El PP descongela la investigación sobre las cajas gallegas tras tres años de elecciones
El 4 de octubre de 2013 se celebró la última sesión ordinaria de la “comisión de investigación para analizar y evaluar la evolución económico-financiera de las antiguas cajas de ahorros y las causas y responsabilidades de su actual situación, incluidas las indemnizaciones millonarias de sus exdirectivos”. El órgano parlamentario que indagaba en lo sucedido en la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, en la gestión de la resultante Novacaixagalicia y en su posterior bancarización echaba el cerrojo por iniciativa del PP, que hizo valer su mayoría absoluta para tumbar todas las comparecencias y documentos que la oposición reclamaba agregar para ampliar los trabajos. “No va a ser nada útil”, argumentaron los conservadores a las puertas del largo ciclo electoral que acaba de finalizar. Y con el final las citas con las urnas, el PP anuncia su voluntad de descongelar la investigación.
Desde aquel último debate se celebraron unas elecciones europeas, unas municipales, dos generales y unas autonómicas. El paso por las urnas alteró las mayorías en un bueno número de ayuntamientos y parlamentos, en algunos de manera inédita, y mientras esto sucedía no han sido pocos los acontecimientos en torno a los restos de las grandes cajas gallegas. Una de las pocas Cámaras en las que el juego de mayorías sigue como estaba tras el paso por las urnas, la gallega, se disponen ahora a retomar, de nuevo con el PP marcando ritmos, tiempos y límites, los debates e indagaciones sobre una entidad financiera en torno a la cual en estos tres años ha cambiado prácticamente todo. Por no quedar, no ha quedado ni su nombre.
Apenas dos meses después de aquella sesión, y mientras en el Parlamento PSdeG, AGE y BNG reclamaban infructuosamente reabrir la investigación con peticiones de comparecencias y quejas formales, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria -en última instancia, el Estado-, adjudicaba Novagalicia Banco, la entidad rescatada que se había quedado con el negocio bancario de Novacaixagalicia, al grupo venezolano Banesco. El precio de la venta se fijó en 1.003 millones de euros, 8.000 menos de lo que había costado el rescate. En junio del año siguiente los nuevos propietarios hacían efectivo el control del banco, renombrado como Abanca, en unos actos en los que la Xunta, ya sin capacidad legal para el control de las cajas -apenas la había ejercido-, asistió a través del presidente, Alberto Núñez Feijóo, en calidad de invitada tras un proceso de venta en el que fue irrelevante, tal y como había advertido el propio FROB.
Preguntas irregularidades y retrato en el banquillo
Con los nuevos gestores al frente Abanca logró ganar en apenas un año más de lo que Banesco había pagado por comprar lo que quedaba de las antiguas cajas y, mientras en el Parlamento la investigación seguía en estado de congelación política, no cesaban las revelaciones sobre las malas prácticas de los antiguos gestores de Caixanova y Caixagalicia, bendecidos por las autoridades en el momento de la fusión. Supuestas ventas irregulares de inmuebles y diversas operaciones financieras “potencialmente irregulares” iban trascendiendo mientras, en primavera de 2015, el proceso judicial por las indemnizaciones milonarias de los exdirectivos llegaba al banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.
Nombres antaño aplaudidos y prácticamente inmunes al control político y social, como Julio Fernández Gayoso o José Luis Pego -la temprana retirada de José Luis Méndez le libró de todo el procedimiento- tenían que responder por supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal o estafa, calificaciones otorgadas por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones para el “plan preconcebido” de asegurarse jubilaciones millonarias por casi 19 millones de euros. En otoño de ese año llegaba la sentencia: dos años de cárcel, condena ratificada este septiembre por el Tribunal Supremo en un dictamen en la que el alto tribunal consideró la pena “exigua”, muy escasa ante los “inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal”. Los ex-directivos, al fin y al cabo, no pisarán la cárcel.
La fusión de la “insolvencia” con 8.000 millones perdidos
La sentencia que condenó a los exdirectivos, más allá lado de desgranar lo que los jueces consideraron delitos probados, sirvió también como retrato de las antiguas grandes cajas justo antes de su fusión. Caixa Galicia estaba “en situación de insolvencia” y Caixanova, aunque no padecía “una situación tan grave”, sí estaba afectada por “serios problemas de viabilidad”. Ambas dieron lugar a una entidad fusionada en “situación calamitosa” derivada de “pérdidas enmascaradas en su contabilidad”. Todo a pesar de la intervención de auditoras externas que, en el plan de integración y en los test de resistencia de la Unión Europea auguraban un futuro viable. También lo hizo la Xunta apoyándose en un informe encargado a la consultora KPMG por más de un millón de euros. No obstante, como trascendió en la propia comisión, aquella evaluación ni era una auditoría ni avalaba la fusión, como aseguró el Gobierno gallego.
Estos serán algunos de los elementos que estarán sobre la mesa en el reinicio de la investigación parlamentaria, que también manejará los detalles del dinero público perdidos en el rescate. Según los datos más recientes del FROB el erario ha recuperado apenas el 9% de los 9.052 millones de euros destinados a la operación. De las cuatro inyecciones de dinero público (1.162, 2.465, y 5.245 millones de euros) apenas han regresado 1.000 de la venta a Banesco -712 para el FROB y 290 para el Fondo de Garantía de Depósitos- y 71 de las aportaciones de empresas gallegas, varias de las cuales dicen sentirse estafadas y litigan al respecto-. El montante no recuperado se eleva a 8.269 millones.
