El Parlamento gallego entrará en el Pazo de Meirás para certificar los incumplimientos de los Franco
El Parlamento gallego entrará en el Pazo de Meirás. Eso es, al menos, lo previsto después de la petición que el PSdeG ha hecho ante la Mesa de la Comisión de Cultura de la Cámara para que se lleve a cabo una visita institucional de todos los miembros de esta comisión al inmueble propiedad de la familia Franco ante el “incumplimiento del deber legal” que permite la visita pública gratuita un mínimo cuatro días al mes.
El PP ya ha avanzado que no pondrá impedimentos a esta petición que también apoyan En Marea y BNG. “Parece que no habrá problema; la oposición está de acuerdo y, por lo que ha anunciado, el Partido Popular también”, asegura Concepción Burgo, portavoz de Cultura del grupo socialista en la Cámara e impulsora de la petición para que los diputados “conozcan de buena tinta la situación” de un Pazo en el que la familia del dictador continúa poniendo obstáculos para su acceso.
Desde la Consellería de Cultura aclaran que su labor es garantizar “que el BIC permanezca abierto al público según lo indicado por la Ley del Patrimonio Cultural”, pero también que, en el caso de confirmarse la visita de los representantes de la Cámara, no pondrá “ningún impedimento” por ser “una cuestión que se debate en el ámbito parlamentario”.
El Ayuntamiento de Sada, la oposición, la Xunta e incluso el PP han perdido ya la paciencia ante el último incidente, que surgió al comprobar las personas interesadas en visitar este Bien de Interés Cultural (BIC) la inutilidad de las llamadas al teléfono que se ofrece en la web de Turismo de la Xunta. Ahora, el número ni tan siquiera está disponible en la página. Ni el correo electrónico, al que hace tan sólo unas semanas contestaba la empresa privada que los Franco contratan para gestionar las visitas: tarde y únicamente indicando los días disponibles. Ha sido la última de las polémicas.
La Xunta, tal y como confirma la Consellería de Cultura, acaba de abrir un expediente de sanción a los Franco “para que se reestablezca el régimen de visitas”. Antes, la Dirección Xeral de Patrimonio daba unas semanas de plazo a la familia del dictador para que cumpliese con la ley y le advertía de las medidas previstas. La Ley de Patrimonio prevé multas de entre 300 y 6.000 euros por impedir la entrada a un BIC. El vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha asegurado que, de confirmarse el veto, habrá multa. “Veremos el resultado del expediente; si se está incumpliendo debería haber sanción”, dijo.
Concepción Burgo, impulsora de la solicitud para visitar el Pazo, insta a que se dé “una solución definitiva” a los problemas que habitualmente afrontan las autoridades públicas ante el veto de los Franco a las visitas. “La Xunta debe tratar con el mismo rasero a todos los dueños de BIC”, advierte, y recuerda que “ya costó mucho que aceptasen abrir Meirás a las visitas”. “Hubo que ir a los tribunales, al Valedor do Pobo... Pero en cuanto tienen la mínima posibilidad, emplean cualquier resquicio legal para poner obstáculos”, dice. “Hay que obligarles a cumplir la ley porque ya la están cumpliendo con el mínimo de lo mínimo, tanto en los días previstos como en las estancias que permiten mostrar”, añade.
Burgo insiste, antes de nada, en “regularizar” la actual situación y garantizar el “cumplimiento de la ley”, pero asume que hay que “abordar” el futuro del Pazo de Meirás y su posible reversión pública. “Claro que se debe abordar, pero no sólo desde las intenciones sino desde el análisis de las posibilidades legales que hay”, insiste.
Ahí es donde el alcalde de Sada, Benito Portela, apunta. “El régimen de visitas es insuficiente y es necesario ampliarlo, pero el objetivo es cambiar la Ley de Memoria Histórica para devolverlo a la ciudadanía”, ha dicho en Radio Galicia. Se refiere a la iniciativa presentada en el Parlamento por En Marea para elevar luego al Congreso de los Diputados en la que se exige la modificación de la ley y permitir al Estado hacerse en propiedad con el Pazo de Meirás sin tener que pagarle un duro a la familia del dictador en concepto de expropiación. El PPdeG tiene en su mano impulsar esta devolución gratuita del inmueble.
