La justicia italiana pone en aprietos a Alemania

La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero Europa todavía no ha ajustado cuentas con aquel devastador conflicto. Los turistas de todo el mundo que visitan Berlín normalmente llevan a cabo una peregrinación que comienza en el Reichstag, pasa por delante del Monumento del Holocausto y termina en la Topografía del Terror, el museo que explica la represión del régimen nazi.

La impresión que se llevan es, por lo general, la de un país que ha extraído las lecciones necesarias de su pasado reciente. Y aunque formalmente es así, la historia de la República Federal de Alemania está en realidad repleta de claroscuros. Uno de ellos son las reparaciones de guerra que sus vecinos insistentemente le reclaman desde hace años, como en una reciente noticia que prácticamente ha pasado inadvertida y se lo ha recordado a los lectores en Alemania.

A lo largo de la década de los noventa, los tribunales italianos reclamaron a Alemania el pago de varias reparaciones de guerra. Se trataba, sobre todo, de hacer justicia a las víctimas del trabajo esclavo en la Alemania nazi y a los fallecidos en algunas de las matanzas que la Wehrmacht y las Waffen-SS cometieron en represalia contra los ataques de los partisanos. Las más conocidas son las de las Fosas Ardeatinas en Roma (355 italianos ejecutados), Sant'Anna di Stazzema (al menos 560 muertos, 130 de ellos niños) o Marzabotto (unos 770 muertos, aunque algunos historiadores elevan la cifra a más de un millar), las tres cometidas en 1944.

La crueldad de los soldados alemanes sigue provocando aún hoy escalofríos al leer los testimonios: en Sant'Anna di Stazzema, por ejemplo, asesinaron a un bebé de sólo 20 días y abrieron por la mitad a una embarazada para extraer el feto y ensañarse luego con él. Tras haber quemado los cadáveres y matado todo el ganado –el proceso duró unas tres horas–, los soldados se sentaron tranquilamente a almorzar mientras contemplaban cómo las llamas consumían el pueblo, como si se tratase de un espectáculo.

En julio de 2004, un tribunal militar italiano condenó a cadena perpetua a diez antiguos soldados de las SS que entonces residían en Alemania. Fueron condenados en ausencia, porque Alemania se negó a extraditar a los acusados. En 2012, la fiscalía alemana archivó su propia investigación contra 17 miembros de las SS –ocho de ellos aún con vida–, sin hacer públicos sus nombres. Según el auto de la fiscalía, “pertenecer a una unidad de las Waffen-SS desplegada en Sant'Anna di Stazzema no puede reemplazar la necesidad de probar la culpa individualmente”. El alcalde del pueblo, Michele Silicani, que sobrevivió a la masacre (tenía diez años cuando ocurrió), calificó el veredicto de “escándalo”.

Lejos de aceptar su responsabilidad por estos hechos como sucesora de la Alemania nazi, Alemania recurrió las sentencias en la Corte Penal Internacional (CPI), que a comienzos de 2012 falló a su favor. Según el dictamen del Tribunal de La Haya, el fallo de los tribunales italianos contraviene el principio de inmunidad de los Estados, según el cual no puede responsabilizarse a éstos por los crímenes de guerra cometidos por sus ciudadanos.

La sentencia de la CPI llevó a Italia a aprobar a comienzos de 2013 una ley en este sentido, pero la Corte Constitucional de Italia la suspendió el miércoles 22 al considerarla anticonstitucional, ya que la Constitución italiana garantiza a todos los ciudadanos el derecho a un juicio justo. La decisión del Constitucional italiano fue calificada de “victoria” por uno de los demandantes, Duilio Bergamini, uno de los 180.000 italianos que fue llevado contra su voluntad a Alemania para realizar trabajos forzados.

El presidente de las comunidades judías de Italia, Renzo Gattegna, habló de “decisión histórica”. “Los crímenes de esta magnitud”, declaró, “no tienen ni que prescribir ni que caer en el olvido”. En Alemania, mientras tanto, la diputada de La Izquierda Ulla Jelpke pidió una vez más al Gobierno que pusiese fin a sus maniobras obstruccionistas para negarse a pagar las reparaciones y aceptase su responsabilidad histórica.

De prosperar las demandas, el Gobierno de Angela Merkel podría encontrarse con una cascada de querellas, ya que Grecia podría sumarse a los denunciantes italianos por las matanzas de Kalavryta y Distomo. La decisión de la Corte Constitucional de Italia también podría resucitar la causa de los pueblos herero y nama. A pesar de que Alemania se ha disculpado oficialmente, sigue sin reconocer como genocidio el intento de exterminio de los pueblos herero y nama en sus colonias africanas a comienzos del siglo XX.

Todo esto no implicaría exclusivamente una tacha en el expediente moral de la Alemania de posguerra, pues de fallar en contra de ella, Alemania debería abonar sumas multimillonarias en un momento en que su economía amenaza con estancarse. La estrategia de dilatar temporalmente el pago de las reparaciones, esperando que los demandantes se olviden o se cansen y renuncien, puede durar algún tiempo pero, desde luego, no todo el tiempo.