El Gobierno veta una ley gallega para devolver todo el dinero estafado con las preferentes
La historia de la AP-9 se repite. Apenas cuatro meses después de, estando aún en funciones, maniobrar para impedir que se llegase a debatir en el Congreso de los Diputados la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia para transferir a la Xunta las competencias sobre la Autopista del Atlántico, el Gobierno de España reproduce la operación y veta otra ley votada por todos los grupos de la Cámara gallega. En esta ocasión la perjudicada es la norma que, impulsada inicialmente por el BNG y aprobada definitivamente por el todo el pleno del Parlamento de Galicia en marzo de 2014, pretendía que todas las personas engañadas con las participaciones preferentes y productos financieros semejantes pudieran recuperar “íntegramente” su dinero. La razón que esgrime el Ejecutivo de Mariano Rajoy es que aplicarla perjudicaría las cifras del déficit del Estado.
Los argumentos del veto acaba de registrarlos en el Congreso la asesoría parlamentaria del ministro de Economía, Luis de Guindos. En un informe de tres páginas al que ha tenido acceso eldiario.es el propio Ministerio admite que la ley gallega -apoyada entonces por PP, PSdeG, AGE y el propio Bloque, que la había propuesto- revertiría el “proceso de gestión de híbridos” realizado por el Gobierno de España durante el año 2013 a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Mediante ese proceso, resume, las personas a las que habían colocado productos financieros como preferentes o subordinadas “canjearon sus títulos por capital y deuda” y “sufrieron recortes en su inversión original”, esto es, la conocida popularmente como “quita de las preferentes”, que comenzó estimando que parte de la clientela afectada perdería hasta casi la mitad de sus dinero.
Si “no se hubiese realizado este ejercicio”, explica el informe, el FROB “tendría que haber hecho una inyección adicional de recursos públicos” de unos 13.600 millones de euros, de los que 9.760 correspondería a “inversores minoristas”, esto es, a pequeños clientes a quienes le fueron colocados productos complejos, los mismos que protagonizaron sonoras protestas para exigir que Novagalicia Banco devolviera el dinero de las preferentes de las desaparecidas Caixanova y Caixa Galicia. Estas personas, admite el propio informe, perdieron entre el 20% y el 25% del dinero tras acudir a procedimientos como el arbitraje de consumo, por medio de sentencias judiciales o la venta de acciones por las que los bancos canjearon parte de las preferentes.
En este escenario, el Gobierno central reconoce que si la ley gallega llegase a aprobarse “tendría efecto sobre ese 20%-25%”. Esto es, las personas estafadas recuperarían todo lo perdido. Pero esa devolución “derivaría en un impacto en los recursos públicos” porque el Estado sigue controlando BFA, esto es, la matriz de Bankia, y además se activarían “garantías concedidas en desinversiones previas”. Ese dinero saldría del presupuesto del FROB, el mismo sobre lo que se cargaron operaciones como el rescate de Novagalicia Banco, del que no se han recuperado unos 8.000 millones de euros públicos.
Esto, advierte, “generaría un aumento del déficit”, por lo que el Ejecutivo “no presta su conformidad” para la tramitación de la ley. Lo hace amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución, que permite al Gobierno bloquear cualquier cambio en las leyes que implique un incremento del gasto o una merma de ingresos en el erario.
El texto vetado
Con esta operación el Ministerio de Economía se opone, a efectos prácticos, a añadir una disposición adicional y dos transitorias a la ley de reestructuración del sector bancario del año 2012, la que incorporó al ordenamiento jurídico estatal las condiciones del rescate europeo del sector. En ese texto el Parlamento gallego fijaba una definición formal para distinguir a personas ahorradoras y clientes minoristas, indicando que se consideraría “ahorradores” a las personas que no hubiesen contratado previamente productos financieros complejos o que cuando les colocaran las preferentes hubiesen creído que estaban contratando una cuenta de ahorro ordinaria, así como a la clientela que simplemente hubiese sido engañada. Además, la ley gallega establecía que las personas que se encontraran en esta situación no podrían ser víctimas de un desahucio si no podían afrontar una hipoteca contratada con la misma entidad que las estafó.
Queda así suspendida una ley que, no obstante, nació marcada por la contradicción en el seno del PP. No en vano, el mismo día en que la ley comenzó a tramitarse en el Parlamento de Galicia con el apoyo de todos los grupos el BNG defendió una iniciativa prácticamente idéntica en el Congreso de los Diputados. Mientras, en el legislativo gallego, el PP defendía el texto como “un escalón más en la búsqueda de un fin compartido: que el 100% de los engañados recuperen el 100% de sus ahorros”, en Madrid los populares rechazaban la iniciativa que, acusaron, estaba inspirada por una intención de la izquierda de “usar el dolor” de las personas engañadas por los bancos.
