Dos montes vecinales gallegos, reconocidos por la ONU como ejemplo de conservación y gestión participada
En 1928, a través del pago de 6.049 pesetas, los habitantes de Froxán (Lousame) se hicieron con la propiedad de las 100 hectáreas de monte sometidas al sistema de foros hasta ese momento. De la extensión y límites de ese monte, que a partir diera momento pasaba a ser comunal y vecinal, había registros ya desde el siglo XV. A pesar de la compra, el Estado no respetó el carácter comunal de estos terrenos, realizando en las décadas siguientes concesiones mineras o decidiendo determinadas explotaciones forestales. No fue hasta 1977 que los derechos de la Comunidad de Montes fueron reconocidos legalmente, después de que en abril de 1975, los comuneros se lo reclamaran al Gobernador Civil a través de un escrito firmado por todos. Desde entonces la Comunidad ha venido gestionando el monte, garantizando su conservación y uso sostenible, y trabajando en la recuperación de los espacios degradados por la minería o en la limitación de la extensión del eucalipto y de la acacia, sustituidas por castaños o robles. Asimismo, se potenció el conocimiento del entorno a través de un Aula de la Naturaleza por la que pasan cientos de escolares.
La historia de los montes de Froxán es semejante a la vivida en otras comunidades gallegas, donde el trabajo de los vecinos ha permitido nos últimos años la conservación del medio y su aprovechamiento multifuncional, con una gestión democrática y participativa. El registro ICCA, elaborado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente acaba de incorporar a la comunidad de montes de Froxán y la comunidad de montes de Santiago do Covelo, convirtiéndose en los primeros espacios del Estado en una lista que sirve como reconocimiento de ejemplos positivos de gestión comunal del territorio por parte de sus habitantes. En este grupo figuran lugares de todo el planeta, pero solo cuatro en Europa: uno en el Reino Unido y otro en Finlandia, además de los dos gallegos.
En el monte de Santiago do Covelo se ha llevado a cabo en los últimos años un trabajo semejante de control de las especies invasoras. Por ejemplo, se suprimió la única parcela que contenía eucaliptos (de 5 hectáreas) que fueron subsituídos por abedules, siguiendo una política de “eucalipto cero”. De igual manera, se puso en valor el patrimonio histórico contenido en el espacio, llevando a cabo la catalogación de mámoas, petroglifos, un castro o un asentamiento romano, y fomentando la realización de rutas de senderismo y otras actividades.
El vigués Sergio Couto, miembro de Iniciativa Comunales (organización de ámbito estatal que agrupa a entidades que gestionan espacios comunales y que funciona como nexo con el registro ICCA, de ámbito mundial), explica que para que un espacio figure en este registro debe cumplir tres condiciones: que esté vinculado a una comunidad local definida; que esta comunidad tenga un sistema propio de gobernanza y de toma de decisiones; y que, finalmente, este sistema dé resultados positivos a nivel de conservación de la naturaleza.
“A partir de los años 80 comenzó a desarrollarse el sistema de áreas protegidas, promovido por las administraciones públicas. Cuando esto fue avanzando, se vio que había una parte muy importante de la conservación de la naturaleza que las comunidades vinculadas al medio y al territorio llevaban haciendo toda la vida y que cuando estas comunidades tienen un sistema de gobernanza y de toma de decisiones propia, los resultados de esta labor de conservación suelen ser mejores que los de las áreas protegidas formales”, destaca. “Este proceso está relacionado con el auge a nivel global del reconocimiento de la labor que están haciendo las comunidades indígenas en todo el planeta y otras comunidades locales”, dice.
“Aquí en España a veces hay una visión negativa de la gente del rural, acusándola de quemar los montes o de maltratar animales. Iniciativas como esta intentan contrarrestar esto, destacando el buen hacer de las comunidades locales”, señala. “Estas comunidades tienen unos valores sociales, ambientales y económicos muy importantes. Además de la conservación de la naturaleza incluyen otros valores positivos: de integración social, de democracia directa, de mantener la población en zonas desfavorecidas y espacios rurales. Son una herramienta muy importante, por lo tanto para resolver muchos de los problemas que tenemos actualmente”, subraya.
Además del vínculo de la comunidad con la tierra y de los buenos resultados medioambientales, se valora la existencia en las comunidades de montes de un sistema equitativo y participado de toma de decisiones, de la participación y de la práctica democrática. “En las áreas protegidas por la administración cada vez se participa más, pero no siempre fue así históricamente y en ocasiones se crearon simplemente desde arriba, de forma impuesta, sin tener en cuenta A las comunidades vinculadas con el territorio”, comenta.
La incorporación al registro
El Registro ICCA es un reconocimiento simbólico del buen hacer de estas comunidades y de su importancia medioambiental y social. No tiene implicaciones prácticas directas, ya que España no tiene de momento una legislación que contemple una protección específica para los espacios registrados por la ICCA, como sí existe en otros países. Sin embargo, señala Sergio Couto, el hecho de que estos espacios alcancen esta distinción internacional puede ser al fin y aL cabo “la diferencia entre que pase o no una autovía por enciam o que hagan o no una mina a cielo abierto”.
La Iniciativa Comunales está formada por juntas de pastos, sociedades de caza, cofradías de pesca y marisqueo, comunidades de montes..., cualquier tipo de comunidad que gestiona de forma colectiva y comunal recursos naturales. En el caso del Registro ICCA, la decisión sobre su inclusión se hace a través de una revisión por pares, al igual que en las publicaciones científicas. “Cada vez que una comunidad solicita el registro en la ICCA, nosotros le solicitamos a dos evaluadores del mismo ámbito (en este caso, por ejemplo, comuneros de otra comunidad de montes) que elaboren un informe, que permite adoptar una decisión consensuada entre las restantes comunidades que están en el registro”, explica Couto.
