Rato pide la “suspensión temporal” de su militancia en el PP por las tarjetas 'black'
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha remitido una carta a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la que le solicita su suspensión temporal de militancia en el partido y se muestra dispuesto a dar todas las explicaciones necesarias sobre las tarjetas opacas. En la misiva, a la que ha tenido acceso Efe, Rato pide dicha suspensión temporal “hasta que todos estos hechos queden esclarecidos”.
Junto a la petición de suspensión de militancia, de la que el PP ha informado a última hora de este lunes, Rato insiste en su inocencia y pide tiempo para defenderse ante la Comisión de Derechos y Garantías. Aún está pendiente su declaración ante este órgano disciplinario que preside Alfonso Fernández Mañueco y que ha nombrado como instructor del caso a Francisco Molinero.
En su carta a los responsables de Génova, el que fuera vicepresidente del Gobierno de Aznar subraya su “firme convicción” de haber actuado “siempre dentro de la legalidad” y “en el convencimiento” de que las tarjetas 'black' de las que disfrutaron tanto él como el resto de los consejeros y directivos de CajaMadrid y Bankia eran “emitidas, conocidas y controladas por la entidad”.
Rato ha asegurado que dichas tarjetas eran para “uso personal” y “formaban parte” de su salario, por lo que defiende que las tarjetas no eran “opacas” sino que las entidades declararon por ellas a Hacienda y fueron “contabilizadas”.
A pesar de este movimiento de última hora de Rato, el instructor del expediente, Francisco Molinero, debe tomarle aún declaración junto a los otros 12 afiliados del PP que también dispusieron de una tarjeta de crédito similar. Génova ha postergado cualquier penalización hasta ahora y ha tenido cuidado en respetar escrupulosamente los estatutos internos.
Según ha asegurado este lunes la secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, el escándalo de las tarjetas les provoca “indignación”, pero descartan cualquier castigo “hasta que los responsables se expliquen”.
A partir de la apertura del expediente informativo, formalizado la semana pasada, el Comité de Derechos y Garantías tiene un plazo de dos meses para tomar una decisión, aunque el tiempo puede prorrogarse durante un mes más, según indican sus estatutos internos.
