El conflicto con los mapuches en Argentina se recrudece tras la desaparición de un manifestante
La palabra desparecido tiene un peso particular en Argentina. Quizá porque resume el capítulo más negro y trágico de su historia; en el que una dictadura militar asesinó a miles de personas sin piedad y sin tumbas. Pero ahora, a más de tres décadas de aquel horror, esa palabra vuelve a los titulares de los periódicos. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha instado a las autoridades del país a adoptar “inmediatamente” las “medidas urgentes que sean necesarias para buscar y localizar” a Santiago Maldonado, un hombre de 28 años del que no se sabe nada desde el 1 de agosto, tras un operativo de la gendarmería en un poblado indígena de la Patagonia.
Aquel día, efectivos de esta fuerza militar –que depende del Ministerio de Seguridad– entraron en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, que ocupa un sector de la inmensa Estancia Leleque, propiedad de la familia Benetton. Los mapuches están en conflicto con los Benetton porque reclaman su derecho ancestral sobre parte de esas 900.000 hectáreas de la provincia de Chubut que los italianos compraron en 1991 y en la que crían 100.000 ovejas. Desde 2015 un grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se ha instalado allí en una precaria caseta de vigilancia y un puñado de tiendas de campaña.
La tensión que se vive en el paradisíaco y solitario paraje austral ha ido agravándose con el tiempo, incluyendo cortes de carreteras y el saboteo por parte de los aborígenes al tren turístico La Trochita –que atraviesa las tierras en disputa– y varias incursiones violentas de las fuerzas de seguridad. En enero, una de esas redadas acabó con 14 heridos. Los relatos de lo sucedido aquella mañana son casi idénticos a los del operativo del 1 de agosto: disparos, efectivos que irrumpen a golpes, que tratan con violencia a las mujeres delante de sus hijos, que destrozan y queman todas sus pertenencias.
“Cuando empezó la represión con balas de plomo y balas de goma todos corrimos y cruzamos a nado el río Chubut”, contó a los medios de comunicación Soraya Maicoño, portavoz de esta comunidad mapuche que vive allí sin electricidad y ataja el frío patagónico con fogatas. Fue la última vez que vieron a Maldonado, un artesano bonaerense que vivía en la Patagonia y se había acercado al campamento para mostrar su apoyo a la causa.
Poco antes, las fuerzas de seguridad habían reprimido una marcha en la ciudad de Bariloche por la liberación de Facundo Jones Huala, líder del RAM, detenido por un pedido de extradición de Chile, que lo acusa del incendio de una propiedad, y por el que ha levantado cargos de terrorismo que pueden suponerle hasta 18 años de prisión.
“Hemos planteado un diálogo tanto con Argentina como con Chile, pero no han bajado a dialogar porque defienden los intereses de las grandes empresas y los mapuches somos una molestia para ellos”, ha afirmado esta semana Facundo Jones Huala desde su celda.
No todos los mapuches aprueban el accionar de la RAM, aunque sí defiendan en el derecho a reclamar las tierras de sus antepasados. Algunas comunidades de la zona y descendientes de mapuches se quejan de los actos de violencia y creen que perjudican a los pobladores de la zona y a la causa mapuche.
Ruido político
“No vamos a permitir una república mapuche independiente y autónoma en medio del territorio argentino”, soltó esta semana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras descartar que la gendarmería hubiera detenido o estuviera implicada en la desaparición de Maldonado. Además, se quejó de que los mapuches no dejaran entrar días después a los efectivos y los drones para rastrillar la zona. El Defensor Público de la localidad chubutense de Esquel, Jorge Fernando Machado, matizó la resistencia de los aborígenes. “En esta región hay una relación muy tensa entre las fuerzas de seguridad y la comunidad. Ellos interpretaron que los drones no eran necesarios y que lo que querían hacer eran tareas de inteligencia”.
Por su parte, la familia Maldonado denuncia irregularidades en la investigación, que está a cargo del mismo juez que ordenó el operativo. Afirman que las camionetas de gendarmería fueron lavadas antes de hacer las pericias para averiguar si el artesano había sido introducido en ellas, tal como relatan los testigos. El Gobierno ha ofrecido públicamente una recompensa de 500.000 pesos (unos 24.000 euros) a quien pueda aportar datos sobre el paradero del joven.
El asunto se ha convertido en el centro del debate público en una semana clave para la política argentina: el domingo se votan las primarias que decidirán las listas para las elecciones legislativas de octubre. Esto supone una prueba de fuego para el Gobierno de Mauricio Macri y también la vuelta al ruedo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se presenta a senadora por la provincia de Buenos Aires y es la favorita en las encuestas.
Fernández se sumó vía Twitter al reclamo por la aparición de Maldonado el 6 de agosto.
Un día después, cuando se cumplía una semana de la desaparición, agrupaciones kirchneristas, organizaciones sociales y otros manifestantes participaron de una marcha frente al Congreso de la Nación que acabó con incidentes: un grupo de manifestantes lanzó cócteles molotov contra la policía y agredieron a un cámara de televisión. Representantes de las Madres de Plaza de Mayo también pidieron que se intensificara la búsqueda de Maldonado, y varios organismos de derechos humanos han anunciado otra movilización para el viernes frente a la casa Rosada, a pocas horas de las elecciones.
