El quién es quién de la economía colaborativa en España

Empresas, asociaciones de consumidores, abogados y economistas son algunos de los actores relevantes que han respondido a una reciente encuesta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) para analizar si las leyes que regulan la llamada economía colaborativa están anticuadas, y en ese caso, qué elementos debería incluir una nueva y más adecuada normativa para dos sectores muy concretos: el del transporte urbano e interurbano (en el que han irrumpido servicios como Uber o BlaBlaCar) y el del alojamiento turístico (con nuevos jugadores como Airbnb).

A partir de las respuestas, la CNMC elaborará un informe y una serie de recomendaciones que remitirá al Gobierno, para orientar la labor legislativa en un terreno movedizo donde chocan frontalmente intereses de gremios tradicionales (el del taxi y el de los hoteles, entre otros) y de 'startups' que pretenden sacudir el tablero. ¿Qué voces se impondrán?

Los que llegan...

A mediados del pasado diciembre nacía Sharing España, una asociación de empresas basadas en el consumo colaborativo que buscan hacer ver a legisladores y consumidores la necesidad de un marco regulatorio que les permita competir en igualdad de condiciones con las compañías tradicionales, presentes desde hace bastante tiempo en el mercado.

Hace solo unos días, la organización se reunió con representantes de varios partidos políticos para hablar, precisamente, de las oportunidades que supone el desarrollo de la economía colaborativa en España. Una irrupción de la que están sacando ya partido otros países europeos como Reino Unido.

Según Jose Luís Zimmermann, portavoz de Sharing España, el marco normativo actual no es el idónea para el desarrollo de la economía colaborativa. Si hay que regular, entienden, habrá de ser en beneficio del interés general. “No se puede regular la economía colaborativa en su conjunto, sino que es un tema transversal que afecta a diferentes sectores. En cada uno habrá que tener en cuenta la posibilidad de que aparezcan nuevos agentes, que no se creen barreras de entrada”.

En opinión de Zimmermann, las nuevas compañías que compiten con los negocios tradicionales - como Blablacar, Amovens, Airbnb o HomeAWAY - tratan de esquivar, con mayor o menor éxito, los obstáculos que impiden el avance en nuestro país del consumo colaborativo.

Sin embargo, no todas las empresas colaborativas se encuentran con los mismos impedimentos. De acuerdo con Alejandro Touriño, abogado especialista en nuevas tecnologías y socio director de Ecija, en el mundo de la economía colaborativa nos encontramos empresas que operan y entienden el compartir de forma muy distinta. Esta visión alternativa casi siempre “molesta a alguien”, pero hay matices.

Lo vemos en el sector del transporte. “Tenemos primero lo que tiene que ver con la parte de Uber, que es el más demonizado porque compite agresivamente con el taxi y presta un servicio muy parecido”, explica Touriño. “Después tienes servicios como Cabify, donde los conductores tienen una licencia VTC [parecida a la de taxi], y luego están las empresas de 'carpooling' como Blablacar o Amovens”, que animan a que los usuarios compartan gastos cuando van a realizar un desplazamiento largo.

“El 'carpooling', entendido como el hecho de compartir trayectos en coche, no compite con el taxi”, afirma Diego Hidalgo, fundador y CEO de Amovens. Según su visión, el 'carpooling' sirve para compartir el vehículo en los trayectos largos, “en cuyo caso obviamente no vas a coger un taxi”, o en los trayectos cotidianos, por ejemplo cuando compartes el vehículo con otros compañeros para ir al trabajo.

Hidalgo considera que la actividad que realiza Uber en otros países - en España, desde hace poco, la aplicación Uber Pop está judicialmente suspendida - no es colaborativo. “Es un servicio de chóferes bajo demanda, que sustituye totalmente a lo que es un taxi, en el sentido de que tú tienes un chófer a una determinada hora y que te lleva a cualquier sitio. Este conductor no comparte los gastos contigo, sino que te factura un importe correspondiente al trayecto”, afirma.

Con el 'carpooling', por el contrario, los usuarios de la plataforma no buscan obtener un beneficio económico, sino más bien compartir un gasto. De ahí que el fundador de Amovens considere que no necesita ser regulado: “Mientras no haya una actividad económica, es muy peligroso regular las relaciones entre las personas y los acuerdos a los que llegan para facilitar sus vidas”.

... Y los que ya estaban

Los taxis tampoco ven como un peligro las plataformas de 'carpooling'. “Podemos entender que alguien que se desplaza por motivos personales o de trabajo de una ciudad a otra comparta las plazas vacías a cambio de compartir gastos, pero que realice el trayecto reiteradamente sin justificación aparente y cobrando un precio regular independientemente de los que compartan el coche ya no tiene el mismo sentido”, explica Santiago Fraile, presidente de la Unión Nacional del Taxi (UNALT).

Sus quejas van dirigidas a Uber, que de colaborativo “no tiene nada”. Así se lo hicieron ver a la CNMC en la encuesta, donde pedían a la plataforma que cumpliera la ley a la que se someten ya en España el resto de actores que toman parte en el sector. “Ni licencias, ni impuestos, ni cotizaciones a la seguridad social, ni cumplimiento de requisitos administrativos, ni garantías al consumidor […] Estas son algunas de las razones que inciden en la ilegalidad de Uber”, señalaban en el cuestionario.

Ese requisito, el de cumplir la ley, no solo se lo han trasladado a la CNMC. Según explica Fraile, la asociación ha mantenido reuniones con el Ministerio de Fomento, con responsables de transportes a nivel autonómico, así como con asociaciones de consumidores y partidos políticos. Incluso, afirma, han hecho “que la inspección de transportes actúe contra todo lo irregular”.

El mismo tipo de presión que ha llevado a cabo el 'lobby' hotelero. De acuerdo con Touriño, las asociaciones de hoteles y alojamientos turísticos tradicionales presionan a los legisladores para que adapten las normas y sancionen a las plataformas de consumo colaborativo.

“En cada nicho de actividad donde se empieza a romper parte del negocio tradicional, aparecen los agentes tradicionales que te están diciendo 'oye, no permitas esto porque yo quiero seguir teniendo mi cuota de mercado'”, explica el abogado. “Y tarde o temprano, y hagan lo que hagan, se caerán”.

Las recomendaciones de la CNMC

Sharing España, Amovens, la Unión Nacional del Taxi y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) se cuentan entre los agentes que han participado en la encuesta de la CNMC, aunque el propio organismo debía conocer de antemano, según Touriño, la dirección en la que apuntarían sus recomendaciones.

“Yo estoy convencido de que todo lo que sean licencias administrativas y regulaciones obsoletas tenderá a caer, y de hecho creo que a nivel europeo pronto veremos algún tipo de norma”, indica. Las licencias darán paso a un nuevo marco en el que se establecerán una serie de límites, pero “no sobre la base de que existe una normativa anterior”.

En vez de a regular, la tendencia será más bien a liberalizar. “Lo que habrá que hacer es desregular y permitir que determinadas actividades que a fecha de hoy están en esta situación de alegalidad se abran”, opina el abogado.

Aunque de momento solo sean dos los sectores en los que la CNMC ha puesto el foco, en un futuro podría haber más. Como señala el portavoz de Sharing España, “la economía colaborativa es mucho más amplia de lo que vemos todos los días en medios. No es solo unos pocos servicios como movilidad o alojamiento. También tiene que ver con banca, con industria, con la manera en la que se puede fabricar dentro de entornos colaborativos o la manera en la que se puede investigar”. Una nueva forma de consumir que parece ir más allá de una moda y, por lo tanto, necesitará un marco jurídico a medida.

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