobre los lanzamientos que cada semana ocupan las portadas de los periódicos. El caso de esta anciana, a la que apoyan cientos de vecinos desde hace días, no se trata de la sentencia judicial derivada del impago de una hipoteca y de la orden de una entidad bancaria, sino de un “claro caso de mobbing inmobiliario” derivado “operación urbanística de primera orden”.
Así lo denuncian varios expertos y fuentes judiciales, pero también el colectivo Ergosfera, una plataforma de estudiantes de Arquitectura y arquitectos que desarrollan trabajos de investigación y acción desde A Coruña. El último análisis se centra en el caso de Aurelia Rey y que, con detalle, definen como “consecuencia de un sistema urbanístico-inmobiliario injusto” que pretende “la expulsión” de las zonas céntricas de las ciudades de una población envejecida y precaria para sustituirla por “otra más afortunada en la ruleta de la distribución de rentas”.
Iago Carro, miembro de Ergosfera y profesor de Urbanismo en la Universidad de A Coruña, es uno de los autores de un informe que “va más allá de la grave y triste situación particular” de Aurelia, para fijarse “en las causas técnicas y económicas” de este intento de desahucio. “En la ciudad es la primera vez que se da un caso tan indignante y mediático de lanzamiento y resulta extraño que no sea debido a la estafa global hipotecaria, sino a un caso claro de gentrificación y mobbing inmobiliario que pretende la expulsión de una población de un lugar para llevarla a otro”, explica, tras aclarar que este “es un proceso científico” que se lleva años estudiando y que “ya se dio en los Estados Unidos en los años 60”.
Para Ergosfera y Iago Carro, la situación de Aurelia Rey viene derivada de la “nueva centralidad comercial” del barrio donde vive la anciana desde hace 34 años. La reconstrucción del mercado de la Plaza de Lugo, la creación de un centro comercial abierto y la atracción de todas las tiendas de Inditex y multinacionales como Fnac “aumentaron la presión sobre la zona, provocando una revalorización inmobiliaria” que terminó con la compra por parte del grupo textil de Zara de la mayoría de bajos comerciales de la calle perpendicular a Padre Feijoo, donde reside la mujer de 85 años.
Así, tal y como explica Carro, los intentos de desahucio de Aurelia Rey por parte de la familia González-Pereira -propietaria de numerosos inmuebles en la ciudad- no es más que una consecuencia “de un sistema donde las plusvalías generadas por la actividad urbanística pública tan sólo son recogidas por los propietarios del suelo y no por la ciudadanía común”. Unos dueños que ahora ven que “lo que valía X, valle X+Y” y buscan un mayor beneficio aprovechándose de la debilidad legal y humana.
Además, tal y como continúa Carro, los arrendadores aluden a la supuesta injusticia de que Aurelia Rey siga pagando 126 euros por el alquiler de una casa que habita desde 1979 y que supone más de un tercio de los 356 euros que cobra de la pensión. “Aquí se parte de un sistema y de un principio que se basa en que los precios de los alquileres deben ser fijados únicamente por el valor del suelo y no por las capacidades económicas de los inquilinos ya establecidos en un lugar, cuando además el valor del suelo puede depender de muchas cosas, incluidas las actuaciones públicas pagadas por todos los ciudadanos”, resume.
Los beneficios legales que tiene este sistema son los que provocan que recaigan en las administraciones públicas las responsabilidades de dotar de alojamientos sociales a la población más desfavorecida, como Aurelia Rey, a la que le ofrecen alquileres sociales en Eirís o Nuevo Mesoiro, zonas ubicadas a varios kilómetros del centro, lo que supone un ejemplo más de la “expulsión a la periferia” de las clases bajas lo que, según Iago Carro, “convierte la ciudad en una ciudad peor”.
“Se tienden a homogeneizar los barrios; no nos negamos a que en esta zona céntrica haya una fauna diversa humana, porque no queremos un gueto de personas envejecidas, pero tampoco de yuppies que llenan las vinotecas cool o llevan modernos bolsos”. “Debemos mantener la variedad y esa necesaria diversidad inclusiva”, insiste, tras aclarar que “Aurelia no es sólo un individuo, sino parte de una red de relaciones sociales tejidas durante décadas en un barrio”.
“Desde el punto de vista del urbanismo, la única solución razonable posible es que se mantenga a Aurelia en la vivienda porque cualquier otra opción es darle la razón a ese sistema injusto que fija los precios”, termina Carro, que ve la anciana de 85 años como “una parte de la máquina de resistencia inconsciente contra el proyecto capitalista y no democrático con el que se diseña el futuro de un barrio”. Un sistema favorecido por la ley de desahucio express aprobado por el Gobierno de Zapatero, pero que ni tan siquiera se valió de esto en el caso de la anciana coruñesa, que está afectada por una ley de arrendamiento que data de principios de los 80 y del ministro socialista Boyer. “Este es un caso claro de mobbing inmobiliario favorecido por una ley aplicada de manera estricta”, explica el abogado Xoán Antón Pérez Lema, que arroja luz sobre la legalidad que supone poder expulsar una persona que no tiene deuda alguna con su casero y que se retrasó en el pago de dos recibos de alquiler, uno de ellos hace más de año y medio y otro hace catorce.
