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Las víctimas del Alvia piden un nuevo análisis técnico y la dimisión de los investigadores actuales

Carta de víctimas del Alvia a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de Fomento

David Reinero

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en Santiago, del que el próximo lunes se cumplen cuatro años, ha entregado este miércoles una carta en el Ministerio de Fomento dirigida a su Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), a la que reclama la dimisión de sus miembros actuales y la realización de una nueva investigación independiente del siniestro. La petición de una nueva investigación técnica independiente es una de las tres patas de las reivindicaciones de las víctimas, junto con la que consideran la principal que es la profundización de la investigación judicial (en la que ha sido imputado un cargo de Adif) y la reclamación de una investigación política en el Congreso de los Diputados (ahora con posibilidades de salir adelante al quedarse sólo el PP tras el reciente cambio de postura del PSOE, que venía negándose).

Un año después del accidente, la CIAF emitió su informe sobre el mismo atribuyendo el siniestro exclusivamente al despiste del maquinista, que no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois tras recibir una llamada del interventor del tren y no estar activo ningún sistema de seguridad que evitase o paliase su error humano. Una investigación técnica que influyó inicialmente en la investigación judicial que sigue en marcha. Sin embargo, hace un año la Agencia Ferroviaria Europea emitió un informe en el que ratificaba la falta de independencia de la CIAF, cuyos miembros eran nombrados por el Ministerio de Fomento, y censuraba que no había analizado otras posibles carencias de seguridad más allá del maquinista, lo que llevó al Parlamento Europeo y a la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, a reclamar a España una nueva investigación técnica independiente.

El Gobierno cambió el sistema de nombramiento de la CIAF para que ahora sea el Congreso el que valide los nombres que le propone Fomento, algo que para la UE ya garantiza su independencia. Con ese cambio, el Gobierno dice que ahora no puede pedirle a un órgano independiente como a su juicio es ya la CIAF que realice una nueva investigación, sino que debe ser ésta la que lo decida voluntariamente, algo a lo que no está dispuesta.

Con ese nuevo procedimiento, el pasado marzo PP, Ciudadanos y PNV validaron el nombramiento como nuevo presidente de la CIAF de Fernando Montes Ponce de León, que ya venía siendo vocal en la comisión, con la abstención del PSOE y el voto en contra del grupo de Unidos Podemos-En Marea. En esa comparecencia ante la Cámara, Montes dijo que no veía necesario reabrir la investigación e insistió en la responsabilidad del maquinista. Ahora las víctimas rebaten sus argumentos.

En la carta que le han remitido, las víctimas enumeran diversos incumplimientos por parte de la CIAF de la normativa europea sobre investigaciones de siniestros, como su falta de independencia, la presencia en la misma de miembros de partes interesadas como ADIF o Renfe o que no les dio voz a los afectados. “Usted y sus colegas desconocen la normativa, no son independientes y sirven a otro tipo de intereses, cosa que no sorprende al ser el Ministerio de Fomento quien los nombra”.

Las víctimas recuerdan en su carta que en su comparecencia en el Congreso Montes dijo que hay quienes “le aconsejan que se debe cuidar y que a estas edades uno empieza a hacer historia más que futuro”. Para los afectados “resulta preocupante estas declaraciones cuando tenemos por delante el desafío de la seguridad ferroviaria en España y la oportunidad de reabrir la investigación del accidente ferroviario más grave de las últimas décadas”. Por eso, las víctimas finalizan la misiva pidiéndole al presidente de la CIAF: “Sr. Montes, cuídese, pero por favor, usted y sus colegas dimitan y dejen que otras personas independientes y con más conocimientos se encarguen de investigar los accidentes para que así se ayude verdaderamente a mejorar la seguridad de los ciudadanos”.

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