Medio millón de haitianos víctimas del cólera que trajo la ONU llevan casi un año esperando respuesta

A mediados de octubre de 2010, cuando Haití comenzaba a recuperarse del terremoto del mes de enero anterior, sobrevino una epidemia de cólera que se calcula ha provocado la muerte de 7.300 personas y medio millón de enfermos. El cólera no se conocía en Haití, a pesar de su deficiente sistema de alcantarillado su ubicación geográfica aislada le había mantenido alejado de esa devastadora enfermedad. Cuando apareció, los médicos haitianos no estaban familiarizados con el protocolo de prevención y tratamiento y entre los sectores más empobrecidos lo interpretaron como una maldición de vudú. Todo ello provocó que las consecuencias fueran tan devastadoras.

El abogado de derechos humanos Mario Joseph inició en noviembre de 2011 una demanda contra la ONU que comenzó en representación de 7.000 víctimas del cólera y ahora son 15.000, entre muertos y enfermos. Y explica la siguiente: “Tras los correspondientes estudios, los expertos de la Organización Mundial de la Salud, los de Estados Unidos y los de Francia llegaron una conclusión unánime: se trataba de un cepa de cólera que procedía del sureste asiático, concretamente de Nepal. La vía de entrada es el contingente de cascos azules procedente de ese país, donde la enfermedad es endémica”.

Como es sabido, desde 2004 Haití está bajo la ocupación de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) tras la intervención militar liderada por Estados Unidos que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide. Uno de los países que ha colaborado con el envío de tropas ha sido Nepal.

En opinión de Joseph, “Haití es doblemente víctima, no sólo del cólera, sino también de una ocupación ilegal por parte de la ONU, puesto que no había ninguna guerra en el país ni representaba ninguna amenaza para la región, ni para Cuba ni para la República Dominicana”.

Las misiones de la ONU como la de Haití firman un acuerdo denominado Status of Force Agreement (SOFA). “Este acuerdo”, señala Mario Joseph, “prevé que los soldados de la ONU tengan una inmunidad penal, pero no civil, por eso cuando hay un daño deben pagar por ello”. El letrado aclara que este daño debe ser reclamado dentro los seis meses siguientes a cuando se produce, entonces se crea una comisión de tres miembros para examinar las consecuencias. Uno de ellos lo elige el Gobierno de Haití, otro las Naciones Unidas y el tercero de común acuerdo. “Ya hace ocho años que las Naciones Unidas están en Haití y no han puesto en marcha esta comisión. Según la información de que dispongo, no se ha creado en ningún país”, afirma Joseph. Y añade: “Hemos presentado la demanda acusando a la ONU de haber introducido el cólera en Haití, la hemos presentado en la oficina del secretario general en Nueva York, y en Haití. El mecanismo establecido por el SOFA no se ha puesto en marcha. No nos dan ninguna justificación. Ellos confunden inmunidad con impunidad. Debemos dejar claro que la inmunidad no es impunidad. El SOFA impide que presentamos un juicio penal contra los soldados de la ONU, pero no una demanda civil. Desde la oficina del secretario general dieron acuse de recibo de la demanda el 29 de diciembre de 2011. Entonces nos dijeron que darían una respuesta en ”un tiempo razonable“. No sabemos qué entienden por tiempo razonable porque ya hace diez meses. Imagina si las Naciones Unidas hubieran llevado el cólera a Estados Unidos, a Francia o a España. Seguro que ya habrían resuelto algún tipo de excusas”.

La demanda solicita cien mil dólares por cada haitiano muerto y cincuenta mil por cada enfermo. Además exigen una compensación al país, no en dinero, sino mediante la creación de una infraestructura para el agua potable. Nada de ello ha sido atendido por las Naciones Unidas. “El cólera se propagó porque en Haití no existe un sistema de suministro de agua potable. Ante la grave situación del país y la destrucción que provocó el terremoto, las Naciones Unidas debían haber controlado sanitariamente a los soldados antes de traerlos, debían haber tomado muchas más precauciones, en especial referente a una enfermedad como el cólera que ya se sabía que es endémica en Nepal. No es una justificación decir que en Haití no había infraestructuras, eso no exime de responsabilidad a la ONU en el deber de controlar el estado de salud del contingente militar”, afirma el abogado. Hoy los nuevos enfermos de cólera ya están siendo bien tratados y no se están produciendo muertes, los enfermos son pocos y en lugares remotos donde no se están aplicando las recomendaciones sanitarias.

“La demanda”, añade el abogado, “pide también que pongan en marcha la comisión porque hay casos de violaciones, robos, pedofilia. Esto es importante porque esta comisión nunca se creo en ningún país y nuestro objetivo es que se cree por primera vez y así siente un justo precedente. Si se crea esta comisión, se pueden plantear indemnizaciones”.

“Los más indignante”, afirma Joseph, “es que los derechos humanos son observados para los países poderosos pero no en los países pobres. Es necesario apuntar hacia esos grandes países que son los responsables en las Naciones Unidas por lo que está pasando en Haití. Ante la tragedia del cólera, además de llevarlo a los tribunales haitianos y de Nueva York pensamos en dirigirnos a la justicia de Nepal, pero los descartamos porque pensamos que los nepalíes son solo otras víctimas como los haitianos. Las Naciones Unidas están dirigidas por cinco países que imponen su orden al resto. Nepal solo es un instrumento que las grandes potencias utilizan para ocupar Haití, es otro Estado víctima como nosotros”.

Mario Joseph trabaja desde hace 16 años como defensor de derechos humanos en Haití. Es director de un despacho de abogados internacionales donde representan y asisten a víctimas de violaciones, especialmente a los más pobres y vulnerables de Haití. Se dirigen tanto a los tribunales de su país como a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Estamos trabajando también en desarrollar grupos de presión dentro de los países poderosos para concienciar sobre el crimen del cólera. En Estados Unidos 64 miembros del Congreso escribieron una carta a su embajadora en las ONU para decirle que había que hacer justicia con Haití, en Inglaterra también hemos encontrado apoyo. El asunto se trató en el examen periódico de derechos humanos de Haití en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el pasado marzo. Muchos países, como Venezuela, Cuba o Pakistán, pidieron entonces una compensación por los casos de cólera. Hasta ahora la UE no se ha pronunciado sobre el tema. Para nosotros sería bueno poder ir a España o a Italia a contar este problema porque hace falta que se conozca”.

Joseph no deja de insistir en la ilegalidad de la ocupación de Haití por los cascos azules. “Mucha gente ha sido asesinada, violada y no pueden obtener justicia, como abogados nos parece escandaloso, porque no pusieron en marcha ningún mecanismo para garantizar la protección de los derechos humanos. Es la inmunidad total, vivimos una discriminación incomprensible”. Otra perversión que señala Joseph es que los países pobres reciben mucha presión por parte de Estados Unidos para enviar tropas a las misiones de la ONU, los países pobres del Tercer Mundo reciben dinero de la ONU cuando envían soldados como cascos azules.

El trabajo de Mario Joseph en Haití es titánico y rodeado de amenazas. Representa a las víctimas de la dictadura de Duvalier, cuyo régimen se caracterizó por el terror y al corrupción, y también defiende a numerosos presos políticos que existen en las cárceles haitianas. El pasado mes de julio Joseph se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir una investigación por la sistemática violación de los derechos humanos en su país. Desde que llegó el Gobierno de Michel Martelly, en mayo de 2011, se han producido amenazas a la prensa, detenciones arbitrarias, incluso se detuvo a un diputado en funciones. Joseph denuncia que “en Haití hay miles de desplazados internos viviendo en campos cuyos derechos fundamentales son violados constantemente”.

Este compromiso le ha hecho víctima de constantes amenazas, tanto telefónicas como pintadas que se pueden observar en la fachada de su despacho. No solo no ha encontrado en el Gobierno ningún apoyo en su petición de indemnización para las víctimas del cólera y para el país, sino que recientemente el ministro de Justicia Jean Renel Sanon, molesto por las actividades de Joseph en defensa de los derechos humanos y en un gesto de clara violación de la independencia judicial, exigió al fiscal que emitiera orden de detención contra el abogado. El acoso ha llegado incluso hasta ordenar el cese el pasado 26 de septiembre del fiscal Jean Renel Sénatus por no atender la orden del ministro. Ello ha generado una campaña de denuncia de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, a la que pertenece Mario Joseph, y una acción urgente de Amnistía Internacional.