El PP tiene en su mano obligar a los Franco a devolver gratis el Pazo de Meirás

Nuevas medidas para intentar devolver el Pazo de Meirás a la ciudadanía. Los últimos –y ya van varios– obstáculos impuestos por la familia Franco a la apertura pública del inmueble para garantizar por lo menos las visitas a las que obliga la ley han acabado con la paciencia tanto del Ayuntamiento de Sada como de los grupos de la oposición. Todos ellos llevan a cabo diferentes medidas para “acabar con el expolio” que dura casi 80 años.

En Marea ha presentado una iniciativa en el Parlamento gallego para elevar luego al Congreso de los Diputados en la que se exige la modificación de la ley de Memoria Histórica para que permita al Estado hacerse en propiedad con el Pazo de Meirás sin tener que pagar un duro a la familia del dictador en concepto de expropiación. Como destaca el viceportavoz parlamentario de la formación, Antón Sánchez, es la primera iniciativa como proyecto de ley registrada para modificar dicha ley y lograr así “la recuperación gratuita en base a la ilegitimidad de su origen”.

En el texto, redactado como disposición adicional a incluir en la ley de Memoria Histórica, se pretende que las administraciones públicas procedan “en el plazo máximo de seis meses” a la incoación de las actuaciones necesarias para la devolución al sector público del Pazo “con la debida compensación a las personas y familias víctimas del expolio”. Además, acuerda la creación de una comisión con representantes de Estado, Xunta, Diputación y Ayuntamiento para tramitar la normativa y proceder a la devolución del inmueble, tal y como también ha reclamado la administración local a través de su concejal de Turismo y Cultura, Liss Becerra (BNG).

Según esta disposición adicional, una vez retirada la titularidad a los Franco, la propiedad del pazo “será transmitida a un ente público en consorcio de las administraciones públicas para su puesta en valor como sistema dotacional público y de espacios libres, con especial destino a la recuperación de la Memoria Histórica”.

Este cambio en la ley permitiría al Ayuntamiento de Sada, donde se ubica el inmueble, tener una base legal para poder convertir el pazo y sus terrenos en espacios para uso ciudadano. De no conseguirlo, la única posibilidad es pagarle a la familia Franco lo que corresponda por la expropiación. Para lograrlo, la clave ahora está en el PP, que tendría que votar en el Parlamento autonómico a favor de la iniciativa que, excepto sorpresas, apoyarán BNG y PSdeG además de la propia En Marea.

La posición mucho menos ambigua de Feijóo respecto al franquismo con respecto al PP estatal parecen acercar más la iniciativa al visto bueno de la Cámara gallega, que llegaría así al Congreso, donde la correlación de fuerzas aumentaría las opciones para llevar adelante el cambio legal. En un plazo máximo de un mes debería ir a pleno en Galicia. 

“Nuestro ánimo, obviamente, es que prospere y eso esperamos, pero ahora depende del PP”, advierte Antón Sánchez, que reconoce que, si se supera el trámite en el Parlamento gallego, el reparto de escaños en el Congreso “deja aún más favorable la cosa” para lo que supondría una solución definitiva a un problema de hace mucho tiempo.

El último incidente con los Franco surgió al comprobar las personas interesadas en visitar este Bien de Interés Cultural (BIC) la inutilidad de las llamadas al teléfono que se ofrece en la web de Turismo de la Xunta. “El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente”, se repetía desde hace semanas cuando alguien intentaba concertar una cita. A estas horas, el teléfono ni aparece y tampoco el correo electrónico para reservar plaza en las visitas. Hace tan sólo dos semanas, una consulta a la dirección que aparecía tardó día y medio en ser contestada, aportando únicamente la posibilidad de acceder al inmueble “los viernes de cada mes a las 11:00, 12:30, 15:00 y 16:30”.

Pero otra historia es poder reservar. El gobierno local aclara que lleva docenas de quejas por la inactividad del teléfono, que se unen a las múltiples recibidas desde hace años por las dificultades para concertar una visita: no hay respuesta o se advierte de que las plazas están agotadas. “Es mentira”. Fuentes del Ayuntamiento aclaran que ellos mismos comprobaron como, en muchas ocasiones en las que se decía tener el cupo lleno, en el pazo no había nadie ese día.

La Consellería de Cultura advirtió hace unos días por escrito a la familia del dictador de que podría multarlos -con hasta 6.000 euros según la ley- por incumplir con su deber legal y les dio una semana para restablecer el número de teléfono y un correo electrónico. Así lo había solicitado el BNG, que ha exigido respuestas inmediatas de la Xunta por una situación “humillante” al ver como “la familia del dictador sigue haciendo lo que le da la gana” ante el “silencio” del Ejecutivo autonómico, al que acusa de un comportamiento “cómplice” ante un hecho “intolerable”.

Hace más de un año, las numerosas quejas llevaron a que el Gobierno gallego abriera un expediente a los Franco. Fue archivado y la empresa encargada de gestionar la entrada se había excusado en problemas con el email. Desde la Concejalía de Promoción Económica de Sada, hartos como están de los continuos obstáculos, ya han propuesto que toda persona que quiera visitar el Pazo de Meirás y no logre contactar con la empresa que lo gestiona acuda directamente al Ayuntamiento o a la Oficina de Turismo a apuntarse. Desde allí elaborarán un listado que será enviado a la Xunta. 

“Historia teñida de sangre”

El alcalde, Benito Portela, de Sadamaioría, insiste en recordar el valor simbólico del pazo, con una “historia teñida de sangre”. Y recuerda “las víctimas de la dictadura franquista, del asesinato, del exilio, y del expolio que condenó a muchas familias al hambre y a la emigración al ver cómo les eran robadas sus tierras”.

Iniciada su construcción a finales del siglo XIX por la condesa Emilia Pardo Bazán, ya antes del final de la guerra civil Franco buscó la forma de hacerse con el pazo. Y quiso hacer ver aquella apropiación como un regalo de la ciudadanía en agradecimiento por su labor tras el golpe de Estado fascista. Hubo amenazas, expropiaciones forzosas y una recolecta popular que no fue así: bajo coacción se convenció a los vecinos y miles de funcionarios y trabajadores públicos vieron que les quitaban dinero de su nómina para pagar las obras en el inmueble.

Luego, durante muchos años más, el franquismo continuó gastando dinero público para adecentar la zona o para expropiar a la ciudadanía otros caprichos de Franco en la comunidad autónoma que acabaron por enriquecer a su familia.

Con el gobierno bipartito de PSdeG y BNG, el pazo se declaró BIC y se determinó hace ya más de cuatro años que los Franco estarían obligados a la apertura pública del inmueble un mínimo de cuatro veces al mes. Pero la familia del dictador siempre ha puesto pegas o excusas para cumplir con la Ley de Patrimonio Cultural. Hace más de tres años, los heredero facilitaron un calendario de visitas y después de que hubiesen reclamado a la Xunta que sufragase los gastos de seguridad, como así hizo durante mucho tiempo, y de organización.

Pero los convenios no solo se limitaron a “regular las condiciones para el desarrollo de las visitas”, tal y como afirmaba la Xunta. Además de esto, tres acuerdos entre el Gobierno de Feijóo y la familia del dictador tuvieron un impacto de más de 50.000 euros en las arcas públicas.

Cada verano, los obstáculos se incrementan y la visita estival de la familia del dictador provoca que se cierre el pazo durante agosto, incumpliendo el deber legal de abrirlo a los visitantes. Hace dos años, la revista Hola! publicó una portada donde la nieta del general fascista, Carmen Martínez-Bordíu, posaba en la entrada de la que había sido residencia de Emilia Pardo-Bazán para “anunciar su ruptura” en una “exclusiva” en la que el medio destacaba su entrada “por primera vez” en la “histórica casa familiar”. Sonó a recochineo pero el inmueble continúa cerrado a cal y canto.