El Canal de Isabel II subasta al mejor postor un edificio público tras negarse a venderlo al Ayuntamiento de Madrid
Negocios difícilmente comprensibles que tienen su resaca. Canal de Isabel II Gestión subasta este miércoles uno de los restos de la semifallida operación montada por los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González para aliviar las maltrechas arcas de la Comunidad de Madrid a base de vender edificios públicos. El Canal ha adjudicado al mejor postor, la Universidad Rey Juan Carlos, un antiguo hospicio del siglo XIX en la calle del Buen Suceso, 12 tras rechazar la oferta directa del Ayuntamiento de Madrid para hacerse con la propiedad para desarrollarla como dotación pública.
Se lo había quedado después de que el Gobierno regional no obtuviese permiso para destinarlo a uso privado lo que le restaba casi todo el atractivo para los inversores. Pagó 14 millones de euros (más IVA) aunque al anunciar su idea de quitárselo de encima, el Ejecutivo de Aguirre lo tasó en 12. La universidad pagará 16,7 millones.
El plan, llevado a cabo mayormente en tiempos de González, para obtener fondos deshaciéndose del patrimonio de la Comunidad fue un fracaso: apenas obtuvo un tercio de lo presupuestado. 240 de los 742 millones de euros previstos.
Entre los flecos estaba el edificio que se subasta el miércoles. La compra se realizó finalmente en abril de 2015 cuando la empresa estaba dirigida por Salvador Victoria y Adrián Martín, implicados en las operación Púnica y Lezo respectivamente. Victoria era el presidente como mano derecha de Ignacio González (que también fue máximo dirigente del Canal). Martín era director general. De ahí que, ahora, el Canal subraye al ser cuestionado por esta operación que “la antigua dirección de Canal decidió adquirir el citado inmueble para destinarlo a oficinas administrativas, técnicas y comerciales”.
Sin embargo, nunca hizo nada con el edificio que cuenta además con protección como bien singular. Podía justificar el gasto ya que, al ser el Canal una empresa pública, caía dentro de los usos permitidos legalmente: “Servicios de la Administración”.
De hecho, los millones abonados por el hospicio no eran más que, básicamente, un cambio de manos de las cuentas del Canal de Isabel II (con beneficios ese curso de 378 millones de euros) a las del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Pero no se acometieron obras de rehabilitación y reforma imprescindibles para un edifico que lleva vacío y sin uso desde 1999, según los informes municipales.
De hecho, la siguiente dirección del Canal de Isabel II (ahora bajo el mandato de Cristina Cifuentes), asegura que no se hizo nada porque “se están estudiando otras soluciones de espacio más próximas a los centros de trabajo”. Para esto compraron el último día de 2016 otro edificio a la Comunidad de Madrid por siete millones de euros, algo más de año y medio después de gastar los 14 millones en el hospicio de Buen Suceso.
Esta propiedad cayó en manos de la Comunidad de Madrid mediante la compra de una empresa pública llamada Arproma. La idea era colocar allí alguna de las consejerías del Gobierno autonómico. Para eso, Arproma pidió y obtuvo el cambio de uso de suelo de privado a público. Lo consiguió en 2004. La misma empresa solicitó que las obras de rehabilitación fueran declaradas de “especial interés municipal” para beneficiarse de exenciones de impuestos. No lo consiguió, según las actas del Pleno municipal. Y así fueron pasando los años.
Sin recalificación municipal
Antes de la subasta, el Ayuntamiento de Madrid solicitó al Canal que le vendiera el edificio para, explican, “mejorar las dotaciones de esta zona de la ciudad”. Aseguran que estaban dispuestos a pagar los 16 millones de euros del precio de salida. Su petición fue desoída porque, creen en el Canal, se puede sacar más dinero: “Otras administraciones públicas y entidades también han mostrado su interés en el inmueble, por lo que Canal ha optado por llevar a cabo un procedimiento de subasta, cumpliendo con los principios de publicidad y concurrencia”.
En esa subasta, llevada adelante por un intermediario privado, se especifica que, si el comprador prevé utilizar esa propiedad para un uso distinto al actual, es decir, pasarlo de público a privado, deberá entenderse con el Ayuntamiento. El Gobierno local de Manuela Carmena considera que “no resultaría acorde con la actual política municipal autorizar el uso privado de este edificio”.
Así que el periplo de este negocio inmobiliario llegó a la subasta, en busca de la postura más alta. La Universidad Rey Juan Carlos cuyo Consejo de Gobierno aprobó el 27 de octubre acudir a la subasta y la ha ganado por 16,75 millones de euros. ¿Para qué? Un portavoz del centro contesta que “hasta que no se sepa quién gana no lo especificaremos. En todo caso, nos dedicamos a actividades docentes”.
La Rey Juan Carlos está invirtiendo en inmuebles. En esa línea, se compró el antiguo palacete del general franquista Millán Astray por siete millones de euros en 2016. Sin concretar más allá de un escueto “promocionar la imagen de la universidad”, el inmueble vacío acabó siendo ocupado por el grupo ultraderechista Hogar Social Madrid en enero de 2017. Tuvieron que ser desalojados por la policía en marzo pasado.
