Un juez obliga a Trump a reactivar el plan migratorio que protege a 800.000 jóvenes de la deportación

Un juez de Estados Unidos ha ordenado este miércoles al presidente Donald Trump que reactive parcialmente el plan migratorio DACA y siga recibiendo solicitudes de jóvenes indocumentados que quieren frenar su deportación, hasta que se hayan resuelto todos los desafíos legales pendientes en diferentes tribunales del país.

El juez William Alsup, de la corte del distrito norte de California, ha emitido este martes su decisión, en la que califica de “arbitraria y caprichosa” la determinación que Trump tomó el pasado septiembre para acabar con DACA y dar al Congreso hasta el 5 de marzo para solucionar la situación de sus beneficiarios.

El plan DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) fue promulgado en 2012 por el entonces presidente del país, Barack Obama, y protegió de la deportación y otorgó un permiso de trabajo temporal a unos 690.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como “soñadores”.

En el fallo emitido este miércoles, el juez Alsup considera que el Gobierno de Trump tiene la obligación de volver a aceptar las solicitudes de renovación a DACA por parte de aquellos individuos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que ahora se están quedando sin protección.

Sin embargo, no pide al Gobierno de Trump que acepte nuevas solicitudes por parte de jóvenes que nunca antes se habían inscrito en el programa DACA.

El magistrado hace esta distinción porque considera que los demandantes, entre los que se encuentra la Universidad de California, han conseguido demostrar que los beneficiarios de DACA, sus familias, escuelas y comunidades sufrirían un “daño irreparable” si la extinción del programa sigue adelante.

Con el fin de evitar ese daño, el juez ha ordenado a Trump mantener parcialmente vivo el programa hasta que haya una solución definitiva en todos los litigios pendientes sobre DACA.

Entre esos casos se encuentra, por ejemplo, la demanda que interpusieron el 11 de septiembre pasado de manera conjunta los estados de California, Maryland, Maine y Minnesota, que albergan en total a 238.000 “soñadores”.

Esos estados alegan que el fin de DACA perturbará la vida de sus habitantes, provocará grandes daños a sus economías y ocasionará pérdidas a sus compañías, universidades y centros de investigación que dan empleo a los jóvenes indocumentados, pues con el fin del programa ya no podrían trabajar legalmente.

La decisión adoptada por el juez Alsup, que fue nombrado para su puesto en 1999 por el presidente Bill Clinton, tiene carácter temporal y es probable que el Ejecutivo interponga un recurso.