El Gobierno de Rajoy maniobra en funciones para vetar el traspaso de la autopista AP-9 que defiende Feijóo

Veto, también en funciones. La pasada primavera el Parlamento de Galicia culminaba la aprobación de la proposición de ley que, impulsada por el BNG desde finales de 2015, suscitó la unanimidad de los grupos para reclamar al Gobierno de España la transferencia a la Xunta de la titularidad de la Autopista del Atlántico, que articula todo el Eje Atlántico gallego (Ferrol-Tui). Tras una década de reclamaciones desde Galicia y de cambios de postura del PP -y en algunas ocasiones, también del PSOE- en función de su situación de gobierno u oposición, el consenso total en el legislativo gallego remitió la iniciativa al Congreso, última frontera para su aprobación definitiva. No obstante, ese último trámite acaba de darse de bruces con una maniobra del Gobierno de Rajoy que, apelando a la Constitución, pone la iniciativa gallega en serio riesgo aunque el PP no tenga mayoría para tumbarla en una votación en las Cortes y pese a que el propio Alberto Núñez Feijóo la defendió en la campaña del 25S y, en consonancia, la incluyó en su programa para las elecciones de hace menos de un mes.

A pesar de haber llegado al Congreso durante la legislatura fallida -la Mesa que presidía Patxi López la admitió a trámite en su reunión del 12 de abril-, al tratarse de una proposición de ley orgánica formulada por un Parlamento autonómico continuó su recorrido en las nuevas Cortes. Así, el reinicio de su tramitación fue firmado por la ahora presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor -quien durante su etapa como ministra se opuso al traspaso alegando motivos técnicos-, el pasado 6 de septiembre. Es en este punto en el que el gabinete en funciones de Mariano Rajoy intenta hacerla descarrilar.

Mientras en el entorno de Rajoy crece la esperanza de que una abstención total o parcial del PSOE permita la formación de un nuevo gobierno del PP, su equipo comienza a buscarle un blindaje jurídico ante el panorama que parece venir: un Gobierno en minoría en un Congreso con votos suficientes para aprobar leyes aunque los populares se opongan. En esta línea, a última hora del pasado viernes el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, completó en el legislativo el trámite por el cual, como marca el Reglamento, el Gobierno debe manifestar su “criterio” sobre la tramitación de cada ley que no sea planteada por el propio Ejecutivo y especificar si cree que implica un incremento de gasto, decisión que según el artículo 134.6 de la Constitución “requiere conformidad del Gobierno”. Lo hizo, según confirman fuentes parlamentarias, con respecto a una decena de proposiciones de ley, entre ellas la gallega, la mayoría de las cuales contarían con votos suficientes entre la actual oposición para salir aprobadas.

En su comunicación al Congreso, a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, Ayllón incluye un informe en el que el Ministerio de Fomento, ahora dirigido en funciones por Rafael Catalá, detalla por qué quiere tumbar la iniciativa del Parlamento gallego. Primero ofrece un argumento que ya había expresado la propia Ana Pastor mientras fue ministra: que el traspaso “no sería factible” porque la AP-9 es parte “de un itinerario de tráfico internacional de interés europeo” y da acceso a “puertos y aeropuertos de interés general”. No obstante, estas razones políticas no impedirían la tramitación parlamentaria de la norma. Es en este punto en el que buscan un amarre constitucional.

Una de las disposiciones de la ley gallega, cita Fomento, indica que si la Xunta “acordase el rescate de la concesión de la autopista (...) para su reversión al ámbito público”, sería la Administración general del Estado, que privatizó la gestión de la AP-9 y prorrogó la concesión, la que “asumiría” las “obligaciones económicas” que derivasen de la operación. Fomento se apoya en este artículo para indicar que, dado que Audasa recauda unos 130 millones de euros anuales en peajes y que la concesión no finaliza hasta 2048, “en caso de que la comunidad autónoma acordara unilateralmente el rescate de la concesión, la Administración General del Estado tendría que asumir de manera inmediata unas indemnizaciones a la (...) concesionaria en, al menos, 4.300 millones de euros”, que sería lo que dejaría de ingresar por los peajes.

El Ministerio, concluye el informe, no tiene “consignaciones en los créditos presupuestarios para el ejercicio 2016 que permitan afrontar dicho pago”. Es así como razona que la eventual aprobación de la ley gallega implicaría un incremento de gasto ante el cual, como dice la Constitución, el Gobierno de España debe indicar su “conformidad” para la tramitación de la ley. El texto de Fomento obvia, no obstante, que ese supuesto que contempla la ley gallega no implica que la Xunta lo vaya a ejecutar, que lo vaya a hacer “unilateralmente” y menos que lo vaya a realizar dentro de 2016, toda vez que la propuesta aprobada por el Parlamento gallego daba hasta 6 meses para hacer efectiva la transferencia y faltan sólo dos para que finalice este año, por lo que sería materialmente imposible culminar la operación en 2016, más todavía porque el Gobierno de la Xunta estará en funciones hasta, cuando menos, mediados de noviembre.

Posibilidades para que la ley siga adelante

Este informe “desfavorable” de Fomento para la tramitación de la ley dificulta notablemente que la transferencia de la AP-9 a Galicia llegue a buen puerto, pero no la frena por completo. Más allá lado de que quien intenta lo veto sea un Gobierno en funciones -este artículo de la Constitución ya fue invocado por otros Ejecutivos, pero en plenas facultades-, ahora existe la situación excepcional de que el partido que previsiblemente seguirá gobernando no tiene la mayoría en la Mesa del Congreso. Esto implica que si el resto de fuerzas de este órgano rector permiten que la ley continúe tramitándose, cabe la posibilidad de que pueda hacerlo. Para que esto suceda una de las luces verdes tendría que ser la de Ciudadanos, partido que tiene en trámite una proposición de ley que el Gobierno Rajoy intenta frenar con una operación prácticamente idéntica y que, además, prometió la gratuidad de la AP-9 durante la campaña de las elecciones gallegas.

En función de lo que suceda de la Mesa aún caben al menos dos vías más para buscar la transferencia que el PP intenta torpedear desde La Moncloa apenas un mes después de que el propio PP la haya defendido en la campaña del 25S. Una sería la vía legal, intentando revocar el veto en el Tribunal Constitucional. Otra, que sea aprobada la proposición no de ley presentada por En Marea en el Congreso el pasado verano a favor del traspaso -las actuales posiciones políticas de los diferentes grupos permitirían hacerlo-, dando lugar así a un proceso nuevo que, no obstante, previsiblemente colisionaría con la oposición del Gobierno de Rajoy, que nuevamente argumentaría el eventual incremento de gasto que está en condiciones de rechazar.