Cifuentes ve como un “disparate” la querella contra ella por su papel en las Marchas de la Dignidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha calificado de “mundo al revés” la querella presentada contra ella “por un grupo de manifestantes radicales” que participaron en la Marcha de la Dignidad el 22 de marzo de 2014, “un auténtico disparate” que “carece del más mínimo fundamento”.

En declaraciones a Efe, la presidenta ha reaccionado tras saberse que un juez ha pedido a la Asamblea de Madrid que acredite el cargo de Cifuentes antes de decidir si admite a trámite la querella de Marchas de la Dignidad contra ella y responsables policiales por su actuación en los disturbios del 22 de marzo de 2014 en Madrid.

“Según parece (la querella) está basada en una supuesta prevaricación administrativa, es decir, dictar una resolución injusta, por parte de todos los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, incluidos mandos operativos y yo misma como delegada del Gobierno en Madrid, por las medidas que se tomaron ante los violentísimos incidentes ocurridos al final de la manifestación conocida como Marcha de la Dignidad”, afirma Cifuentes.

La hoy presidenta ha recordado que aquel día “un grupo de manifestantes agredió brutalmente a la policía, resultando heridos 67 agentes”, y causaron “enormes daños” a comercios, mobiliario urbano, cajeros y establecimientos del Paseo de Recoletos, con un saldo de 29 detenciones.

“Aún recuerdo la tremenda imagen de un reducido grupo de policías rodeado por los violentos, que les lanzaban piedras, adoquines y trozos del mármol de las terrazas del café Gijón en un auténtico linchamiento, que pudo tener resultados fatales”, afirma.

“Quienes teníamos responsabilidades en aquellos momentos en materia de seguridad ciudadana lo que hicimos fue cumplir la ley para restablecer el orden público y evitar los graves daños físicos y materiales que causaban los violentos”, sigue explicando.

Y lamenta que hoy “quienes cumplimos la ley y velamos por la seguridad de los ciudadanos nos vemos en el punto de mira de los violentos que la vulneraron sin miramientos, y que están tratando de instrumentalizar las leyes y la justicia, como arma de descalificación y manipulación política”. “Es el mundo al revés”.

Cifuentes remarca que el hecho de que se haya pedido a la Asamblea de Madrid certificación de su condición de aforada “forma parte de la lógica tramitación de una querella de este tipo, con carácter previo a su admisión formal, y no tiene ningún significado especial”.

“No es la primera vez que soy objeto de una querella relacionada con el cumplimiento de mis obligaciones como Delegada del Gobierno, formulada con intenciones torticeras; tengo plena confianza en la Justicia, y en esta ocasión, como en otras anteriores, la Justicia pondrá a cada uno en su sitio”, añade.

Y finaliza agradeciendo la labor de la policía aquel 22 de marzo, “poniendo en riesgo su propia seguridad para garantizar la de los ciudadanos”, y expresando su “más absoluto rechazo a los violentos que solo pretenden romper la convivencia democrática, como por desgracia estamos teniendo ocasión de comprobar estos días en Barcelona”.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez de Instrucción número 15 de la capital ha remitido un escrito a la Asamblea para que acredite el cargo de Cifuentes después de que diversas asociaciones hayan presentado, en principios de 2015, una querella contra ella y otras personas derivada de los referidos disturbios cuando la actual presidenta de la Comunidad era delegada del Gobierno en Madrid.

Además de Cifuentes figuran como querellados los directores generales de la Policía, Ignacio Cosidó, y de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y otros ocho responsables policiales.

La querella fue presentada por la actuación policial en el dispositivo desplegado en las marchas de protesta por los “graves problemas que está sufriendo la ciudadanía del Estado español” organizadas ese día en Madrid.

Para los querellantes, se cometieron delitos como la disolución ilegal de una manifestación, violación de derechos cívicos y constitucionales y prevaricación de los funcionarios públicos.