El follón burocrático y legislativo que Tesla encontrará en España

Este año se han registrado en nuestro país 42 instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica fotovoltaica42 instalaciones de autoconsumo de menos de 10 kilovatios, categoría en la que se encuadran las domésticas. Es el número que figura en el directorio público del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero “la mayoría no están inscritas”, asegura a HojaDeRouter.com Daniel Pérez, abogado experto en energías renovables y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Aunque desde el Ejecutivo se empeñen en negar que existan trabas a la instalación de placas solares, “si no fuera así, se habrían registrado cientos con las horas de sol que tiene España”, razona el jurista. Las restrictivas condiciones impuestas por el real decreto sobre autoconsumo vigente, aprobado en octubre del año pasado por el Gobierno del Partido Popular, frenan en gran medida el crecimiento de la cifra de registros.

La situación, que echa para atrás a muchos usuarios, no ha logrado disuadir a los de Elon Musk. “Está previsto que las baterías domésticas de Tesla comiencen a llegar a España en el primer trimestre del 2017”, asegura Juan de Dios Bornay, director comercial de la firma que lleva su apellido. Esta distribuidora energética es la primera y de momento única empresa española que ha logrado aliarse con la estadounidense para vender e instalar sus Powerwall 2 el próximo año. Los elementos de acumulación de Tesla vienen acompañados de paneles solares.

Actualmente, “los procesos de legalización de las instalaciones fotovoltaicas no se llegan a cumplir en la mayoría de las casos o se quedan estancados”, critica Bornay. España “va a contracorriente” en materia de autoconsumo, pero es algo que “más pronto que tarde va a tener que cambiar”. Y no se equivoca: por suerte para Musk y sus socios, el panorama tiene visos de mejorar.

Cambios tras las elecciones

La práctica totalidad de formaciones en el Congreso, a excepción del Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, se aliaban en febrero para promover una revisión y modificación de la norma con el objetivo de impulsar el autoconsumo en nuestro país. Se comprometían a derogar los puntos más polémicos del real decreto si alguna llegaba a gobernar en la actual legislatura. No han ganado las últimas elecciones, pero tampoco el actual Gobierno las tiene todas consigo: el grupo liderado por Mariano Rajoy vuelve a sostener la batuta, pero esta vez dirige la orquesta en minoría, así que “tendrá que negociar, dialogar, ceder y alcanzar acuerdos para poder regular en el sector energético”, explica Pérez.

A día de hoy, el texto de la propuesta legislativa para cambiar la norma sobre autoconsumo “está consensuado y pendiente de ser debatido en el Pleno del Congreso para decidir si se tramita”, informa el abogado. Si el documento supera este primer escalón, “tanto el Congreso como el Senado tendrían que aprobar el texto, pudiéndose realizar enmiendas”, indica el jurista.

La unanimidad de todos los grupos que la respaldaron ya sería suficiente para que la propuesta saliera adelante, aunque “resta por ver si cumplen sus promesas”, advierte el jurista. Pese a que el Partido Popular tiene la mayoría absoluta en el Senado, una negativa por su parte solo retrasaría el proceso: “El veto puede ser luego levantado en el Congreso”, aclara Pérez.

Aparte de la oposición política, la norma arrastra 194.000 firmas ciudadanas en contra y varios recursos. Entre ellos, el interpuesto por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, admitido a trámite por el Tribunal Supremo en enero, y el impulsado por doce asociaciones y consumidores, admitido a trámite en febrero de este año, ambos todavía pendientes de resolución. “Lo lógico es que la normativa acabe cayendo, ya sea por vía política o por vía judicial”, señala Pérez.

Y mientras España vive en la incertidumbre, la Comisión Europea apuesta por seguir avanzando. Acaba de presentar la iniciativa ‘Clean Energy for All Europeans’‘Clean Energy for All Europeans’, un paquete de medidas para impulsar la transición hacia las energías renovables y regular el mercado eléctrico, entre las que se incluye una propuesta de directiva para fomentar el autoconsumo. El documento indica que “consumidores o comunidades de consumidores tendrán derecho a producir, almacenar o vender su propia electricidad” y respalda el autoconsumo compartido entre hogares. Las disposiciones chocan frontalmente con el real decreto español, que no permite cobrar los excedentes de energía vertidos a la red ni la gestión colaborativa de una instalación.

Una vez aprobada, la nueva directiva entrará en vigor en 2021 y los países miembros tendrán un cierto plazo (lo habitual son dos años) para trasponerla en forma de ley nacional. Así, en el caso de que la norma española sobreviviera hasta entonces, “gran parte del real decreto quedaría automáticamente invalidado y debería ser modificado”, asegura Pérez.

Panorma actual: la prueba del laberinto

Hoy en día, además de cumplir con ciertos requisitos técnicos (como tener un segundo contador para registrar la energía producida), los proyectos de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo deben pasar un arduo proceso burocrático antes de ejecutarse.

Por un lado, necesitan una licencia urbanística municipal. Las exigencias dependen de la envergadura y el tipo de la instalación y de los requerimientos de la administración local. Cada ayuntamiento “puede pedir una cosa diferente: solicitar solo un aviso o incluso considerar que en algunos casos no hace falta legalizar el sistema”, pero generalmente hay que pasar por algún tipo de “gestión municipal”.

Por otro lado, antes de formalizar su registro administrativo, deben solicitar una autorización a la distribuidora eléctrica, propietaria de la red (de los cables y el contador). Aquí no caben excepciones: el paso es obligatorio, por muy pequeña que sea la instalación e incluso aunque no vierta su excedente a la red. Este “es el trámite más complejo, el que de verdad retrasa la instalación y, a la vez, el que menos sentido tiene”, critica Pérez. Mientras que los ciudadanos pueden elegir la empresa comercializadora (la que emite las facturas), la distribución de la energía eléctrica es un monopolio en cada región.

“Las grandes compañías eléctricas controlan el 99 % de la distribución y no son precisamente favorables al autoconsumo”, advierte el abogado. Según Pérez, ante las solicitudes de pequeños instaladores, estos gigantes “comienzan a poner objeciones y pedir requisitos, algunos con soporte legal y otros no tanto, y el solicitante a veces nos sabe qué hacer ante esas exigencias”. A esto hay que sumarle la complejidad de los formularios: “Normalmente la persona que pone una instalación en casa no tiene capacidad para rellenarlos salvo que sea del sector”, señala el jurista.

Con el alta inicial de suministro de una vivienda, estas empresas “ya verifican el volumen de energía que contratamos, su viabilidad y que todo funciona correctamente”, explica Pérez. Entonces, ¿por qué evaluar de nuevo el caso cuando van a colocarse paneles solares a pequeña escala, en un hogar? “Mientras no me pase de la potencia contratada, no tiene sentido que vuelvan a estudiar la capacidad de la red”, opina el abogado. “Es absurdo que en otros países puedas comprarte una placa solar en Ikea comprarte una placa solar en Ikeay solo tengas que enchufarla a la corriente y en España necesites todas estas licencias cuando en realidad no existe riesgo para el suministro por su tamaño”, continúa el abogado.

Contraria a todo este embrollo, la propuesta de directiva europea establece que no hace falta esperar al beneplácito de la distribuidora. Bastaría con una notificación. “Las eléctricas no son un poder público, sino un poder económico con unos objetivos determinados”, advierte el jurista.

El caso de las baterías

El actual decreto sobre autoconsumo admite el uso de baterías como las de Tesla. Su instalación junto con placas fotovoltaicas debe cumplir los mismos requisitos que el resto, aunque la norma le dedica algunas condiciones especiales en el terreno económico.

El cargo por autoconsumo eléctrico se divide en dos tasas que constituyen el conocido como 'impuesto al sol': un término fijo, en función de la potencia contratada, y otro variable, basado en la energía consumida respecto a la generada en la propia instalación. Las infraestructuras domésticas (por debajo de los 10 kilovatios) están, en general, exentas de ambos gravámenes, excepto cuando el consumo máximo excede la potencia contratada o tienen baterías. Entonces, “la parte fija se considera de manera diferente” y puede acarrear un sobrecoste para el usuario.

Lo curioso es que de momento ningún autoconsumidor ha sido multado por no haberse inscrito en el registro ministerial y nadie ha pagado el 'impuesto al sol', puesto que el Ejecutivo no ha llegado a desarrollar la normativa necesaria para hacerlo efectivo.

Fuera de nuestras fronteras, la situación es bastante distinta, aunque varía entre países. Tanto en Alemania como en Portugal, las instalaciones de menos de 10 kilovatios no pagan nada. En el segundo, además, la energía excedentaria vertida a la red se retribuye al 90 % del precio de la electricidad en el mercado. En ambos territorios apuestan por el balance neto −como también en más de cuarenta estados de Estados Unidos, Italia o Dinamarca−, es decir, la liberación a la red de la electricidad sobrante y su recuperación en las horas de oscuridad. “La situación respecto al autoconsumo energético está cambiando en todo el mundo, mientras que en España lo hacemos al contrario”, dice Bornay.

Sin embargo, las posiciones políticas, las propuestas de la Comisión Europea e incluso la actitud de las eléctricas −paradójicamente, ofrecen instalaciones fotovoltaicas de su propia cosecha− sugieren un avance en la buena dirección, aunque todavía no sabemos las proporciones de la zancada. ¿Será el desembarco de Tesla el empujón definitivo que el autoconsumo necesita?

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Marufish, Alan Jones, Bernd Sieker, Jacinta Lluch Valero y Jorge Franganillo