La demanda de Carmena contra Botella por la venta de pisos sociales pide que devuelva 127 millones de euros
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este jueves una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra la exalcaldesa Ana Botella, su Junta de Gobierno y el exconsejero de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, Fermín Oslé, “por un posible perjuicio a las arcas municipales” derivado de dos operaciones de venta de viviendas protegidas y garajes patrimonio de la EMVS al fondo buitre Blackstone en 2013.
La acción se enmarca dentro del proceso que ya tiene abierto el Tribunal por este motivo y pretende “exigir responsabilidad contable a las personas que, por su participación en las operaciones, causaron un daño cuantificable e individualizado a los fondos públicos, puesto que las ventas de los inmuebles se realizaron por un precio muy por debajo del que hubiera sido razonable”, explica el Ayuntamiento de Madrid.
El Consistorio cifra el valor de ese daño en 127 millones de euros, resultantes de “la diferencia entre el precio de venta y el valor de mercado”, que, de salir adelante el proceso y terminar en condena, tendrían que reintegrar los señalados por el Ayuntamiento como responsables de las dos operaciones.
Son concretamente la enajenación de 34 viviendas y 2 plazas de garaje a las sociedades Avellanar Inversiones, S.L. y Madrid Town Inversiones por 2.072.246,32 euros en febrero y octubre de 2013; un traspaso que, según el Ayuntamiento, tenía un valor de mercado de más de 4 millones. Y la gran venta de 18 promociones a Fidere también en octubre por 128 millones de euros, una operación que costó casi 121 millones menos de su valor de mercado, según “informes periciales realizados por una sociedad de tasación homologada” e incorporados a la demanda.
Un informe de la Cámara de Cuentas, a cuyas conclusiones remite la demanda, sostiene que “la venta se produjo sin fijar con carácter previo los inmuebles a enajenar”; que cuatro compañías tuvieron “información privilegiada con carácter previo al acuerdo de la venta”; que se fijó “un precio objetivamente inferior al precio que podría obtenerse”; y que se pagaron facturas a una intermediaria cuyo trabajo no era necesario y del que no hay más constancia que “la aparición de las propias facturas”.
La Audiencia Provincial alude a esta información para ordenar reabrir la causa penal abierta –en paralelo al proceso en el Tribunal de Cuentas– a partir de las querellas de la asociación de afectados por la venta y el Partido Socialista de Madrid, a las que está adherido el Ayuntamiento.
