Acabar con la obsolescencia programada: ¿misión imposible?
Diez años de garantía... Hace tiempo, los fabricantes presumían de lo mucho que duraban sus electrodomésticos. ¿Lo recuerdas? Competían sumando años, como si más fuera sinónimo de mejor. Llegó un momento, sin embargo, en que la garantía dejó de protagonizar los anuncios, y ahora los consumidores más veteranos se hartan de repetir la misma cantinela: antes, las cosas duraban más.
Detrás de esas quejas se encuentra la famosa (y dichosa) obsolescencia programada. Un concepto que ha vuelto a acaparar, recientemente, la atención de los medios, después de que Francia aprobara una ley que castiga con multas de hasta 300.000 euros y dos años de cárcel a las empresas que diseñen y fabriquen sus productos para que duren un tiempo predeterminado.
No obstante, la obsolescencia programada va más allá de señalar la fecha en que se extinguirá la vida de un aparato. La falta de piezas de repuesto y la escasa tradición de fabricar con componentes reutilizables forman parte también de los obstáculos que impiden alargar la vida útil de los dispositivos.
Francia ha abierto el camino y encabeza la lucha contra la obsolescencia programada, pero además, desde la Unión Europea, una directiva aprobada hace dos años obliga al resto de países a adaptar su normativa para acabar con esta práctica. ¿Qué hay de España? ¿La trasposición está en camino o es una misión imposible?
Obsolescencia programada, más allá de un simple chip
El pasado octubre, sindicatos y organizaciones medioambientales presentaron ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una serie de propuestas para incluir en el Real Decreto que deberá aprobarse a lo largo de este año (ya hay un proyecto), como dicta la Directiva 2012/19 de la Unión Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAESS).
Entre las propuestas presentadas, destaca la prohibición de la obsolescencia programada y fomentar la reparación de los dispositivos electrónicos, ya que poner trabas al arreglo es otra artimaña que usan las empresas para sentenciar la muerte de un producto. Así lo explica Laura Rubio, portavoz de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), una de las organizaciones que participaron en la elaboración del documento remitido al Gobierno.
“Ya no es sólo el chip [que programa el fin del producto], sino aparatos que no se pueden abrir porque en vez de llevar tornillos, están pegados; o materiales que son de plástico, se rompen, y por tanto es imposible que se puedan reutilizar; o que las casas no suministren el recambio o no fabriquen dicho recambio. Eso convierte un aparato en inutilizable cuando realmente podría alargarse su vida”, afirma Rubio.
También está de acuerdo Óscar Burgos, cofundador de Movimiento Sin Obsolescencia Programada (Movimiento SOP), que señala además como principales responsables de esta práctica a las empresas de sectores tecnológicos tales como la informática, la electrónica de vehículos o la telefonía.
A pesar de que la directiva europea no menciona expresamente el concepto de obsolescencia programada, sí obliga a los estados a animar a las empresas a que fabriquen con componentes reutilizables y “que los productores no impidan, mediante características de diseño específicas o procesos de fabricación específicos, la reutilización”.
Un hábito difícil de superar
“Es cierto que empujados por Europa estamos avanzando poco a poco”, señala Rubio en relación a España. “Por la transposición de la directiva hay una cierta sensibilidad y un ánimo de mejorar, lo que pasa es que, desgraciadamente, hay muchos intereses y 'lobbies' trabajando desde otras direcciones”.
Hace falta “un control a nivel legislativo”, añade Burgos. “A través del Comité Económico y Social Europeo (CESE), un órgano consultivo de la Unión Europea, están empezando a trabajar en una ley a nivel europeo. De momento tenemos dos años de garantía, pero eso no garantiza nada”. Según el cofundador del Movimiento SOP, el Real Decreto debería contemplar mecanismos efectivos para evitar que las empresas recurran a la obsolescencia programada.
Pero Burgos no es optimista y recuerda que luchar contra esta táctica, en todas sus manifestaciones, resulta complicado. Así lo ve también Victor Díaz, ingeniero español que formó parte del Proyecto Ara, que sugiere, además, que a muchos usuarios les cansaría tener el mismo teléfono móvil durante diez años. “A la gente le gusta el cambio, se cansa de tener siempre el mismo dispositivo”.
De acuerdo con el ingeniero, acabar con la obsolescencia programada depende también de la evolución de cada producto, de su incorporación a la vida de las personas, que determina el propio interés de las empresas y el beneficio que pueden obtener. “Llegará un momento en el que sí se pueda crear un dispositivo que no sea tan obsoleto, cuando tengamos ya las necesidades suplidas”. Ha pasado con los ordenadores y acabará sucediendo con los móviles, y con cualquier otra tecnología, a medida que otras nuevas las vayan sustituyendo.
Francia ha sido el primer país en tomar medidas contra la obsolescencia programada, pero no el único en darse cuenta de la importancia de alargar la vida útil de los dispositivos electrónicos. En Alemania, el partido de Los Verdes presentó hace poco un estudio y propuso algunas soluciones, mientras en Bélgica se adoptaba una resolución al respecto en el Senado.
Ya falta poco para ver la reacción del resto de países europeos, incluido el nuestro. Entretanto, los consumidores tendrán que conformarse con saber lo que hay detrás de la fabricación de dispositivos electrónicos y confiar un poco más en las sabias palabras de sus mayores, los compradores más veteranos. Sí, es cierto: antes las cosas duraban más.
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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de JJ Merelo, Steve Rainwater, Guillermo JM, Estitxu Carton y Hisakazu Watanabe
