Carmena crea una mesa de trabajo para garantizar que se respetan los derechos humanos en el CIE
El Ayuntamiento de Madrid va a presentar esta mañana su plan de trabajo para garantizar que se respetan los derechos humanos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Ahora Madrid quiere mostrar así su apoyo a la iniciativa del Consistorio de Barcelona, aunque no prevé seguir sus pasos y cerrar el centro.
La alcaldesa será la encargada de hacer la presentación oficial esta mañana, acompañada del tercer teniente de Alcalde, Mauricio Valiente, el delegado del área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero y la delegada del distrito de Carabanchel, Esther Gómez.
El Ayuntamiento dirigido por Ahora Madrid creó el pasado 10 de mayo una mesa de trabajo cuya constitución se dará a conocer hoy en rueda de prensa. En ella están representadas las concejalías de Equidad y de Salud, el director de asesoría jurídica del Consistorio, instituciones como el Defensor del Pueblo, el Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y organizaciones sociales como Entreculturas y Rights International Spain.
Fuentes del Ayuntamiento indican que la mesa está abierta a la participación de otras organizaciones. No se menciona específicamente a los colectivos que piden el cierre de los CIE, que presentaron una propuesta de moción en contra de estos centros de internamiento el pasado verano y que finalmente el Consistorio no registró, como demandaban las plataformas ciudadanas.
La mesa elaborará un documento que sirva de base para su objetivo: garantizar que se cumplen los derechos humanos en el CIE de Aluche. El Consistorio asegura que no puede ir más allá, porque aunque Ahora Madrid prometió trabajar por su cierre, las competencias pertenecen al Ministerio del Interior. Además, no tienen el apoyo del PSOE para esta iniciativa.
Madrid se ha coordinado con Valencia y el Cabildo de Gran Canaria para presentar este lunes sus planes de trabajo sobre los CIE. Las tres ciudades quieren mostrar de esta manera su apoyo a la decisión del Ayuntamiento de Barcelona, que intenta cerrar el CIE de la Zona Franca argumentando una falta de licencia.
Estos ayuntamientos responden así al incremento de la presión por parte de varios colectivos sociales, que les habían reclamado seguir los pasos de la ciudad condal. Consistorios como los de Valencia o Madrid ya indicaron la semana pasada que habían comenzado a explorar las vías para garantizar que se respeten los derechos humanos. En el caso de la capital, la presión era mayor porque se trata de una de las pocas ciudades “del cambio” que no aprobó una moción contra esos centros.
