Colectivos de la PAH consiguen las firmas necesarias para que la ILP de vivienda llegue a la Asamblea de Madrid
Los partidos de la Asamblea de Madrid se tendrán que pronunciar sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama una “ley urgente del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid”, impulsada por varios colectivos sociales, después de que hayan recabados los 50.000 apoyos necesarios para que una propuesta de este tipo sea tramitada.
“Actualmente, llevamos más de 53.000 firmas recogidas en dos meses y nuestro objetivo es conseguir 60.000 antes del 22 de mayo, fecha en el que cerramos las peticiones”, explica Alejandra Jacinto, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Los colectivos impulsores buscan superar la cifra mínima por si algunos de los apoyos fuesen invalidados, el 26 de mayo presentarán todos en el Parlamento regional.
A partir de ese momento, los partidos de la mesa “decidirán sobre su admisión a trámite”. “Podemos y PSOE nos plantearon que votarían a favor. Por su parte, Ciudadanos y Partido Popular nos aseguraron que lo tenían que consultar a nivel estatal”, responde Jacinto.
La ILP está promovida por la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Asociación Libre de Abogadas y la Federación de Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Para conseguir recabar las firmas exigidas, sus activistas han impulsado mesas en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.
“Estamos muy ilusionados, aún así no estamos relajados. El 20 va a haber otra recogida fuerte en toda la Comunidad de Madrid y especialmente en los barrios de la capital. Vamos a apurar hasta el final para conseguir el mayor número de firmas”, asegura Enrique Villalobos, portavoz de la FRAVM.
Estas organizaciones quieren que la propuesta llegue a la Cámara con la mayor base social posible para que se convierta en la primera normativa de la región que garantizaría el derecho a la vivienda. “Es muy necesaria porque en la Comunidad no hay una ley de vivienda”, asegura Mercedes Revuelta, portavoz de la PAH.
“No solo hemos recabado firmas, también hemos conseguido el apoyo a la ILP de juntas de distritos municipales, como la del barrio Salamanca, o el de los Ayuntamientos de Valdemoro y Parla”, añade Revuelta. Este texto busca garantizar el acceso a la vivienda pública, combatir la pobreza energética, paralizar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, establecer un proceso de acceso a la vivienda general y de emergencia o elaborar medidas para prevención del uso antisocial de las viviendas.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado hubo en Madrid 6.674 lanzamientos, esta cifra supone un descenso del 7,2% respecto a los 7.194 de 2015. En esta recogida de datos, se tienen en cuenta distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.
Negociaciones con partidos políticos
Una vez que presenten las firmas en la Asamblea, retomarán las negociaciones con los grupos políticos para rediseñar el texto y conseguir de esa forma el mayor número de apoyos parlamentarios posibles. “Los partidos tienen en su mano que se apruebe y tenemos en cuenta que los puntos presentados son negociables”, admite Revuelta.
Aunque sí explica que hay unas medidas mínimas en las que considera que es muy complicado que estos colectivos lleguen a ceder. “La paralización de los desahucios en la Comunidad de Madrid, la prohibición de vender vivienda pública y la cesión de vivienda vacía a los bancos”, reseña que son algunas de ellas.
Las portavoces de la plataforma aseguran que desde que comenzaron a recoger firmar, el pasado 11 de marzo, no han recabado el apoyo solo de colectivos afines. “Esta ILP recoge muchas necesidades de la ciudadanía”, alega Jacinto. “Por ejemplo, retomamos la petición de que se aumente el parque de vivienda pública para que los jóvenes se puedan independizar, como en todos los países de Europa, y no tengan que esperar a los 40 años”, alega Revuelta.
Esta ILP tambien se ocupa de la creación de un régimen de acceso general para el uso a una vivienda pública de alquiler, de los casos de “emergencia habitacional” para que se asigne una vivienda “temporal y gratuita” y proponen la penalización económica de hasta 600.000 euros sobre aquellas viviendas que durante más de seis meses permanezcan vacías.
