Un empresario investigado por cohecho envió a Feijóo 2.300 euros en vinos de lujo
El empresario lucense Raúl López, propietario del grupo Monbus, que controla más de la mitad de las rutas de autobús de España, envió durante la última década botellas de vino de alta gama y otros regalos por Navidad a más de un centenar de políticos de diversos partidos y con un punto en común: estar relacionados con Administraciones de todo el Estado que contrataban a sus empresas de transporte. Entre ellos figura el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el exministro socialista José Blanco. Muchos de los agasajados rechazaron los regalos cuando las empresas de mensajería se los fueron a entregar o los devolvieron poco después, otros los recibieron y en algunos no consta el destino final del obsequio.
Así lo plasmaron agentes de Vigilancia Aduanera en un informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, entregado el pasado abril a la jueza de Lugo Pilar de Lara, que instruye el caso Cóndor, en el que investiga a López por supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales, además de tráfico de influencias y el propio cohecho. La magistrada ya ha elevado exposiciones razonadas al respecto al menos ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por afectar los listados a algunos políticos aforados de ámbito autonómico y estatal sin que por el momento haya habido decisión sobre su admisión a trámite.
Según los agentes, entre 2006 y marzo de 2015, cuando fue detenido en el marco de la operación Cóndor, Raúl López encargó numerosos regalos a dos distribuidoras de bebidas, una de ropa y complementos y dos bodegas por importes que suman cerca de medio millón de euros. La media de 50.000 euros en regalos al año se vio superada especialmente en 2010 y 2011, mientras que decayó en los años iniciales y finales del período investigado. La mayoría de los obsequios eran botellas de vino de alta gama que López hacía llegar a través de empresas de mensajería no a los puestos de trabajo de los políticos y técnicos, sino a sus domicilios particulares, donde a priori resultan de más difícil aplicación los códigos éticos de partidos y Administraciones o incluso las cautelas al respecto de cada uno de los agasajados.
Los lotes de regalos presentaban una graduación según la importancia otorgada a cada político por el empresario quien, siempre según la investigación, llevaba personalmente el control de los encargos. De este modo, por ejemplo, en 2011 el denominado “Lote VIP” contratado por López con una de las distribuidoras de bebidas estaba compuesto por cuatro botellas de Vega Sicilia Único y otras cuatro de Alión valoradas en un total de 878,16 euros. Ese mismo año el lote de segunda categoría, denominado “Lote muy bueno”, estaba formado por tres botellas de Vega Sicilia Único valoradas en un total de 517,55 euros. Los investigadores reflejan también un denominado “Lote gallego” formado por doce botellas de vinos gallegos valoradas en 226,36 euros.
El informe de Vigilancia Aduanera recoge los nombres y cargos de más de un centenar de políticos y algunos técnicos y militares relacionados con administraciones que contrataban con Monbus a los que Raúl López remitió los regalos. Muchos de esos cargos no se dejaban agasajar y devolvían los regalos, pero el informe de Vigilancia Aduanera, como viene ocurriendo en muchas de sus investigaciones para la jueza Pilar de Lara -que suele emplear este cuerpo como policía judicial-, no es sistemático, no refleja el destino final de todos los regalos y ni siquiera certifica en todos los casos que llegaran a los destinatarios, sólo que López tenía intención de enviarlos.
En muchas ocasiones no se indica quién recogió el paquete, mientras que en otros casos sólo se indica que este fue recogido por algún familiar o asistente doméstico y no hay constancia de si le llegó finalmente al político al que iba destinado. Además, hay algún caso en el que el político devolvió el regalo días después de recibirlo y se aprecian, además, errores en referencias a algunas de las direcciones. Igualmente, en otros tramos del informe figuran nombres de políticos señalados por López encontrados en los registros que no aparecen en el listado de agasajados elaborado por Vigilancia Aduanera.
Gobernantes de signo diverso
Los listados de destinatarios de regalos anexos al informe de Vigilancia Aduanera recogen nombres de políticos de signo diverso que, según la documentación, entraban entre los objetivos de los regalos de López al ejercer ellos o sus partidos responsabilidades de gobierno. Entre los nombres más significativos del listado de Vigilancia Aduanera figuran el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el exministro de Fomento José Blanco, pero también altos cargos del anterior gobierno bipartito de la Xunta, así como antiguos miembros del Parlamento de Galicia y exediles de corporaciones municipales como Santiago y Lugo, tanto de sus gobiernos como de la oposición dentro del período investigado, que alcanza a tres mandatos municipales y otras tantas legislaturas autonómicas.
En el caso de Blanco, los agentes identifican seis envíos de regalos por parte de Raúl López entre los años 2008 y 2013, de los cuales sólo tienen constancia de que fueran efectivamente entregados en su domicilio particular los de los años 2010 a 2012, valorados entre 684 y 858 euros. Sin embargo, el informe refleja que Blanco devolvió al menos el de 2012. López también hizo envíos similares al domicilio particular de Feijóo esos mismos seis años, por importes que oscilaron entre 517 y 670 euros. El informe refleja que los seis envíos fueron entregados, pero en tres de ellos no figura el nombre del supuesto receptor y los otros tres fueron recogidos por dos familiares del presidente gallego y una tercera persona.
Contactado por este diario, Blanco no ha querido hacer declaraciones. Desde el equipo de Feijóo se ha señalado que no pueden corroborar la recepción o no de esos regalos argumentando que carecen de comunicación oficial sobre la investigación judicial. También señalan que, de haberse recibido, se encuadrarían bajo el concepto de cortesía protocolaria o institucional, pero no entran a valorar su importe ni el hecho de ser enviados al domicilio particular. El Gobierno gallego destaca que para evitar estas situaciones es por lo que aprobó en 2014 un código ético que limita a un valor de 90 euros los regalos que pueden recibir sus cargos y trabajadores dentro de lo considerado como “usos habituales y costumbres sociales de cortesía”, obligando a devolver o comunicar los que superen dicho importe.
Uno de los políticos agasajados asegura que mantiene amistad con López desde hace varias décadas y que ya le hacía regalos por Navidad mucho antes de conseguir ningún cargo político. En otro de los casos el regalo de Raúl López llegó al destinatario y este, según ha podido confirmar este diario, lo entregó como donación a una entidad social de Santiago. Estos consultados recuerdan que hasta los casos de corrupción vinculados a regalos a políticos de los últimos años era habitual que cargos públicos admitieran regalos.
Lo que permite comprobar el informe es que, con independencia de que los políticos devolviesen o no los regalos, en los años siguientes López insistió en seguírselos enviando, de modo que el listado de agasajados crece de manera acumulativa hasta 2013 con nuevos nombres que se incorporan a los preexistentes de años anteriores. Así, por ejemplo, tras el cambio de gobierno en Galicia en 2009 desaparecen de los listados de regalos algunos de los gobernantes salientes y aparecen nuevos cargos. Además, en los listados más recientes proliferan, junto a los gallegos, cargos políticos y técnicos de Madrid y Catalunya.
Aunque no establecen relación alguna entre regalos y adjudicaciones, los agentes de Vigilancia Aduanera detallan en su informe los contratos firmados con las empresas del grupo Monbus por las diversas administraciones a las que estaban vinculados los políticos y técnicos a los que López intentaba remitir obsequios. Según el listado, el Ministerio de Fomento y las diversas entidades de él dependientes contrataron con Monbus por 71 millones de euros entre 2008 y 2014, el resto de la administración central del Estado (en particular el Ministerio de Defensa) lo hizo por 28,8 millones, la Xunta por 23,7 millones entre 2005 y 2014, la Comunidad de Madrid por 10,1 millones, la Generalitat y otras administraciones de Cataluña por 4,6 millones entre 2006 y 2014, la Junta de Castilla-La Mancha por 3,7 millones entre 2008 y 2014 y la Comunitat Valenciana por 0,8 millones entre 2010 y 2012.
