El Gobierno veta por segunda vez el traspaso de la principal autopista gallega prometido por Feijóo
Nuevo veto con diferente explicación pero con idéntica finalidad: que el Congreso de los Diputados no llegue a debatir la ley para traspasar las competencias sobre la AP-9 a la Xunta, toda vez que el actual juego de mayorías permitiría, con toda probabilidad, que saliera adelante. El Gobierno de España acaba de iniciar una maniobra parlamentaria, la segunda en apenas medio año, para vetar la tramitación en las Cortes de la proposición aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia el pasado mayo con una redacción replanteada para, precisamente, intentar salvar el bloqueo que el gabinete de Mariano Rajoy justificó aún estando en funciones a partir de cálculos erróneos para evitar un traspaso que Alberto Núñez Feijóo prometió abiertamente en campaña.
El viceportavoz parlamentario de En Marea y responsable de este grupo en materia de Infraestructuras, Antón Sánchez, ha revelado este viernes que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, acaba de registrar en la Cámara Baja un informe en el que el Ministerio de Fomento reubica su estrategia para, a falta de menciones explícitas en la ley gallega a un eventual rescate de la autopista, -motivo en el que basó el anterior veto, aunque figurara en el texto solo como hipótesis-, buscar un nuevo argumentario para el veto. Se trata de otorgarle arquitectura jurídica a la intención política ya evidenciada por el ministro, Íñigo de la Serna, con razones que en el primer veto ni siquiera aparecían.
Ahora Fomento ha redactado un informe notablemente más elaborado que el de 2016 y en el que incluye un recorrido por la historia de la AP-9, su privatización por el Gobierno de Aznar y los sucesivos acuerdos para sus ampliaciones, así como para la bonificación de los peajes. Además de insertar de nuevo en su informe el mismo cálculo erróneo del rescate de la concesión -4.400 millones que no se corresponden con lo establecido en la legislación vigente en la materia- Fomento se aferra precisamente a esas ampliaciones y descuentos para concluir que el traspaso tendría impacto en los Presupuestos Generales del Estado y por eso puede invocar el artículo 134.6 de la Constitución, que permite que el Gobierno vete los proyectos de ley que supongan incremento de gastos o merma de ingresos.
La proposición gallega, esgrime Fomento, estipula que una vez aprobada la transferencia a la Xunta el Gobierno de España seguiría asumiendo los gastos derivados de acuerdos firmados mientras las competencias fueron estatales, caso por ejemplo de las obras de ampliación y de las bonificaciones. Dado que la ley aprobada por unanimidad en Galicia señala también que la Xunta pasaría a tener competencias sobre tarifas, peajes y descuentos, Fomento se lanza a formular otra hipótesis: como los convenios firmados con Audasa en 2011 y 2013 prevén financiar las obras “con cargo al incremento de las tarifas del peaje”, estas obras “podrían no ser compensadas de esa forma y tendrían que ser asumidas en su totalidad por el Estado” con un gasto, calcula, de unos 224 millones de euros.
Adicionalmente, señala el Ministerio, las bonificaciones de peaje vigentes desde 2006, “cifradas en unos 7 millones de euros cada año, aproximadamente”, y las fijadas en 2013, en el entorno “de los 4 millones anuales”. Estas cantidades segundo la ley gallega, dice, “también seguirían siendo abonadas por el Estado”, lo que “implica un coste del orden de 210 millones de euros”, por una parte, y de 120 por la otra hasta el fin de la concesión en 2048. Aunque Alberto Núñez Feijóo ha venido resaltando que de ahora en adelante Fomento será quien se haga cargo de esos pagos el Ministerio asegura ahora que “no existen consignaciones en los créditos presupuestarios” del departamento para tal fin.
En este contexto, el Gobierno de España suma todas sus propias estimaciones para asegurar que tras el traspaso tendría que hacerse cargo de 554 millones de euros que “podrían ascender hasta un total de 4.570 millones de euros”, agrega sumando “repercusiones económicas” hasta el fin de la concesión. Por todo esto el Gobierno central “no presta la conformidad” a la tramitación de la ley, contradiciendo así lo expresado reiteradamente por el PPdeG y por el Gobierno de Galicia y ratificando los temores expresados por la oposición durante la tramitación de la norma. Obvia, del mismo modo, que la propia ley gallega estipula que sería una comisión mixta Galicia-Estado la que fijaría las condiciones concretas del traspaso a través de una negociación.
“Un informe mentiroso”
Tras hacer público el nuevo veto el viceportavoz de En Marea pone el foco en la “responsabilidad” del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en este “informe mentiroso y lleno de falsedades” con el que el Gobierno de España, dice Antón Sánchez, “vuelve a faltar al respeto al pueblo gallego”. “O el señor Feijóo es cómplice de esta operación mentirosa, de esta estafa” o “no pinta nada y no ejerce de presidente” y por eso “deja hacer este tipo de cosas a su partido” contra una ley aprobada por unanimidad en Galicia, afirmó en declaraciones a la prensa en el Parlamento.
El hecho de que el propio informe esté basado en “hipótesis” es para Sánchez la demostración de que “esto no es una cuestión técnica”, sino muestra de la “voluntad política de que esta infraestructura no se controle” desde Galicia. “Recurren a mentiras, hablan de modificaciones presupuestarias basadas en hipótesis” y “además, falsas”, dice, para evitar que se llegue a votar una ley que, recuerda, fue redactada “bajo la supervisión de los letrados del Parlamento” para evitar, precisamente, que colisionase con el artículo 134.6 de la Constitución. “Si no hay un pronunciamiento claro, contundente y con resultados” por parte del presidente, advierte, “tendremos que concluir ” que colabora “en el objetivo de mantener el negocio” de la AP-9 lo más “alejado” posible de las personas que la utilizan y pagan, dice.
