El PP insta a un ayuntamiento gallego a asumir la religión católica por ser la que representa “valores democráticos”
El pasado abril el gobierno municipal de Lalín (Pontevedra), que encabeza Compromiso por Galicia con el apoyo de PSdeG, BNG y la formación local APAC, sacó adelante una moción a favor de la aconfesionalidad del Ayuntamiento con el fin de separar los ritos y actividades religiosas del campo institucional, con medidas como la eliminación de simbología confesional de espacios públicos o la no participación en eventos religiosos de los cargos del gobierno en calidad de tales, con independencia de que asistan a título individual. Aquella propuesta había sido duramente criticada por el PP, cuyo portavoz y ex-alcalde, José Crespo, la consideró como la “más esperpéntica de la historia de la democracia”. Menos de un año después Crespo promueve otra moción para derogar aquella iniciativa y, en el mismo texto, instar al gobierno local a vincular al Ayuntamiento con la religisón católica por ser la única que, dice el texto, representa “valores democráticos”.
En el texto de tres páginas registrado el pasado 22 de diciembre el antiguo regidor conservador comienza reafirmándose en los calificativos que ya le había dedicado a la moción sobre aconfesionalidad, como “irresponsable”, “esperpéntica” o “inútil”, ya que la separación entre Iglesia y Estado está recogida en la Constitución. Sus adjetivos, dice el PP, “han sido ratificados e incluso se quedaron cortos a la vista del comportamiento” del gobierno y “especialmente” del alcalde, Rafael Cuiña, al que acusa de asistir a misas “con un ansia desbordada” como muestra de “comportamiento contradictorio con la moción que aprobaron”.
Por todo esto los populares consideran pertinente restablecer los vínculos entre el Ayuntamiento lalinense y la Iglesia y lo hacen apelando al “marco histórico y legal que rige la relación entre la religión católica y el poder político”. “Lo que es cierto -sentencian- es que fue precisamente el cristianismo el que introdujo en la historia, como novedad absoluta, la independencia de la religión con repecto al poder político y viceversa, lo que no ocurre en el islam”. Para el PP prueba de esto es que “su fundador ordenara a sus seguidores dar al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios”, dice, en referencia a la cita del Evangelio de San Mateo en el que, en rigor, lo que se describe es el pasaje en la que los fariseos envían a algunos de sus partidarios a intentar provocar que Jesucristo se manifieste públicamente contrario al pago de impuestos al Imperio Romano.
Frente al texto bíblico que, según el PP, deja clara la “idónea separación” entre “poderes políticos y religiosos”, los de Crespo acusan al gobierno lalinense de promover “una separación radical entre realidades civiles y religiosas, como si la política tuviera que prescindir de la religión”. La política de aconfesionalidad del Ayuntamiento, profundizan, “conculca la pluralidad” y “coarta las libertades individuales de las personas”. Así, entre citas a sentencias judiciales sobre la relación entre e Iglesia y Estado el PP de Lalín concluye que el ayuntamiento está incurso en un “intento de adoctrinamento por parte de un muy minoritario sector de la ciudadanía” del municipio, que “intenta imponer a la mayoría una ideología de signo marcadamente ateo” que “no se corresponde con nuestra cultura y tradiciones”.
Es en este contexto en el que los populares concretan la parte dispositiva de la moción. “Desde el absoluto respeto a todas las ideologías y religiones” el PP considera que el pleno de Lalín debe “reconocer” oficialmente “las raíces cristianas y católicas del pueblo de Lalín, en cuanto representan los valores democráticos de la justicia, igualdad, libertad y respeto que lamentablemente no están presentes en otras confesiones religiosas”, agrega. Así, señala, el gobierno local debe “mantener con la Iglesia católica las mismas relaciones y colaboraciones que hasta antes de aprobar la moción”, declarar “nulo y sin efecto ni valor alguno” el acuerdo plenario sobre aconfesionalidad y permitir que los ediles de la corporación puedan acudir a actos religiosos en su condición de “representantes del pueblo” y no como ciudadanía individual.
