Para abortar “cierra los ojos y déjate caer por las escaleras”

Una chica explica ante la cámara cómo planear un supuesto aborto espontáneo. Cómo hacer que parezca un accidente. Son tres vídeos que ya suman más de medio millón de visualizaciones en YouTube y que han encendido una polémica que traspasa las fronteras chilenas, donde se grabaron, y se extiende de forma viral en varios países latinoamericanos.

Este jueves, en el Día Internacional de la Salud de la Mujer, el acceso a un aborto seguro ha vuelto a ser un tema de debate en un continente en el que la interrupción voluntaria del embarazo sólo es legal en Uruguay y Cuba. Son los únicos con una ley de plazos. Los demás tienen distintos grados de restricciones, que van desde permitirlo en caso de violación o de peligro para la vida de la embarazada hasta la prohibición total y absoluta. Es el caso de Chile, que junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y El Vaticano son los seis países del mundo en los que está penalizado el aborto terapéutico.

En el país que gobierna una mujer, Michelle Bachelet, el aborto sigue siendo un delito en cualquier circunstancia. Por eso la organización Miles lanzó hace algunas semanas su controvertida campaña, en la que además de explicar cómo lanzarse escaleras abajo, las mujeres recomiendan dejar caer el cuerpo contra un grifo o ponerse delante de un coche para ser atropelladas. El objetivo: mostrar que la única forma de abortar en Chile es hacerlo accidentalmente.   

“Es una tortura lo que le están haciendo a las mujeres chilenas, por eso hay que ponerse en su lugar para ver la desesperación y sufrimiento”, asegura Claudia Dides, directora de la Corporación Miles, en una entrevista con Efe. “Los vídeos –que ya suman más de medio millón de visitas– no son tutoriales para enseñar a hacer un aborto, son ficción y demuestran la incapacidad que tiene nuestra sociedad para apoyarlas”, afirma.

Esta socióloga forma parte de Corporación Miles, un movimiento ciudadano que nació en 2010 con el objetivo de instalar el debate sobre este tema. Gracias a su trabajo y al de diferentes plataformas el tema formó parte de la última campaña presidencial. La ganadora, Bachelet, se comprometió a la despenalización del aborto terapéutico. Ahora el proyecto de ley se tramita en la Cámara de Diputados, aunque con dificultades. Y la presidenta tiene una agenda política compleja marcada por los casos de corrupción y con varios frentes abiertos.

En cualquier caso, el texto que se discute en el parlamento no se refiere al derecho de la mujer a decidir sino a que la interrupción del embarazo no sea considerada delito en tres supuestos: inviabilidad del feto, riesgo para la vida de la madre y violación.

Y eso es bastante más de lo que existe en otros países de la región. Basta recordar el caso de Beatriz, en El Salvador, que en 2013 saltó a la prensa internacional porque se la obligó a seguir con la gestación a pesar de que los médicos habían determinado que podía morir en el parto debido al lupus y los problemas renales que sufría. Además, su hija padecía anencefalia, una enfermedad incompatible con la vida. Murió cinco horas después de nacer. Su caso cumplía dos de los supuestos de despenalización que se plantean en Chile. Sin embargo, la Corte Suprema salvadoreña se atuvo a la rigidez de su ley.

Pero detrás del caso de Beatriz hay otras miles de historias anónimas que pasan desapercibidas. Claudia Dides pone como ejemplo una mujer a la que han atendido en su asociación. “Tiene 40 años y su feto es inviable. Tiene los órganos fuera y la placenta está cortando y triturando al feto. Ella solicitó ayuda, pero nadie lo ha hecho porque es ilegal. Esto es inhumano”, concluye.

En Paraguay, el reciente caso de una niña de apenas 10 años embarazada a causa de la violación de su padrastro también ha conseguido atraer la atención de los medios, pero no ha horadado ni un poco la determinación de gobiernos y jueces. La pequeña debe continuar con la gestación –lleva ya más de cinco meses– aunque organismos como Amnistía Internacional o incluso la ONU advierten de los peligros que entraña para la menor y de la vulneración de derechos que supone para ella.

Un total de 421 niños y adolescentes fueron víctimas de abusos sexuales en Paraguay en lo que va de 2015, según los datos oficiales del gobierno. Y en 2014 nacieron 684 bebés de madres que tenían entre 10 y 14 años. “A estos partos de niñas en instituciones de salud hay que sumarles los de aquellas que no acuden a los hospitales, o los embarazos que terminan con un aborto”, afirma Rosa Elcarte, responsable de Unicef en Paraguay. Abortos, muchas veces, realizados en condiciones inseguras y que generan complicaciones y hasta la muerte.

Este tipo de situaciones se repiten en gobiernos conservadores como el de Horacio Cartes, pero también en otros de corte progresista como el de Rafael Correa en Ecuador o el de Evo Morales en Bolivia. O el de Ollanta Humala en Perú, que esta semana cerró toda vía legal para despenalizar el aborto en casos de violación sexual, al archivar en el Congreso un proyecto presentado por organizaciones civiles.

Mujeres delincuentes

En 2014 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) –dependiente de Naciones Unidas– instó a los Estados a legalizar el aborto al menos en casos de violación sexual, incesto, riesgo para la vida y/o la salud de la mujer, o malformaciones graves del feto. Y exhortó a los Estados a que eliminen las medidas punitivas previstas para mujeres que se someten a abortos.

“Una mujer o joven que ha sufrido la experiencia traumática de ser violada no debería enfrentarse a la posibilidad de ser encarcelada si decide someterse a un aborto”, observa Amanda Klasing, investigadora sobre derechos de la mujer para la región de América de Human Rights Watch. “Penalizar el aborto para las víctimas de violación no sólo vulnera los derechos de mujeres y jóvenes, sino que además puede poner en riesgo su salud o incluso su vida”, argumenta en un informe.

Los abortos inseguros son la segunda causa de muerte materna en Ecuador: el 18% de los fallecimientos se debe a las complicaciones de una interrupción del embarazo hecha sin las condiciones y la atención sanitaria debidas.

En Argentina, donde el aborto es ilegal salvo riesgo para la salud de la mujer y violación, cada año se practican 500 mil abortos clandestinos. “Y mientras las mujeres con cobertura de salud tienen acceso a los cuidados médicos necesarios, las mujeres de los sectores más desfavorecidos muchas veces mueren a causa de intervenciones mal practicadas”, asegura Mar Lucas Gómez, de Fundación Huésped, una de las asociaciones que apoyan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuyo lema es 'Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir'.

A pesar de que el país cuenta con una ley de matrimonio igualitario y otra de identidad sexual, el tema del aborto no está en la agenda. La presidenta hasta las elecciones de octubre, Cristina Fernández, no duda en declararse “provida” y oponerse a cualquier reforma.

En Ecuador, la Colectiva Salud Mujeres ha publicado su Guía Aborto Seguro, en las que explican las opciones farmacológicas de interrupción de la gestación con misoprostol, un medicamento que puede comprarse con receta, ya que se utiliza también para gastritis y úlceras. En el libro, que puede descargarse gratis de su página web, se explican los procedimientos y los efectos de esta droga. Además, cuentan desde hace seis años con un teléfono de atención para resolver dudas.  

Claudia Dides tiene esperanzas de que la toma de conciencia “que ya ha hecho la sociedad” en Chile se vea reflejada en las leyes. “Me he practicado dos abortos clandestinos y fue porque pensé en mi primer hijo. Decidí que quiero verlo crecer, ojalá ser abuela, y tengo una enfermedad crónica que en cualquier momento me puede matar”, confiesa. “Es una decisión compleja, pero no por ella tienen que tratarnos a las mujeres como delincuentes”.